El gobierno de Axel Kicillof realiza el último censo en la toma de Guernica, pero grupos de izquierda resisten el desalojo

En un último intento por evitar el desalojo forzado, el gobierno de Axel Kicillof comenzó a realizar en el día de ayer el censo solicitado por los delegados de los cuatro barrios que componen la toma de Guernica, 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha. El ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, ya había realizado una compulsa similar, pero los partidos de izquierda y organizaciones sociales que lideran la usurpación de 100 hectáreas le impidieron terminarlo. Los funcionarios ya están avisados de que el núcleo duro de la toma, compuesto entre otros por el Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Corriente Darío Santillán, no se irán y resistirán el desalojo, que ya fue ordenado por el juez Martín Miguel Rizzo.

Para eso hay tiempo hasta el 30 de octubre y no se solicitará una nueva prórroga. Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, ya avisó que los más de 4.000 efectivos que necesita para llevar adelante el mega operativo de “lanzamiento” estarán aprestados el próximo 26. De todos modos es el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas el que fijará el día.

Como sea, los tiempos corren. Kicillof ya anunció que la Policía y el Ministerio de Seguridad “serán auxiliares de la Justicia". El sábado hubo una reunión de la mesa de diálogo en la intendencia de Presidente Perón. Allí se ofrecieron 7,5 hectáreas de tierras sobre las cuales se podrá construir, y tres albergues o dispositivos de tránsito hasta que se consigan los lotes definitivos; uno para mujeres con niños, otro para varones solos y el último para familias numerosas.

También subsidios de 50.000 pesos para mejorar el estado de hacinamiento en las modestas viviendas de donde son originarias muchas familias que usurparon el predio, o subsidios de 15.000 pesos para alquileres hasta que llegue la solución definitiva. Según pudo saber Infobae, “647 personas o familias ya acordaron una salida consensuada con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad”.

La decisión es realizar todos los esfuerzos posibles para evitar una confrontación, como se viene realizando, pero no se aceptará que la toma continúe.

El mismo sábado y también el domingo, se realizaron asambleas en los cuatro barrios y se rechazaron de plano todas las propuestas. La voz cantante la llevaron los delegados del PO y del FOL. Lo hicieron en estos términos, tal como los mismos delegados y Eduardo Belliboni, uno de los dirigentes del Polo Obrero, que integra el Partido Obrero y forma parte del Frente de Izquierda, le dijeron a Infobae: “Rechazamos la propuesta del gobierno por insuficiente. Setenta y ocho lotes para 1.300 familias es una propuesta que no se acerca ni siquiera a una racionalidad. Exigimos que se amplíe la oferta de lotes. Solo con eso se encarrilará el conflicto. Si no, vamos a resistir el desalojo que va a encabezar Berni y que puede llegar a ser un desastre".

En tanto, un alto funcionario de Kicillof le advirtió a Infobae: “El Polo Obrero está jugando muy mal en el conflicto. Busca romper los acuerdos con las familias con mentiras descaradas”.

Se refería a un artículo que el fin de semana, en medio de las negociaciones, salió en una publicación vinculada al Partido de los Trabajadores (PTS), y que titulaba “Larroque en Guernica separaría a niños de sus padres en distintos paradores”. “El miedo de ser separado de sus padres se hace presente en los niños que resisten junto a sus familias en la toma”, insiste el artículo.

Esa posibilidad no estuvo nunca presente.

A pesar de esa beligerancia, Larroque se muestra optimista y prevé que a más tardar el jueves llevará al juzgado de Rizzo los avances obtenidos hasta ahora, demostrará que, según sus propias palabras “el 80 por ciento de las personas de la toma ya acordaron con la gobernación una salida pacífica y mejoras de hábitat" y sobre las 200 o más familias o personas que quedan –se verá después del censo– y que son apoyadas por los partidos y organizaciones de izquierda, deberán ser desalojadas de manera forzada.

Berni considera que dirigentes como Belliboni, o el diputado Claudio Dellacarbonara, del Partido de los Trabajadores que también estuvo presente en el predio, y que articula medidas con el Polo Obrero, hacen política con la resistencia y que “su negocio es buscar el conflicto", tal como se lo expresó a este medio uno de sus estrechos colaboradores.

Por esa razón, el operativo que dispondrá Berni promete ser impactante y el de mayor despliegue para un desalojo. Intentará “disuadir” a los usurpadores con la presencia de los cuatro mil policías, caballos, cuatriciclos, helicópteros, camionetas y hasta grupos especiales como el Halcón y brigada antibombas. Cuando Infobae publicó los detalles del operativo, el gobernador salió a respaldarlo ante algunas críticas.

En diálogo con este medio, Larroque se mostró “muy satisfecho” por el “despliegue del operativo censal” y evaluó que las tareas se pueden prolongar hasta mañana.

En alguno de los barrios hubo breves discusiones con los funcionarios a los cuales les decían que “nos están ofreciendo unas chapas y algo de guita”; sin embargo, nada pasó de ahí. “No vamos a caer en ninguna provocación armada desde afuera. Las familias de la toma saben la verdad de nuestras propuestas y nosotros sabemos que los grupos más radicalizados no van a aceptar nada porque solo quieren la confrontación”, le dice a Infobae un experimentando funcionario de Kicillof que hoy también estuvo en Presidente Perón.

“El censo se está desarrollando con la colaboración de todos de manera tranquila”, confirma desde el lugar María del Rosario Fernández, la abogada que forma parte la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a varios de los imputados por usurpación en la causa que lleva adelante el juez Rizzo. De ese colectivo también forman parte, entre otros, Eduardo Soarez y el ex montonero Roberto Perdía.

Fernández confirmó que representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) “están actuando como veedores”.

Esta es la última acción del gobierno de Kicillof para intentar conciliar una salida pacífica de los terrenos usurpados de Guernica con la mayor cantidad de familias. Los que no se van, los que no acuerden las condiciones de mejoras habitacionales y hasta lotes que ofrece la Provincia, deberán hacerlo por la fuerza. Esa es una decisión que ya está tomada, aunque en verdad nadie quiere llegar a ese extremo, ni los funcionarios ni la Justicia. Pero la cartas ya están jugadas.

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