Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) destacó la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica, luego de revelar que 28,104 mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica entre enero y junio de 2026, una cifra superior a la registrada en el mismo período del año anterior y que, a juicio de especialistas de la institución, confirma la necesidad de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia científica.

El pronunciamiento de la academia se produce en medio del debate generado por la posición que asumió la representación de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), donde rechazó el uso de conceptos como “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”, al considerar que esos términos no deberían formar parte del lenguaje oficial.

Para las investigadoras de la UNED, prescindir de esas categorías implica desconocer herramientas ampliamente utilizadas por la comunidad científica para comprender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y diseñar respuestas institucionales más efectivas.

De acuerdo con cifras del Poder Judicial, durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 28,104 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica, lo que representa 384 casos más que en el mismo período de 2025. Para la universidad, estos datos evidencian que miles de mujeres continúan requiriendo la intervención del Estado para resguardar su vida, su integridad física y su seguridad.

La preocupación no se limita a la violencia doméstica. Según datos del Ministerio Público, durante el primer trimestre de 2025 se registraron 3,260 víctimas de violencia sexual, siendo las niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años el grupo más afectado por este tipo de delitos.

Las cifras también reflejan la persistencia de la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Entre 2025 y el 10 de junio de 2026, las autoridades contabilizaron 45 femicidios oficialmente clasificados, de los cuales 36 ocurrieron durante 2025 y nueve en lo transcurrido de 2026. Además, para esa fecha permanecían bajo análisis 13 de las 22 muertes violentas de mujeres registradas en el año, expedientes que eventualmente podrían reclasificarse como femicidios conforme avancen las investigaciones.

La investigadora y docente de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Ana Rita Argüello Miranda, sostuvo que “negar estos conceptos no modifica la realidad”, al señalar que la violencia contra las mujeres se encuentra ampliamente documentada tanto por la investigación científica como por las estadísticas oficiales.

“La violencia contra las mujeres está ampliamente documentada por la evidencia científica y por las estadísticas nacionales. Conceptos como interseccionalidad, violencia reproductiva o masculinidades permiten comprender los factores que incrementan el riesgo y orientar mejores estrategias de prevención, atención y sanción”, afirmó Argüello, quien añadió que prescindir de estas categorías limita la capacidad de las instituciones para responder de manera integral a un fenómeno complejo.

La especialista recordó que estos conceptos forman parte del desarrollo académico de disciplinas como la criminología, la sociología, la psicología, la ciencia política y los estudios de género, además de ser utilizados por organismos internacionales y centros de investigación para analizar las causas estructurales de la violencia y fortalecer el diseño de políticas públicas.

En la misma línea, la coordinadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, señaló que el Estado tiene la obligación de identificar los problemas que afectan a la población a partir de la evidencia disponible.

“El Estado tiene el deber de identificar los problemas que aquejan a la población, sustentándose en la evidencia disponible, la cual es contundente respecto a la gravedad de la violencia de género en Costa Rica”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que “negar esta realidad, así como rechazar el fortalecimiento de las herramientas de la normativa internacional por razones conceptuales, limita significativamente las capacidades institucionales de acción”, pues reduce la posibilidad de implementar respuestas eficaces frente a una problemática que continúa afectando a miles de mujeres.

Por su parte, la encargada del Instituto de Estudios de Género de la UNED, Zarelly Sibaja Trejos, enfatizó que el lenguaje técnico desarrollado por la investigación científica no responde a posiciones ideológicas, sino a instrumentos que permiten identificar desigualdades y orientar políticas públicas.

“Nombrar las distintas manifestaciones de la violencia no crea el problema; permite reconocerlo, medirlo y comprenderlo para enfrentarlo. Cuando la investigación identifica patrones y desigualdades estructurales, ofrece insumos para proteger mejor a las mujeres y las niñas”, indicó.

La académica agregó que invisibilizar estos conceptos no elimina la violencia, sino que dificulta su comprensión y limita la capacidad del Estado para construir políticas públicas acordes con las necesidades reales de la población.

Las especialistas coincidieron en que la evidencia disponible exige fortalecer, y no debilitar, las herramientas conceptuales utilizadas para analizar la violencia contra las mujeres desde un enfoque científico, interdisciplinario y basado en los derechos humanos. También insistieron en que el debate público debe sustentarse en información verificable y datos oficiales, con el propósito de desarrollar respuestas institucionales más eficaces para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres y las niñas.