El kirchnerismo decidió retomar su campaña para intentar esmerilar la gestión del procurador interino Eduardo Casal ante la imposibilidad de elegir a su sucesor. El senador Oscar Parrilli convocó para esta tarde a la comisión de Justicia para tratar dos proyectos de la oposición que proponen reducir el mandato del Procurador, que hoy es un cargo vitalicio. Sin embargo, en la oposición sospechan que la jugada busca abrir la discusión sobre las condiciones para elegir al nuevo Procurador General.
Los proyectos que serán debatidos, llamativamente, son de los senadores Martín Lousteau (UCR) y Lucila Crexell (Interbloque Federal-Neuquén). El primero propone reducir el mandato a 6 años. “El Procurador General de la Nación dura en sus funciones el término de seis (6) años, pudiendo ser nuevamente designado, por una única vez, habiendo transcurrido un mandato intermedio, y mientras cumpla los requisitos establecidos en el Art. 11 bis de la presente ley”, dice la iniciativa. Sin embargo, mantiene la mayoría agravada de dos tercios para designar al nuevo procurador.
“Necesitamos una institución con fortaleza republicana, esto es, lo elegimos por un consenso bien amplio, que es lo que marcan los dos tercios y, por otro lado, no le damos un poder vitalicio. Es la combinación de las dos cosas, ese es el punto medular, dos tercios y mandato acotado en el tiempo”, destacó Lousteau ante una consulta de Infobae.
El proyecto de la senadora Crexell propone reducir el mandato a 5 años. “El Procurador General de la Nación dura en su función cinco (5) años, pudiendo ser nuevamente designado por igual plazo por una (1) sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por el voto de las dos terceras partes (2/3) de sus miembros presentes”, dice en el artículo 1. Y agrega: “Con excepción del Procurador General de la Nación, los procuradores fiscales, los fiscales generales, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación, el fiscal de investigaciones administrativas, los fiscales, y los fiscales de la Procuración General de la Nación, gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad”.
La discusión sobre la duración del mandato del Procurador ya fue abordada por la comisión de juristas convocada por el presidente Alberto Fernández. De hecho, Casal y la defensora general Stella Maris Martínez fueron citados para exponer sus posturas sobre la Ley de Ministerio Público.
En la denominada comisión Beraldi también se debatió sobre las mayorías necesarias para elegir al Procurador. No es la primera vez que ocurre: cuando el cargo lo ejercía Alejandra Gils Carbó, el macrismo propuso que se pueda votar con una mayoría absoluta, es decir 37 votos.
Casal viene sorteando una embestida política en varias comisiones del Congreso: el oficialismo pretende que se aparte porque no cuenta con los dos tercios para votar su juicio político. Primero se puso en marcha la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, donde desfilaron ONG y fiscales descontentos con su gestión, y luego el kirchnerismo intentó avanzar desde la comisión de juicio político. Ninguno de los dos caminos prosperaron.
Cuando la avanzada parecía diluirse, el oficialismo duro evaluó la posibilidad de iniciarle un jury como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Ese plan implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. “Es un disparate, Casal está cumpliendo con las funciones de procurador y le corresponden las garantías del cargo”, aseguran en las oficinas de la Procuración.
En ese contexto, el senador del Frente de Todos Martín Doñate, a cargo de la comisión bicameral del Ministerio Público, propuso impulsar una denuncia penal contra Casal por una supuesta demora para tomarle juramento a los nuevos integrantes del jury de Enjuiciamiento de la Defensa. Finalmente, se produjo el recambio y se diluyó la amenaza.
El procurador interino ya dijo varias veces que no piensa renunciar y que todos los avance en su contra forman parte de una “operación desgaste” para forzar su jubilación.
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