El incierto destino de 250.000 pares de medias incautadas a la mafia de los contenedores

En 2016 quedó al descubierto una banda que se dedicaba al contrabando. Empresarios y “buscavidas” movían influencias en la Aduana para, a partir de la modificación de documentación oficial, lograr liberar contenedores que estaban retenidos en el Puerto de Buenos Aires. Cobraban por hacer el trámite asociados con los funcionarios públicos que facilitaban las operaciones ilegales. Al caso se lo conoció como “la mafia de los contenedores”.

La causa estuvo en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky quien en noviembre de 2016 dictó los procesamientos contra los imputados porque comprobó el funcionamiento de la organización que movía dinero para que los funcionarios actuaran contra la ley y emitieran documentos falsos para permitir que los productos que llegaron en contenedores que estaban retenidos en el Puerto pudieran ser comercializados. La banda estaba integrada por autoridades de la Aduana y por empresarios.

En 2018, luego de un juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 condenó a 11 de los 12 acusados en el caso, entre ellos, a ocho años de prisión al ex jefe de la Aduana de Buenos Aires durante el kirchnerismo, Edgardo Paolucci. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y tentativa de contrabando agravado. Las penas más altas –ocho años de prisión– recayeron en Paolucci y en el empresario Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda como organizadores de esa asociación ilícita.

Los ex funcionarios de Aduana Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro recibieron una pena de 6 años y 6 meses de prisión y Rodolfo Trebino y Vanesa Calamante una de 6 años. Por el mismo caso Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, fue condenado a cinco años de prisión.

A esa causa se sumaron en el juzgado de Aguinsky otras investigaciones por diversas formas de contrabando. Había contenedores que ingresaban al país con ciertos productos pero se declaraba que traían otros. Además se detectaron prendas que llegaban al país y en las etiquetas decía “Hecho en Argentina”. Por la conjunción de todos estos casos hay 163 procesados (incluidos los condenados por el TOPE 2) y se dictaron embargos e inhibiciones de bienes por más de 158 mil millones de pesos. Operaban diferentes bandas. Algunas traían telas, otras artículos de bazar, otros contenedores multirrubro de artículos de “todo por dos pesos”. Pero nadie se metía en el “negocio” de otro.

En uno de los procesamientos, Aguinsky señaló: “La maniobra que pretendió llevarse adelante no fue más que una siniestra ‘iniciativa privada’ apalancada en la corrupta debilidad de quienes debían custodiar el interés y los recursos públicos”.

En los 1200 contenedores que están incautados por orden del juzgado de Aguinsky debido al accionar de la misma banda que tenía contactos importantes en la Aduana hay cientos de miles de productos que no tienen dueño. Muchos de ellos son falsificaciones de productos de marcas reconocidas delito denominado como “fraude marcario”.

El juzgado de Aguinsky publicó en septiembre de 2018, en el Centro de Información Judicial (CIJ), un detalle de los productos -que fueron incautados como consecuencia de la investigación de varios casos de contrabando que confluyen con el de “la mafia de los contenedores”- y donados a través del Ministerio de Desarrollo Social.

El comunicado del juzgado detalló: "Consiste en rollos de tela (aproximadamente 1.041.410 kilogramos), cemento (aproximadamente 441.900 kilogramos), caños (aproximadamente 55.460), alambre (aproximadamente 24.461 kilogramos), artículos de cocina (aproximadamente 277.344 kilogramos), juguetes (aproximadamente 211.217 kilogramos), libros para niños (aproximadamente 70.880 kilogramos), bolsos y mochilas (43.014 kilogramos), remeras (aproximadamente 20.632 kilogramos), buzos (aproximadamente 43.014 kilogramos), pantalones (aproximadamente 16.074 kilogramos), camperas (aproximadamente 58.226 kilogramos), piso flotante (aproximadamente 11.365 metros cuadrados), tubos fluorescentes (aproximadamente 10.000 kilogramos), goma eva (aproximadamente 13.711 kilogramos) y artículos electrónicos (aproximadamente 22.900 kilogramos)”.

Lo hallado en 518 contenedores confiscados ya fue entregado. Pero aún quedan por entregar los productos almacenados en otros 697 contenedores. Los productos que no se donen deben ser incinerados. Es lo que sucede, según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, con unos 250.000 pares de medias incautados que están a la espera de una decisión de la Aduana.

Todavía no pueden ser donados porque para que se produzca la donación las marcas afectadas por la falsificación deben autorizarlo. En este caso, las principales marcas de ropa deportiva no han aceptado -por el momento- que se realice la donación. Es que la normativa para estos casos prevé que la ropa con marcas falsificadas no pueda ser ingresada al mercado como si fuera real. Para ello hay que hacerles modificaciones a las prendas para que quede claro que no son las originales. Si no sucede nada en lo inmediato, esas medias que están embolsadas en los contenedores en paquetes de 100 kilos y que podrían distribuirse entre los más necesitados, serán quemadas.