El fallo a favor de los arrepentidos impactó en el juicio de Lázaro Báez: ratifican el valor de la declaración de Fariña

El fiscal Abel Córdoba derrumbó este miércoles en el juicio oral por la “ruta del dinero K” la estrategia del empresario Lázaro Báez y otros acusados para intentar voltear el testimonio de Leandro Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Córdoba pidió que se rechacen las nulidades pedidas por varias defensas. Al hacerlo, citó varias veces el fallo reciente de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos. “No hay un condicionamiento que haya afectado la voluntad del colaborador”, destacó hoy en el juicio.

La defensa de Báez había pedido la nulidad de la declaración de Fariña como arrepentido, un planteo al que luego se sumaron otros imputados. Entre otros argumentos, los abogados del empresario habían planteado que no hubo un registro fílmico del testimonio, un planteo similar al que intentaron algunas defensas en la causa de los cuadernos. Si prosperaba, esa estrategia podía afectar seriamente el desarrollo del juicio por lavado contra Báez. Difícilmente eso ocurra. Para el fiscal, los planteos son “meras enunciaciones”.

En su intervención, Córdoba aludió al fallo reciente de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido y específicamente sostuvo, en el voto mayoritario, que no es necesario un registro fílmico. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias. Eso ha permitido los términos de la colaboración de un modo acabado. Es falso que no haya respondido las preguntas”, dijo el fiscal esta mañana.

Con argumentos similares, las tres querellas que actúan en el juicio –la AFIP, la OA y la UIF– adhirieron al fiscal Córdoba y rechazaron los planteos de nulidad contra el testimonio de Fariña. “La defensa de Báez nunca detalló quiénes ni cómo fue direccionado el relato de Fariña. Los dichos de Fariña fueron corroborados con la prueba del incidente 143”, sostuvo el abogado de la UIF, Carlos Pujol.

En su alegato, la Fiscalía había valorado el testimonio del arrepentido aunque terminó pidiendo una pena de 5 años. Córdoba sostuvo en ese momento que le correspondería una pena de 8 años, pero la redujo en tres años por sus aportes a la causa.

En tanto, la defensa de Báez había atacado al testimonio de Fariña. El abogado Juan Martín Villanueva lo tildó de “mentiroso compulsivo” y leyó varios segmentos de la causa de Dolores, donde Fariña nunca fue citado a declarar. La defensa del empresario que fue socio de los Kirchner también insistió en una supuesta influencia de los servicios de inteligencia en el desarrollo de la “ruta del dinero K”. “Fue una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”, lanzó la abogada Elizabeth Gasaro.

El juicio oral contra Báez y otros 26 imputados por lavado de dinero cumplió dos años en octubre pero la sentencia recién se conocería en febrero, luego de la feria judicial, según confirmaron a Infobae desde el TOF 4. Ya se terminaron los alegatos de las defensas y ahora arranca la etapa de las réplicas y de todos los planteos. También faltan las últimas palabras de los acusados. La sentencia estaba prevista para fin de año pero hace un mes el TOF 4 decidió pasar a una audiencia por semana por la carga de juicios orales que tienen los jueces.

Todas las partes que siguieron el desarrollo del juicio, a excepción de sus defensores, coinciden en que Báez se encamina a una condena alta por la “ruta del dinero K”. El fiscal pidió una pena de 12 años y dijo que la maniobra de lavado, que incluye al resto de los imputados, llegó a totalizar la suma de USD 54.872.875. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años la AFIP, cuyo alegato estuvo al borde de un escándalo.

Luego de cuatro años y cinco meses detenido, en septiembre el empresario logró salir de la cárcel de Ezeiza. Desde entonces está cumpliendo el arresto domiciliario en un lugar que todavía se mantiene en secreto.

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