La gobernadora de Río Negro, dura con el juez que negó un desalojo: “Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras”

La Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, rechazó la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, de no reconocer un delito en la ocupación de predios en El Bolsón. “Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras”, dijo la mandataria provincial .

Carreras rechazó la decisión del juez, quien “sentado en la comodidad de la silla de su despacho se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.

Zapata había desestimado el desalojo de un predio perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que a fines de agosto fue ocupado por unas 160 familias.

El magistrado, además, rechazó al organismo nacional como querellante en la causa y solicitó al gobierno municipal de El Bolsón que en los próximos 15 días, además de realizar un relevamiento exhaustivo de las familias asentadas en el predio, les brinde alojamiento.

Para la gobernadora Carreras, “pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”, a la vez que  remarcó que “los Gobiernos gestionamos, pero no hacemos magia” y entendió que “si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”.

Días atrás, la mandataria provincial había dicho que la decisión del juez Zapata “es una muy mala señal para la población que hace años lucha por tener su casa o su terreno y que a lo mejor todos los ahorros de sus vidas no le han permitido acceder a la tierra”.

El pedido de desalojo del lugar había sido solicitado por la fiscal federal subrogante de la ciudad, Sylvia Little, a partir de la denuncia que presentó el organismo nacional, propietario del lugar. La representante del Ministerio Público Fiscal recalcó que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”. Al mismo tiempo, sostuvo que “negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”

La decisión de la fiscal fue bienvenida por las autoridades locales y provinciales, quienes creyeron que su decisión pondría punto final a la ocupación. Sin embargo, el reciente dictamen de Zapata descarta el desalojo.

Por su parte, Carlos Sarasola, director de INTA Bariloche, también fue crítico de la decisión judicial y  sostuvo que “el juez no dimensiona las implicancias negativas de este fallo para la zona y para las tierras de reservas forestales. Con o sin intención, alienta a que la gente tome”.

La ocupación de tierras se realizó en dos etapas. En la primera de ellas cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el INTA cedió a un club deportivo denominado El Refugio. En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo, ubicada en la Subida de Brea, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.

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