Mientras la Corte estaba reunida, sortearon a una jueza para definir en la Cámara la suerte de Bruglia y Bertuzzi

La jueza Clara Do Pico de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resultó sorteada para desempatar en el fallo de esa instancia sobre el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hasta ahora integrantes de la Cámara Federal porteña y desplazados de ese puesto por decisión del Senado, a raíz de la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar sus traslados durante el macrismo.

Ahora, Do Pico tendrá que definir entre los votos de los jueces Guillermo Treacy y Jorge Alemany, de la Sala V de la Cámara, que quedaron empatados a la hora de resolver qué hacen con el amparo que les plantearon Bruglia y Bertuzzi. Uno de ellos votó por convalidar el rechazo que firmó en primera instancia la jueza María Biotti; el otro por hacer lugar al pedido de los demandantes. Entre fuentes judiciales, destacaban que Do Pico es una jueza acostumbrada a fallar en temas polémicos y “resistir presiones”.

El sorteo se hizo, con bolillero manual, a las 11.30 de la mañana en la planta baja del edificio de tribunal, en la secretaría general de la Cámara. En el cuarto piso, varios de los integrantes de la Corte Suprema se acercaron al edificio para encabezar el acuerdo extraordinario en donde se analizará el pedido de per saltum de Bruglia y Bertuzzi. Afuera, un grupo de personas con bombos y cacerolazos y banderas argentinas se manifestaba a la espera de esa decisión.

En la causa ya había intervenido originalmente una tercera jueza, Liliana Heiland, cuando tuvo que resolver si hacía lugar al pedido de excusación que había solicitado el habitual integrante de la Sala V, Pablo Gallegos Fedriani, precisamente porque él había llegado a ese cargo también trasladado. En ese momento, Tracy y Alemany no se pusieron de acuerdo. Y, vía sorteo, la elegida fue Heiland, quien acompañó el pedido del juez que pedía apartarse. La curiosidad que señalaban a Infobae los que mejor conocen el fuero Contencioso es que en aquel momento se hizo el sorteo al solo efecto de pronunciarse sobre esa excusación. Habitualmente, cuando se convoca a un tercer juez, ya queda en “espera” por si hay que volver a convocarlo para un nuevo desempate. Ahora, se decidió hacer un nuevo sorteo, en donde estará incluida Heiland. Pero la elegida fue otra jueza: Clara Do Pico.

Bruglia y Bertuzzi ocupaban hasta ahora la Sala I de la Cámara Federal, desde donde confirmaron una serie de procesamientos y prisiones preventivas contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner. En julio pasado, por pedido del representante del Ejecutivo, en Consejo de la Magistratura decidió revisar la decisiones del macrismo cuando pasó a esos jueces desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal, en Comodoro Py.

Bruglia y Bertuzzi fueron de inmediato a la Justicia. Sostuvieron que se trataba de una “flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces”. El Senado avanzó en la revisión de esos traslados. Ni Bruglia ni Bertuzzi –tampoco Germán Castelli, del tribunal que lleva adelante la causa cuadernos– fueron a la audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

“Yendo, hubieran convalidado de alguna manera que esa revisión era válida cuando es precisamente lo que cuestionaban en la Justicia”, resumieron a Infobae las fuentes judiciales. Con su ausencia, sin embargo, los senadores entendieron que se había incumplido un paso básico para convalidar un traslado y decidieron devolverlos a sus cargos de origen. A Bruglia, al Tribunal Oral Federal 4 en Comodoro Py; a Bertuzzi, al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, a donde había sido nombrado y desde el cual había sido trasladado por la propia Cristina Kirchner cuando era presidenta en 2010 hacia los tribunales de Retiro.

Bruglia y Bertuzzi apuestan ahora sus fichas a la Justicia. Allí sostuvieron que “ni el Consejo de la Magistratura ni el Poder Ejecutivo ni el Senado tiene facultades legales para revisar actos administrativos consentidos y firmes que se encuentran en ejecución y han generado derechos subjetivos” y aseguraron que “el único órgano habilitado para revisar la validez constitucional y legitimidad de esos actos es el Poder Judicial”. Por ahora, todas las veces les dijeron que no.