La Corte le giró al procurador Casal el reclamo de Rodríguez Larreta por el recorte de la coparticipación

Apenas una semana después de presentada la demanda de la Ciudad contra la Nación por el recorte de fondos de la coparticipación de impuestos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplió con el primer paso de todo expediente que entra al Alto Tribunal: le dio vista a la Procuración General de la Nación para que opine en el caso.

De esa manera será Eduardo Casal, quien en su carácter de fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberá opinar sobre el planteo hecho por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra el recorte de fondos coparticipables realizado por el presidente de la Nación Alberto Fernández.

El dictamen de la Procuración General de la Nación no es vinculante y los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden considerarlo o no para cuando tomen una decisión en un caso de enrome relevancia política como el planteado por Rodríguez Larreta. Casal por su parte está bajo una serie de acusaciones provenientes del oficialismo que intenta que deje su cargo para colocar allí a alguien con afinidad con el kirchnerismo.

El jueves pasado Rodríguez Larreta había recurrido a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se restablezca en forma “inmediata el derecho de la Ciudad” de percibir 3,50% de coparticipación, que se declare la “nulidad e inconstitucionalidad” del decreto del Poder Ejecutivo que avaló la quita de esos fondos en 1,18%, que consideró “ilegal y arbitrario en modo manifiesto”, y para que se recompongan los recursos que ya empezaron a descontarse desde hace 15 días. El planteo de la Ciudad tiene dos aristas: se pidió una cautelar para evitar el recorte de fondos que se ha comenzado a practicar y también se realizó un cuestionamiento a la inconstitucionalidad.

“Esta ostensible disminución de ingresos, que sólo durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del decreto significó una detracción de la suma de $862.140.379, afecta los cometidos constitucionales básicos y la gestión y funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De validarse la reducción unilateralmente impuesta al porcentaje de coparticipación de la CABA, el daño será irreversible y provocará graves consecuencias de índole económica y social”, decía el recurso de 97 páginas que había presentado la administración porteña y que lleva las firmas de María Cristina Cuello, representante de la Ciudad y de procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

Con la presentación ante la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Larreta cumplió con lo que había prometido 24 horas después del anuncio de Alberto Fernández de recorte de fondos provenientes de los impuestos coparticipables que la administración porteña recibe del Estado nacional, para la creación de un fondo financiero para la provincia de Buenos Aires.

“La aplicación del Decreto 735-PEN-20 genera un déficit diario promedio de $177.638.040 según surge del mismo Informe. La Ciudad se encuentra frente a un concreto y real impedimento para financiar necesidades públicas de significación social”, reza el escrito que se presentó hace unos días en la Corte.

En la presentación aludieron a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner a quien los dirigentes del oficialismo de la Ciudad consideran la ideóloga del recorte de fondos ordenado por Alberto Fernández.

En el escrito recordaron una intervención de Fernández de Kirchner en la Convención Constituyente de 1994 en la que se reformó la Constitución Nacional: ″La señora convencional por Santa Cruz Dra. Fernández de Kirchner señaló: “(…) Cuando la Nación tenía a su cargo los servicios de salud y educación recibía aproximadamente un 46 por ciento en la distribución primaria de la masa coparticipable, y luego de la transferencia de los mencionados servicios a las provincias ha quedado con el 54 por ciento. Es decir que se ha invertido la participación en el ingreso tributario y las provincias han quedado con apenas el 46 por ciento; tienen más funciones vinculadas con la calidad de vida de la gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo no va a haber provincias inviables si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos?”

La respuesta de Casal a la Corte llegará a comienzos de octubre, y a partir de ahí será la propia Corte que trate y decida sobre un complejo asunto jurídico y político.

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