Terminó la reunión de la Corte Suprema y no hubo acuerdo sobre la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no llegaron a un acuerdo que defina la situación legal de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados por el gobierno.

Los integrantes del máximo tribunal mantuvieron una reunión virtual a través de la plataforma Zoom para tratar de arribar a una decisión mayoritaria sobre el fondo de la cuestión planteada por los tres magistrados. El encuentro por videoconferencia comenzó minutos después de la 11 y participaron del debate todos los ministros.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti seguirán analizando el tema para resolver los reclamos de los jueces federales que fueron eyectados de los lugares que ocupaban en una maniobra que contó con la participación del Consejo de la Magistratura y del Senado, y concretada por tres decretos que dictó el Poder Ejecutivo Nacional.

Luego de que la Corte admitió el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el gobierno puso en marcha una fuerte embestida contra el máximo tribunal primero con la difusión del pedido de juicio político contra Rosenkrantz, jugada complementada casi sin solución de continuidad por el diputado cristinista Leopoldo Moreau. El legislador salió a hacer declaraciones en las que manifestó que era hora de terminar con la actual composición de la Corte Suprema.

Los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli llegaron al máximo tribunal luego de que la primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la acción de amparo iniciada por los jueces para evitar que se anularan sus traslados. El martes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica al aceptar el recurso extraordinario por salto de instancia -per saltum- interpuesto por los jueces que investigaron a Cristina Kirchner desplazados por el gobierno. En esa oportunidad, en el voto unificado de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti, consideraron que se produjeron acontecimientos “que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolos de un acceso efectivo a justicia.” Y remarcaron que “es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales.”

En esa resolución, en razón de la urgencia del tema, abreviaron el plazo de 5 días que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para correrle traslado a la parte demandada y darle vista a la Procuración General de la Nación. El término se acortó a 48 horas con habilitación de días y horas a fin de imprimirle celeridad al trámite. Es así que a partir de la respuesta del Consejo de la Magistratura y del dictamen del Procurador interino Eduardo Casal que el máximo tribunal quedó en condiciones de ponerle fin a la controversia.

Tras el pedido de juicio político de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz envió a Infobae una réplica por escrito a la iniciativa de la legisladora. “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, afirmó el magistrado. Hasta el momento ninguno de los otros cortesanos se hizo eco de la defensa del presidente del alto tribunal lo que deja en soledad a Rosenkrantz quien hasta ahora no a podido enhebrar un acuerdo mayoritario. Frente a este panorama los jueces seguirán analizando el tema de los jueces que confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos y del magistrado que integra el Tribunal Oral en donde se juzgará a la actual vicepresidenta.

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