La toma ilegal de tierras en Guernica, en la localidad de Presidente Perón, es una de las más grandes del país y la que genera mayor preocupación en el gobierno bonaerense. Más de mil personas se instalaron con carpas y chozas en cerca de 100 hectáreas, dividas en dos terrenos. La gente comenzó a instalarse a partir del 20 de julio y poco a poco la zona se pobló con estructuras muy precarias.
En los terrenos hay casillas construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Algunos vecinos intentan hacer llegar la luz y ayudan a otros a que esos pequeños refugios se mantengan en pie. Movimientos que se hacen sin policía a la vista y con los intendentes buscando encontrar una salida para que no avancen las usurpaciones.
“No tengo para pagar el alquiler y soy madre de cuatro chicos. Mi marido falleció hace 7 meses. Me quedé sin trabajo y tuve que dejar de pagar el alquiler de mi casa”, dijo una mujer, en diálogo con TN, mientras mostraba que su refugio se había inundado por la lluvia de ayer. Historias como esas se repiten en Guernica y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires donde las tomas se multiplican.
En el lugar se vivieron escenas de mucha violencia. Se enfrentaron con piedras y palos con presuntos dueños del terreno que llegaron hasta el lugar a caballo e intentaron correrlos. Después de ese episodio, la toma continuó y se mantuvo en el tiempo hasta el día de hoy.
Las personas que usurparon los terrenos son asesorados y representados por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en causas populares.
En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se usurparon predios donde se iban a construir barrios cerrados –como en Guernica– y hasta complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o con un freno en la construcción, como el denominado barrio ACUMAR, en González Catán.
Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresaron su preocupación por la usurpación de tierras y coincidieron en que se trata de “actos ilegales”. Frederic sostuvo que la usurpación de tierras son “actos ilegales”, pero asumió que al mismo tiempo “algunas de estas personas, no todas, sufren necesidades habitacionales”.
En este marco, aseguró que desde el Estado “se está trabajando para que esta situación se pueda prevenir de manera planificada” al tiempo que explicó que es la Justicia la que “interviene y toma la decisión de que las fuerzas federales realicen determinadas acciones de custodia o desalojo” de los predios involucrados en usurpaciones.
En tanto, el gobernador bonaerense encabezó una reunión con intendentes en cuyos distritos se registran tomas de tierras y, tras ese encuentro, afirmó que “las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas”. ”Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero éste no se soluciona con intrusiones ilegales”, dijo Kicillof tras reunirse durante unas tres horas con los jefes comunales de Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui, San Vicente, Berisso, La Matanza, San Fernando, Quilmes, Presidente Perón y Malvinas Argentinas.
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