Tras la suspensión del alza de las tarifas de las prepagas, la CGT y los empresarios se pusieron en alerta y creen que el Gobierno intentará cambiar el financiamiento del sector

¿La suspensión del aumento de las prepagas es una señal de las reformas que proyecta el kirchnerismo en el sistema de salud? Nadie lo sabe con certeza, pero es la sospecha que tienen los dirigentes de la CGT y empresarios del sector. Al mismo tiempo, unos y otros aseguran no tener idea de algún plan, supuestamente gestado en el Instituto Patria, para “repensar” todo la estructura sanitaria de la Argentina, como afirmó Cristina Kirchner hace quince días, y que apuntaría a replantear su financiamiento para quitarle peso (y pesos) al sector privado, según se teme.

Entre los dirigentes de la cúpula cegetista ardieron los celulares el primer día de 2021 luego de que el Gobierno anunció el incremento del 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga y, poco después, fue dejado sin efecto. Para la central obrera, la Vicepresidenta fue quien tomó la sorpresiva decisión y el temor sindical consiste en la supuesta intención de impulsar cambios en la salud para que el Estado avance sobre el control de las obras sociales.

Inquietudes similares tienen los empresarios del área de la salud. Se quejan de que trabajaron durante todo 2020 a pérdida y destacan que pudieron atravesar el peor momento de la cuarentena gracias a que el Estado pagó el 50% de los sueldos mediante el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción), que desde este año quedará reducido a su mínima expresión en aquellos sectores donde aún no hay indicios de recuperación económica.

Nadie se olvida de que a fines de marzo, cuando comenzó la pandemia, el ministro de Salud, Ginés González García, anunció la virtual estatización del sistema de salud cuando admitió ante el Congreso que se preparaba un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás ante el malestar de las prepagas, clínicas, sanatorios y obras sociales: con esa medida, hubiera tenido la potestad para decidir si derivaban a los infectados por coronavirus al sistema público de salud o al privado. Las cámaras empresariales hablaban de que se trataba de una “expropiación” y alertaban sobre su inconstitucionalidad.

Ahora, la preocupación es que se intente algo parecido o que se apunte a cambiar el financiamiento del sistema de salud en desmedro de las prepagas y de las clínicas y sanatorios privados. Sobre este último punto, la CGT viene charlando con el Gobierno de efectuar cambios que eviten el llamado “descreme” del sistema de salud, como se denomina a la triangulación de aportes que algunas obras sociales chicas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos, lo cual, según los dirigentes gremiales, provoca una fuerte pérdida del “componente solidario” del sistema.

Para los empresarios de la salud, la pandemia provocó una mayor colaboración entre el sector público y el privado: en muchas provincias, por ejemplo, las gobernaciones y los municipios terminaron firmando acuerdos para utilizar hospitales, sanatorios y laboratorios del sector privado. “La integración se dio de hecho, por necesidad”, dijeron.

Aun así, sobre todo en el interior, la crisis originó el cierre de pequeñas y medianas clínicas o sanatorios que no pudieron afrontar los costos para trabajar durante la cuarentena. En Córdoba se calcula que antes se utilizaban efectores del sector privado en unas 500 jurisdicciones de la provincia y hoy las que los usan se redujeron a la mitad.

Al mismo tiempo, otro fenómeno perjudicial para las empresas de salud es que por la caída del empleo formal que se registró durante la cuarentena obligatoria hubo muchos trabajadores que comenzaron a atenderse en los hospitales públicos, lo que ocasionó en algunos casos una sobreoferta de tecnología y de camas en el ámbito privado.

En las obras sociales tampoco cierran los números: el sistema se desfinancia a un ritmo de 1.500 millones de pesos mensuales, lo que provocó que arrastren un déficit de casi 7 mil millones desde enero hasta hoy y que mantengan una estructura con costos dolarizados, desbordada de prestaciones y sin recursos para poder cumplirlas.

La CGT reclama desde marzo alguna solución integral para la crisis de las obras sociales, aunque lo único que ha logrado es que el Gobierno compense mes tras mes la caída de la recaudación en aquellas que sufren más la paralización de la actividad, como los gastronómicos o los aeronáuticos. Alberto Fernández accedió a que se analicen medidas para revertir la desfinanciación, pero aún están en estudio y las obras sociales siguen con sus números en rojo.

“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo Cristina Kirchner el 19 de diciembre pasado. Con esa sola alusión al tema, complementada con la suspensión del aumento de las prepagas, la inquietud se instaló entre empresarios y sindicalistas, aunque ninguno sabe si realmente existe algún plan en el Gobierno o en el Instituto Patria para reformar el sistema de salud.

Algunos sindicalistas creen que es imposible avanzar con cualquier cambio profundo en el andamiaje sanitario en medio de la pandemia y ante la probable segunda ola de COVID-19 en la Argentina. Y menos cuando la atención está puesta en el operativo de vacunación, que no resulta nada sencillo, y con un ministro de Salud cuya imagen quedó debilitada por los traspiés que sufrió desde que vaticinó que no existía ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara al país.

Los dirigentes de la CGT habían acordado que en enero iban a retomar las negociaciones con el Gobierno para avanzar con las propuestas para solucionar la crisis de las obras sociales. Pero se encontraron con un ministro que está dañado políticamente por los vaivenes sobre las vacunas y con su principal interlocutor en estado delicado: el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, se recupera de un infarto por el que fue internado el 31 de diciembre.

Por las dudas, los miembros de la conducción cegetista que están en Buenos Aires (la mayoría se fue de vacaciones) quedaron en contacto permanente para averiguar si efectivamente hay algún paper en el Instituto Patria que apunte a reformar el sistema de salud. Por ahora no hay nada, pero si llegara a aparecer se reunirán de urgencia para analizar qué pasos van a dar. Lo mismo se comprometieron a hacer los empresarios del sector de la salud. Nadie sabe nada, aunque todos tienen la sensación de que algo se está gestando en el kirchnerismo y de que puede perjudicarlos.

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