Mientras se agudiza el conflicto por las tomas violentas de tierras -tanto privadas, como fiscales y hasta de áreas protegidas- y crece la movilización de los vecinos de la zona en reclamo del “urgente desalojo” y de que los integrantes de los grupos usurpadores “sean detenidos y condenados”, se multiplican también las críticas hacia la inacción -cuando no la connivencia- de las autoridades nacionales frente a lo que constituye un abierto desafío a las leyes vigentes y a las instituciones.
“Las tomas en Mascardi tienen el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, afirmó categórico el ex senador por Río Negro Miguel Ángel Pichetto.
“No haber previsto la toma de las tierras del INTA fue un verdadero desatino. Es tierra federal, una zona protegida”, dijo Pichetto, entrevistado por Walter Curia para el diario Rio Negro.
“Están ocupando también tierras nacionales, además de las de propiedad privada -denunció-. Es un hecho de una gravedad extraordinaria, que tiene en alguna medida el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, que preside la ex senadora Magdalena Odarda.
La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, apuntó directamente contra el organismo que encabeza Odarda: “En Villa Mascardi veo una participación por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que no es constructiva. Debería poder distinguir a las comunidades mapuches de un grupo violento que no reconoce al Estado nacional”.
Y destacó que el INAI no se ha pronunciado contra los métodos de los usurpadores: “No hay que dar lugar a especulaciones y ser claro en la condena de la violencia, provenga de quien provenga”, dijo.
“La toma ilegal de tierras constituye un delito”, dijo Carreras, quien además señaló que los usurpadores “están encapuchados en forma permanente”, son “muy violentos y tienen un discurso anarquista”.
También Miguel Ángel Pichetto aludió al discurso y a los métodos de los grupos que protagonizan las ocupaciones: “Hay toda una retórica -dijo- que tiene que ver con la radicalización de estos sectores, que se han hecho más violentos, con quema de cabañas y refugios, interrupción del paso de turistas”.
El ex senador destacó que estas acciones tienen lugar desde hace más de 6 ó 7 años “y se vienen agravando”. “Hay un componente ideológico que los une a los mapuches de la Araucanía en Chile. Esto también demanda una presencia del Estado nacional, de las fuerzas de seguridad”, sostuvo.
En su opinión, esa tierra “debería haber sido desalojada por decisión de la Justicia”. “Lo de la fiscal (Silvia Little) es bochornoso -agregó-. Si hubiera promovido la acción penal, la respuesta de la jueza debería haber sido ordenar el desalojo”.
Pichetto también señaló que “hay personajes vinculados a estos delitos que están vendiendo los lotes para una ocupación mayor” y que “cuando se amplíe el asentamiento” ello demandará “servicios que son imposibles de prestar”.
Se avalaría así una “pérdida irreparable para el Estado federal”, siguió diciendo Pichetto. Sumado al daño material inmediato para los propietarios y emprendedores de la zona: “La noticia de que Mascardi está ocupada por grupos violentos es letal para los intereses de Bariloche -dijo-. Respaldo plenamente la gestión de la gobernadora, que ha evitado un enfrentamiento entre ciudadanos, así como las declaraciones del senador Weretilneck. La primera instancia es el diálogo, y después hay que restablecer el orden, con presencia de las fuerzas de seguridad. Hay que volver a construir el Estado de derecho. Es una locura que un Estado organizado consienta esto. Tiene que aparecer el Estado con todos sus atributos, la ley, los jueces, los fiscales”.
El sábado, en respuesta a las declaraciones de la gobernadora de Río Negro, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, defendió el rol del organismo: “No vamos a responder a los agravios (sic)- dijo la funcionaria nacional-. Seguiremos trabajando denodadamente en una salida que tenga que ver con la reivindicación de derechos de todas las personas”,
En declaraciones a Infobae, Odarda dijo: “Vamos a demostrar que el camino de la represión y de las balas no es el camino correcto en un Estado de derecho, no nos vamos a mover ni un ápice de esa posición pacífica”.
Hasta ahora, el INAI no ha condenado el accionar violentos de los ocupantes ilegales de tierras -que suelen disparar con armas de fuego contra las propiedades y los vehículos de los vecinos de la zona.
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