El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) enviará unos cinco especialistas en fallas tectónicas a Panamá para investigar el sistema geológico relacionado con el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país el pasado 9 de octubre y provocó graves daños en viviendas e infraestructuras de varias provincias.
El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, informó que se gestionan las colaboraciones con la institución estadounidense para realizar investigaciones de campo y acompañar a los científicos nacionales. El objetivo será examinar detalladamente los sistemas de fallas y recopilar observaciones sobre el terreno.
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Los trabajos también contarán con la participación del Colegio de Geólogos de Panamá y especialistas de Costa Rica, quienes contribuirán al análisis de los esfuerzos tectónicos. Además, se espera recibir apoyo de la Universidad de Utah, aunque todavía no se ha anunciado un calendario para las investigaciones.
La colaboración internacional se produce casi un mes después del terremoto que tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, a una profundidad de cuatro kilómetros. El movimiento ocurrió a las 12:56 p. m. y fue percibido en buena parte del territorio nacional.
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El Instituto de Geociencias estableció una magnitud de 7.5, mientras que el Servicio Geológico estadounidense calculó inicialmente 7.7. El evento estuvo relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná, cuya actividad ha mantenido a los científicos pendientes de las réplicas y de posibles modificaciones en el terreno.
Luque explicó anteriormente que el terremoto liberó energía acumulada durante aproximadamente un siglo en una porción de ese sistema tectónico. Aunque consideró poco probable otro evento de igual magnitud en el mismo sector a corto plazo, advirtió que los terremotos no pueden predecirse.
La actividad sísmica continuó durante las semanas siguientes. El 31 de octubre, dos movimientos de magnitudes 5.8 y 5.9 se registraron con apenas un segundo de diferencia en las proximidades de Tonosí. Ambos tuvieron epicentros distintos y fueron sentidos incluso en sectores de la capital panameña.
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El terremoto del 9 de octubre dejó tres víctimas mortales, todas mujeres, cuyos fallecimientos se registraron entre el 14 y el 30 de octubre. La última fue una paciente de 86 años que permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud, mientras las otras dos fallecieron por lesiones relacionadas con el sismo, una de ellas durante la evacuación de una escuela.
Las consecuencias materiales siguen siendo considerables. El balance del Sistema Nacional de Protección Civil, actualizado al 2 de noviembre, identificó 4,633 viviendas con daños totales y otras 11,107 con afectaciones moderadas o parciales. En conjunto, las autoridades habían evaluado 19,865 residencias en distintas regiones del país.
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El mismo informe registró 4,125 viviendas con daños leves o menores y evaluaciones que abarcaron a 63,767 personas en diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé. Además, 3,356 damnificados permanecían en 113 albergues, sin poder regresar todavía a sus hogares.
La emergencia también afectó servicios esenciales. Los reportes oficiales contabilizaron 619 centros educativos con algún tipo de daño, mientras las inspecciones estructurales se extendieron a instalaciones sanitarias, puentes, carreteras y edificios públicos. Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las provincias más perjudicadas.
Otro efecto importante fue la inestabilidad de las laderas. Mediante imágenes satelitales, el Instituto de Geociencias identificó al menos 2,351 deslizamientos de tierra asociados al terremoto. El cálculo es preliminar porque la nubosidad dificultó examinar algunas zonas y todavía requiere verificaciones adicionales sobre el terreno.
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La llegada de los especialistas estadounidenses permitirá ampliar las observaciones geológicas en las áreas afectadas y contrastar los hallazgos con los estudios de los investigadores panameños. Los resultados podrían contribuir a comprender mejor el comportamiento del sistema Azuero-Soná y fortalecer el conocimiento científico sobre la amenaza sísmica del país.
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