Berni cruzó a Cafiero en medio del debate por las Taser: “La provincia de Buenos Aires tiene autonomía en materia de seguridad”

El asesinato del policía Juan Roldán en plena avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires revivió un debate que tiene más de una década en la Argentina: la implementación de pistolas Taser.

No son pocos los especialistas que creen que si Roldán hubiera contado con una arma electrónica no letal hubiera reducido a su atacante y hoy los dos estarían vivos. El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Aalessandro, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fueron algunos de los funcionarios que se expresaron en ese sentido y hablaron sobre la necesidad de incorporar este tipo de herramientas a fuerzas policiales que muchas veces quedan bajo fuego cruzado de un debate ideológico que se torna abstracto ante el avance del delito.

El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Santiago Cafiero, intentó marcar la cancha al afirmar que la adquisición de ese tipo de pistolas no está en estudio. “Nosotros vamos a seguir con nuestra línea”, planteó.

Su intervención generó la reacción de Berni, que este miércoles le recordó a uno de los principales asesores del Presidente que la administración nacional no tiene potestad para definir sobre las políticas que aplican las provincias para combatir el delito.

“La constitución es muy clara en materia de seguridad, salud y educación. Cada provincia es autónoma y decide por sí misma. Además, las provincias tienen territorialidad y la Nación no. Nosotros tenemos 90 mil policías y la obligación de capacitarla de la mejor forma posible”, declaró Berni en diálogo con el periodista Willy Kohan en radio Mitre.

Berni, habitual mirada disonante en temas de seguridad dentro del kirchnerismo, pidió dejar de lado los debates ideológicos en torno a la seguridad porque las fuerzas están integradas por personas de carne y hueso que necesitan reglas claras a la hora de enfrentar a los delincuentes.

“Si bien hay diferentes integrantes en este espacio que piensan de otra manera, en esta provincia la policía tiene herramientas pese al ambiente en el que permanentemente es tratada de forma hostil como “la gorra” o la “yuta””, completó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue otro de los integrantes del Frente de Todos que se diferenció y también respaldó el uso de armas electrónicas no letales. “Usar (pistolas) Taser, tonfas o cualquier instrumento nuevo que ayude a incorporar tecnología contra el delito es una obligación. Son las herramientas que en Estado de derecho nos da la Constitución para hacer cumplir la ley”, dijo.

La polémica en torno a este tipo de armas nació cuando Macri era jefe de Gobierno y quería comprarlas para utilizarlas en la Capital Federal. De aquel entonces pasó más de una década. Fallos judiciales y decisiones políticas terminaron impidiendo su utilización.

En diciembre de 2019, la ministra de Seguridad Sabina Frederic aseguró que las pistolas Taser pueden ser utilizadas solamente por cuerpos especiales de las fuerzas federales en caso de extrema gravedad como secuestro y toma de rehenes. En aquel entonces esperaba el arribo de 100 armas electrónicas no letales que se compraron durante el gobierno de Cambiemos, pero nunca llegaron al país. Hay sólo dos que están bajo la órbita de la Policía Federal, pero nunca nadie las usó.

Juan Pablo Roldán tenía 33 años y era padre de una nena de 4. Era policía. Tenía una vida por delante que ayer fue apagada abruptamente por Rodrigo Roza, un hombre que sacó una cuchilla en plena Avenida Figueroa Alcorta y lo apuñaló. Las imágenes son dramáticas y recorrieron todo el país. Pero también abrieron un interrogante al que los especialistas le encontraron una respuesta que no surge de los manuales de instrucción de las distintas fuerzas del país, sino de la experiencia vivida recientemente por otros efectivos que estuvieron en situaciones similares a la de Roldán: ¿por qué no se defendió con su arma reglamentaria antes de que lo atacaran?

“Si Roldán se hubiera defendido, hoy estaría preso; no tengan dudas, no hay que ser hipócrita en esto”, aseguró sin titubear el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

El funcionario recordó algunos hechos recientes que fundamentan sus presunciones. La semana pasada hubo un tiroteo en Chacarita. Efectivos de la Ciudad detuvieron a cuatro personas que habían partido en un movimiento sospechoso del barrio Fraga. Control de rutina. Querían saber qué estaban haciendo, a dónde iban, pedirles papeles... No hubo tiempo para el diálogo: los ocupantes del vehículo escaparon y cuando se vieron rodeados por la Policía iniciaron una lluvia de balas. En el intercambio de disparos, murió uno de los delincuentes. El oficial de cuya arma partió el proyectil mortal estuvo 48 detenido simplemente por haber hecho su trabajo.

Hubo otro caso con características similares al sucedido ayer en Figueroa Alcorta que fue público. Sucedió el año pasado. Un hombre se paró frente a un colectivo con un chuchillo y amenazó a sus ocupantes. Un policía de la Ciudad actuó rápido y le aplicó una patada. La caída y el golpe de la cabeza contra el suelo provocó la muerte del atacante. El efectivo, que ni siquiera sacó su arma reglamentaria, terminó detenido y procesado por homicidio. Todavía debe transitar tribunales para probar que simplemente estaba cumpliendo con su deber y tratando de evitar un desenlace más gravoso, quizás fatal como el de ayer en Palermo.