Del déficit al frente laboral: el Gobierno suma gestos hacia el FMI, pero da batalla contra el término “ajuste”

Alguna antena sindical captó algo aún reservado sobre el efecto más amplio que podrían tener las políticas oficiales restrictivas en medio de la negociación con el FMI. La preocupación tenía una base cierta y recién anunciada: el proyecto de nueva movilidad jubilatoria. Y una percepción o buenos datos: la intención de ir desmantelando medidas dispuestas por decreto para evitar despidos, junto al estudio de ciertas flexibilizaciones para ir saliendo de la crisis. La reacción de la CGT, por primera vez crítica –aunque medida- desde que asumió Alberto Fernández, generó malestar en Olivos y gatilló además la idea más amplia que se venía rumiando para negar el ajuste en lugar de explicarlo.

Es llamativa la virtual coincidencia entre aquel pronunciamiento sindical y los objetivos que terminó de asumir esta semana el ministerio de Trabajo como línea de política para el corto y mediano plazo. Se trata de la fórmula que combina doble indemnización con prohibición de despidos sin causas. El Gobierno estudia una paulatina salida de esa fórmula y los jefes sindicales están inquietos por eso y por lo que podría seguir.

El frente laboral expresa como en otros terrenos contradicciones y disputas domésticas. El ministro Claudio Moroni tiene vieja y sólida relación con Alberto Fernández, profesional y de amistad, y la conducción cegetista luce buenos puentes y gestos de moderación hacia el Presidente. Pero pesa el disgusto por los gestos al moyanismo y por “concesiones” al kirchnerismo duro, como ocurrió con el acto del 17 de Octubre. El jefe de la cartera laboral está a su vez entre los ministros cuestionados por el círculo de Cristina Fernández de Kirchner.

Tal vez por eso, por su condición de aliado junto a otras referencias del peronismo tradicional, el pronunciamiento de la CGT agregó otro motivo e malestar al Presidente. Con todo, el mensaje que partió hacia los jefes gremiales –desde Héctor Daer a Hugo Moyano- es que no se actuará de manera precipitada mientras estudia cómo abandonar las medidas impuestas por el agravamiento de la crisis, en el contexto de la cuarentena, y abrir el juego para motorizar la producción, con la esperanza de generar empleo. Con un agregado: las tratativas por el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo.

El Gobierno resolvió prorrogar la prohibición de despidos y después, hará lo mismo con la doble indemnización. Pero en ese lapso renovado, buscará avanzar con un esquema gradual de salida de esas medidas, considerando por ejemplo niveles de antigüedad en los puestos de trabajo y cargas familiares, entre otros puntos.

No terminarían allí los rubros en análisis y algunos de ellos son especialmente sensibles para los gremios. Nadie está pensando en una “reforma laboral”. En cambio, se trataría de buscar un sistema de topes a las indemnizaciones –quizá el asunto con menos chances- y de avanzar en la línea de cambios específicos en convenios colectivos para adaptarlos a nuevas características de producción. El ejemplo recurrente es el de los petroleros.

Por supuesto, no se estaría ante una pieza aislada. El FMI se adapta parcialmente a los tiempos que corren, aunque los tipos de acuerdo tienen características que se sostienen. Los programas de facilidades extendidas demandan reformas estructurales, en materia previsional, de ingresos, de impuestos y laborales, entre los ítems destacados. Voceros del Gobierno afirman que no estarían en discusión medidas de esa magnitud, pero acumula gestos en esa dirección.

Se verá cómo evolucionan las tratativas con los representantes del FMI. Por lo pronto, es significativo el caso del sistema previsional. Fuentes confiables indican que el Gobierno se enfrentó de hecho a un menú restringido: algún mecanismo de ajuste del sistema previsional o la decisión de un congelamiento de vacantes severo en la administración pública. Dos rubros centrales para las cuentas del Estado.

De ese modo está enmarcado el proyecto de movilidad jubilatoria. Los cuestionamientos, desde la luz amarilla de la CGT al duro rechazo de defensores de los jubilados, van de menor a mayor. El resultado dependerá de la combinación de un solo índice salarial y de la evolución de recaudación para el sistema previsional, con tope y con retardo, porque las actualizaciones serán semestrales.

El Gobierno plantea en paralelo un camino de salida del esquema de emergencia resuelto en el inicio de la cuarentena. Los anuncios se sucedieron esta semana. En rigor, se trata del fin del IFE –con refuerzo a otras políticas de asistencia, aunque con un monto global menor- y de la reducción de los ATP, bajo otro formato.

El cuadro incluye los primeros tanteos con gobernadores para establecer un nuevo pacto o consenso fiscal. Y es otra pincelada que sostiene el trazo principal: la negociación de una reducción del déficit menor al 4,5 por ciento anotado en el Presupuesto 2021, que volvió a Diputados para su sanción.

Entre tanto, el propio Presidente decidió ocupar como en otros casos la primera línea de respuesta en el discurso no sólo a las críticas, sino además a cualquier consideración que hable de “ajuste” para describir lo que está ocurriendo. Y considera que en rigor, no habrá negociación sino un aval a la estrategia oficial.

Según la mirada oficial y una semana después de lo previsto, la aprobación del Presupuesto sería un mensaje al FMI. Con todo, la expectativa legislativa se corrió al debate sobre el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Una fuente de ingresos, prometida por única vez. Y también, un gesto que el kirchnerismo considera contraparte de las medidas restrictivas que se vienen sucediendo. Una manera extraña y en espejo de admitir el ajuste.

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