Avanza el plan de sindicatos y movimientos sociales para crear empleo: esperan que el Gobierno lo apruebe e implemente

Ya son nueve las organizaciones sindicales que trabajan en la propuesta para generar 4 millones de puestos de trabajo. Sergio Massa respaldó el proyecto y aportó un equipo de diputados. Expertos universitarios darán una validación técnica a las ideas

Sergio Sasia, Dina Sánchez, Gerardo Martínez, Juan Grabois y Pablo Moyano, en el lanzamienro del Plan
Sergio Sasia, Dina Sánchez, Gerardo Martínez, Juan Grabois y Pablo Moyano, en el lanzamienro del Plan

Los sindicatos y movimientos sociales que motorizan el Plan de Desarrollo Humano Integral sumarán en los próximos días a varias universidades nacionales para darle sustento académico a la propuesta destinada a crear 4 millones de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina”, conectar el país con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas.

Además, se incorporaron más sindicalistas al proyecto: José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Guillermo Mangone (Gas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (encargados de edificios) ya están trabajando con Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes participaron de esta iniciativa desde su origen.

Una de las preocupaciones de los impulsores del Plan es que las distintas ideas tengan posibilidades concretas de efectivizarse y de financiarse. Por eso el primer encuentro de sus integrantes fue con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que respaldó el proyecto y puso a disposición un espacio físico para reunirse, además de un equipo de la Cámara de Diputados para que trabaje con los técnicos que elaboraron el plan.

El grupo massista está integrado por el economista Diego Bossio, el secretario general de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi, y el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli. Este grupo, que mantiene contactos con los técnicos que trabajan en el Plan, serán los responsables de traducir el trabajo en proyectos de ley vinculados con la generación de empleo y la reformulación del servicio del transporte, dos de los ejes de la propuesta.

Gerardo Martínez, Sergio Sasia, Sergio Massa y Juan Grabois, en la reunión de sindicatos y movimientos sociales en la Cámara de Diputados
Gerardo Martínez, Sergio Sasia, Sergio Massa y Juan Grabois, en la reunión de sindicatos y movimientos sociales en la Cámara de Diputados

El Plan de Desarrollo Humano Integral fue lanzado el 10 de agosto pasado en la UOCRA, Massa le dio su respaldo unos diez días más tarde y luego entró en una etapa que aún está en pleno desarrollo: cada una de las comisiones técnicas que trabajan en el tema elaboró un preinforme dirigido a darle más sustento a las ideas que contiene.

Según se prevé, la siguiente fase consistirá en presentarle el Plan enriquecido a la comisión que designó Massa y pasar luego a las reuniones con las universidades: se está hablando con los rectores de varias casas de estudios para que hagan una suerte de validación técnica de las propuestas y le den un sustento académico y científico.

A mediados de este mes está contemplada una reunión de los sindicalistas y los dirigentes sociales con el fin de analizar los pasos dados hasta el momento y decidir cómo se continuará avanzando luego de que las universidades formalicen su aporte al proyecto y la comisión creada en Diputados aconseje qué proyectos de ley deberían ser elaborados a partir de las distintas medidas que están incluidas en el Plan de Desarrollo Humano Integral.

El broche final será la presentación del proyecto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por separado, para intentar que el Gobierno tome como propia esta iniciativa y le brinde el respaldo necesario desde todas las áreas del Estado nacional.

Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Juan Grabois, de la CTEP
Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Juan Grabois, de la CTEP

El dirigente social Juan Grabois, uno de los impulsores de este proyecto, lo había calificado como un “Plan Marshall criollo”, en alusión al programa por el cual Estados Unidos procuró la recuperación económica de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial a través del otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.

Participan de este proyecto los dirigentes sociales Grabois, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), entre otros, además de representantes de la Iglesia como el obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara).

Cn una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos, los sindicatos y movimientos sociales quieren crear 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, "generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en una mayor recaudación fiscal”.

La iniciativa que impulsan estos dos sectores también incluye la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.

El transporte multimodal es uno de los ejes del plan que impulsan sindicatos y movimientos sociales
El transporte multimodal es uno de los ejes del plan que impulsan sindicatos y movimientos sociales

Según sus organizadores, “parte de la inversión necesaria para el Plan se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)” y el resto se va a financiar “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”.

En el documento fundacional de 40 páginas se incluyen los siguientes ejes del Plan: “Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.

Respecto del fomento de la construcción y la integración urbana, el primer punto del Plan, sus promotores procuran “una alianza virtuosa entre el sector privado y el sector de la economía popular”, para el cual propone “una planificación con metas y cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada, diseñado para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, creación de nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales”.

La CGT recibió a los movimientos sociales en la sede de la UOCRA
La CGT recibió a los movimientos sociales en la sede de la UOCRA

El siguiente punto de la propuesta contempla “repoblar la Argentina y conectarla con transporte multimodal”, con una “relocalización sustentable de parques productivos atada al desarrollo de corredores logísticos intermodales que armonice todas las actividades de transporte: la red ferroviaria conectará los nodos logísticos, el camión conectará la unidad de producción con el nodo logístico y el enlace ferro portuario será el final de la carga de exportación que debe ser fiscalizada de manera trasparente en origen”.

Otro de los aspectos incluidos en este proyecto es “crear un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar del impuesto a las ganancias (cuarta categoría) un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”. Y agrega que “El fondo tendrá una administración transparente con un sesgo de inversión orientado hacia lo productivo y la dinamización del mercado interno, con rentabilidad financiera y rentabilidad social”.

Además, se propone “crear el Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados”, que, afirman sus impulsores, se trata de “una inversión de 750.000 millones de pesos anuales con retorno fiscal del 33%”.

El 27 de agosto, la CGT se acercó a los movimientos sociales, sus viejos adversarios, para una foto conjunta y el compromiso de elaborar un plan postpandemia, en otro de los contactos que mantienen sus dirigentes luego de las reuniones con sectores empresariales con el fin de diseñar propuestas para la reactivación económica.

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