Una batalla interna contra Félix Crous reveló su decisión política de vaciar de querellas a la Oficina Anticorrupción

El funcionario público, antiguo empleado de un cine de barrio y militante de justicia legítima, puso al descubierto la necesidad de discutir sobre la razón supuesta institucional que avala la existencia de la OA

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción
Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

Problemas argentinos, soluciones europeas: qué hacer con la Oficina Anticorrupción. Ahora que Félix Crous decidió que la Oficina Anticorrupción (OA) se retire de su rol de querellante en 32 causas que afectan directamente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, volvió a colocarse sobre el tapete la mera existencia del organismo. “Falta de personal” argumentó Crous.

El dato no debería pasar jamás desapercibido, ¿o acaso no era mejor pedir más presupuesto? Sin embargo, lo que nadie supo es que la noticia surgió desde una Providencia, un documento con rango interno. O sea: alguien filtró la información para que todos sepamos que la Oficina Anticorrupción dejaría de prestar el rol que venía cumpliendo.

No es la primera noticia sobre la gestión de Félix Crous que plantea la impotencia de un organismo. De hecho, en febrero de este año, la OA le pidió al presidente Alberto Fernández que presente la nómina de aquellas personas y sociedades para las que haya trabajado que sean concesionarias o proveedoras del Estado, o realicen actividades reguladas. Además, le sugirieron al Presidente que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, dado que el ejercicio en simultáneo va en contra del mandato constitucional.

Fernández rechazó todo. Trascendió en agosto.

Alberto Fernández da clases virtuales de derecho desde la quinta de Olivos
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Y aquí vienen las preguntas que casi todos nos hacemos. ¿Sirve una Oficina Anticorrupción? ¿Tiene que estar en manos de la oposición? ¿Si la corrupción es un delito, no se superponen las funciones de la Oficina con otros organismos, como por ejemplo, el propio Poder Judicial?

Laura Alonso, titular de la OA durante la presidencia de Mauricio Macri, sostiene que no.

“En su libro Corruption and Government, Susan Rose-Ackerman da cuenta de que en muchos países puede darse el caso de organismos similares, no idénticos, que hasta solapen funciones entre si. Esto puede darse por ciertas debilidades institucionales de contexto general. Ella lo llama rivalidades entre agencias. No ve duplicidades sino incentivos competitivos que pueden producir resultados y progresos en una agenda sensible. Cuando pensaron la OA en 1999 creo que tuvieron esto en vista. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no funcionaba bien y además se necesitaba una autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública”, explicó Alonso.

Todo comenzó con una promesa de campaña que ayudará a diferenciar las cosas. Fernando De La Rúa, candidato de la oposición a Carlos Menem, es electo presidente tras centrar su campaña en una sola cosa: acabar con la fiesta para unos pocos. Curiosidades de la Argentina, el opositor garantizaba la continuidad del modelo de convertibilidad, algo que el candidato oficialista, Eduardo Duhalde, ya daba por agotado.

Pero desde la misma aparición de la Oficina Anticorrupción en manos de Manuel Garrido y José Massoni, se instaló culturalmente que la OA le pega al gobierno anterior o no hace nada con el actual, o las dos cosas.

Ni bien asumió la presidencia, De La Rúa decide crear por decreto un organismo acorde a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las que finalmente quedarían plasmadas en 2003 mediante la Convención contra la Corrupción, la cual en su artículo 6.1 establece que “cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, debe garantizar la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción”. Asimismo, la convención pide que se le dé a estos organismos “necesaria independencia”.

La respuesta a la primera pregunta queda respondida. Al menos en parte, dado que en la Argentina existe una Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la que nadie le ha prestado atención en los últimos cinco siglos y una Auditoría General de la Nación en teoría en manos de la oposición, pero con una mayoría del Frente de Todos en su composición. Sólo por mencionar un pequeño detalle: Jesús Rodríguez, opositor y titular de la AGN quiso avanzar en una investigación por las compras de insumos por parte del Ejecutivo nacional en el marco de la lucha contra el Covid-19 y la mayoría del oficialismo se lo frenó.

Cristina Fernández de Kirchner, Vicepresidente
Cristina Fernández de Kirchner, Vicepresidente

Sin embargo, es la propia convención contra la corrupción la que pide “uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley”. ¿El motivo? Ley natural de la competencia: cuantas más existan, mayor será la transparencia en países con instituciones debilitadas por la corrupción, dado que donde falle un organismo, habrá otro para suplirlo o competirle.

Es por esto que la existencia tanto de organismos de prevención como de lucha contra la corrupción –y otros que concentran ambas funciones– ha sido adoptada por los gobiernos. Pero los resultados han tomado una forma un tanto extraña dependiendo del país y su cultura, como se podía esperar. O como en nuestro caso, donde una solución europea para problemas argentinos no podía funcionar. Tenemos otro clima, poseemos otra cultura o el agua circula en dirección contraria por la inversión de los polos.

Garrido y Massoni llegaron a defender su postura como primeros al frente de la OA en un texto conjunto publicado por Infobae en noviembre pasado, al sostener que “en un principio fue natural que investigásemos hechos de la gestión anterior debido a que la actuación del gobierno que integrábamos era incipiente”. También recordaron que “las sospechas sobre el desempeño de la Oficina se dispararon desde el comienzo por la oposición al gobierno que la promovió, pese a que la ley 25.233 que la creó había sido aprobada por el Congreso sin objeciones” pero mencionaron los logros, como las causas que se iniciaron contra el propio hermano del presidente por sobreprecios en una licitación del Ejecutivo.

A lo largo del mundo no existen demasiadas oficinas anticorrupción, sino que las políticas de prevención y lucha fueron repartidas en distintos entes. Sin embargo, en los países donde sí existen, todas forman parte del Poder. En Francia, la Agencia Anti Fraude –AFA en Francés, no hagan chistes– tiene una interdependencia entre el ministerio de Justicia y el de Presupuesto, su máxima autoridad fue designada por decreto por el presidente Macron y es un organismo nuevo, dado que fue creado por el actual mandatario galo.

En Austria, donde existe el Buró Anticorrupción, su ubicación dentro del organigrama del Estado coloca al organismo dentro de la órbita del ministerio del Interior. En Italia, donde existe una Agencia Nacional Anti Corrupción, podemos llegar a encontrar una composición novedosa, dado que hay un presidente y un consejo consultivo de cuatro personas. El presidente es de la coalición gobernante y nombrado por decreto. En Bélgica, la Oficina Central para la Represión de la Corrupción se encuentra dentro de la Policía Federal, en la órbita del ministerio de Interior y Justicia.

En la Argentina, la OA es la autoridad de aplicación la Ley de Ética Pública 25.188, por lo que es responsable de su cumplimiento a través del diseño de políticas y dispositivos institucionales: régimen de declaraciones juradas y su control, régimen de obsequios, cursos de capacitación y su dictado, entre otras. También tiene –o debería tener– una doble facultad de investigación y análisis de situaciones de conflictos de intereses y otras potenciales infracciones éticas, y de verificación de declaraciones patrimoniales. Además, como órgano con facultades concurrentes con la Procuración de Investigaciones Administrativas, puede recibir denuncias, realizar investigaciones internas y denuncias judiciales, y querellar es casos de corrupción relevantes.

Pablo Secchi, actual titular de la fundación Poder Ciudadano –principal ONG vinculada a Transparency International en el país– sostiene que el principal problema de la OA es que “parte con un nombre grandilocuente y se instaló en la sociedad como el organismo que debe luchar contra la corrupción”, cuando existen varios organismos más, entre los que se puede contar a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas –a quienes por su nombre nadie vincularía a la lucha contra la corrupción– la Auditoría General de la Nación –ídem– y ni hablar del mismísimo Poder Judicial.

Y hay algo que es cierto: ¿Cuántos de nosotros sabemos quién es Sergio Rodríguez? Se los presento: es el titular de la Fiscalía dedicada a investigar los actos administrativos del gobierno.

Si vamos a la pregunta de la validez de un ente anticorrupción en manos del oficialismo, Secchi vuelve a apuntar a la percepción ciudadana: “No va a tener el lugar que la ciudadanía espera que tenga. La gente se queja de que son oficialistas y en realidad esperan demasiado de la OA”. Según Secchi, una buena forma de frenar esa percepción pasa por conseguir un acuerdo del Senado a la designación del presidente, algo que en un país con la historia de corrupción que tiene la Argentina y las polarizaciones políticas que padecemos, resulta casi una utopía. El resto de las oficinas o agencias que hemos mencionado en esta nota pertenecen a países con sistemas parlamentarios y, el presidente o primer ministro podrá nombra a quien quiera, pero existe otro tipo de control.

Sin embargo, Secchi remarca que, luego de la gestión inicial de Garrido y compañía, la única OA que tuvo cosas interesantes fue la que llevó adelante Laura Alonso: "las recomendaciones, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y varios ítems más, incluyendo las querellas», aunque Secchi lamenta que se hayan centrado sólo en el gobierno anterior.

Asimismo, de la presidencia Macri quedaron firmados dos decretos a pedido de la OA: los 201 y 202 del año 2017 para la “prevención de conflictos de intereses en contrataciones y juicios del Estado”.

Sin haber escuchado las declaraciones de Secchi –de hecho, fue contactada por Infobae antes– Alonso responde a las críticas desde el contexto: «Veníamos de doce años de cleptocracia, de eso salía la Argentina en 2015. ¿Qué querían, que la Oficina Anticorrupción diera solo cursitos de ética? El proceso no está cerrado aún, por eso hay miles en las calles movilizados por el castigo a la corrupción y a la impunidad».

Para profundizar el contexto en el que desarrolló su trabajo, Alonso afirma: «Nos hicieron la vida imposible. Me volvieron loca con denuncias falsas, campañas mediáticas de difamación, insultos… Hasta me pusieron cámaras en la puerta de mi casa, manifestaciones en la puerta de la Oficina. Pero la cleptocracia existió y la expusimos en la Justicia».

Laura Alonso, extitular de la OA, en los tribunales de Comodoro Py. (Gustavo Gavotti)
Laura Alonso, extitular de la OA, en los tribunales de Comodoro Py. (Gustavo Gavotti)

Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, la Oficina Anticorrupción respondió a 174 pedidos de informes de distintos legisladores, 69 pedidos de información pública, además de impulsar como querellante investigaciones que acumularon más de 200 imputados y juicios que terminaron con 14 condenas.

Ahora, ¿qué se debería hacer con la OA hoy? Según Secchi, así como está no camina: «O se convierta en una secretaria de Estado con un nivel más bajo que recomienda políticas al Presidente, o se le da toda la autonomía posible». Durante la gestión Macri, la titular de la OA tenía rango de Secretaria de Estado. Hoy, su sucesor, tiene rango de Ministro, pero no tiene presupuesto para continuar las querellas. Al menos esto es lo que dijo Crous, dado que Secchi sostiene todo lo contrario: «Presupuesto hay, no quieren seguir con las causas contra ellos mismos».

Por si fuera poco, entre las funciones de la OA se encuentra la de «velar por el cumplimiento de estándares internacionales anticorrupción por parte del Estado argentino ante la ONU, la OEA, la OCDE y participa en el G20 y otros foros regionales».

Solo para dar una pintada de época: un funcionario de tercera línea del gobierno nacional se presentó ante el Grupo Antisoborno de la OCDE en una conferencia de rutina. Hoy, el monitor de la Argentina dentro de la OCDE recae en el Reino de España. El funcionario se presentó, leyó un escrito y finalizó con un “no voy a responder preguntas”, como si se encontrara ante un tribunal oral o en una conferencia de prensa. Del otro lado le contestaron: «Disculpe, pero usted no puede decirnos eso».

*Desde Infobae se intentó mantener comunicación con Félix Crous con resultado negativo.

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