Tomaron edificios abandonados en Tigre que pertenecían a Sueños Compartidos: la Justicia ya evalúa un desalojo

Son departamentos que quedaron sin terminar en el barrio Garrote. Unas 100 familias de la zona se habrían organizado para la toma. Ya interviene un fiscal y los mismos organismos provinciales que actuaron en Guernica

Unas 100 familias ingresaron a los edificios abandonados (Crédito: NorteOnline)
Unas 100 familias ingresaron a los edificios abandonados (Crédito: NorteOnline)

El barrio Garrote fue uno de los tres lugares del municipio de Tigre donde aterrizaron las inversiones de “Sueños Compartidos”, el frustrado plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que terminó en una gran estafa de la mano de los hermanos Schoklender. El proyecto original contemplaba unas 288 viviendas en edificios de dos pisos. Nunca se terminó. Diez años después del comienzo de los trabajos, diez edificios acaban de ser ocupados por unas 100 familias que viven en la zona. También se habrían loteado algunos de los terrenos fiscales que rodean el predio, a metros del río Luján.

Desde el municipio de Tigre confirmaron Infobae que están realizando un relevamiento en el lugar para saber cuántas personas son y cuál es su situación. Además se dio aviso al fiscal Sebastián Fitipaldi, de la UFI de Tigre, que debe decidir los pasos a seguir. También notificaron a las autoridades de Nación, del Ministerio de Desarrollo y la Subsecretaria de Habitat de la provincia de Buenos Aires.

La toma comenzó el domingo a la noche y se terminó de concretar en la mañana de ayer. Según pudo saber este medio, involucra a unos diez edificios que estaban sin terminar, donde hay 120 unidades funcionales abandonadas. Ayer, otro grupo comenzó a subdividir en parcelas los terrenos fiscales que rodean la zona y se vivieron momentos de tensión.

Una toma área del barrio Garrote
Una toma área del barrio Garrote

La obra en el barrio Garrote fue una de las tres que se iniciaron en Tigre. Contemplaba más de 20 edificios con una inversión total de unos $40 millones de pesos. El proyecto nunca se completó y a mediados de 2011, cuando estalló el escándalo, se rescindió el contrato entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Municipalidad. La obra luego fue incorporada a la auditoría que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN).

Muchas de las viviendas nunca pudieron ser entregadas por la falta de infraestructura para la conexión de agua, gas, electricidad y cloacas. Otras fueron entregadas recién en 2015. “Después de tanta pelea y tantos años de un programa que empezó siendo de Sueños Compartidos, que en el medio tuvo un proceso de mucha frustración para todos, continuó con el esfuerzo que pusimos muchos. Por eso, vamos a seguir trabajando para que los vecinos del barrio Almirante Brown puedan tener más que una vivienda, una oportunidad a vivir otra vida”, dijo en ese momento la entonces secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini.

El relevamiento de la AGN fue una de las pruebas fundamentales en la causa judicial que fue elevada a juicio oral en mayo de 2019 pero todavía no tiene fecha para comenzar. El juez Marcelo Martinez de Giorgi probó un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.

Hebe de Bonafini y Sergio Shoklender
Hebe de Bonafini y Sergio Shoklender

Entre los más de 20 imputados que esperan ser juzgados se destacan los hermanos Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur.

Durante la investigación, que comenzó en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. Además, la Fundación no cumplió con el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y con el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo.

Este año, la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de un grupo de ex gobernadores e intendentes que habían sido acusados por los desmanejos financieros del plan Sueños Compartidos. El juez Martínez de Giorgi los dejó afuera de juicio por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.

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