Juntos por el Cambio cuestionó la ofensiva del Gobierno contra los jueces y se prepara para dar batalla en la Justicia

"No hay antecedentes de algo similar en la historia de la Argentina", aseguró Pablo Tonelli. Esta tarde se reunirán para analizar qué medidas adoptarán frente a la jugada del Gobierno para desplazar a magistrados

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“Lo que están haciendo en el Senado es monstruoso, es de una ilegalidad absoluta que no registra antecedentes en la historia argentina y solo puede ser comprendida por una actitud vengativa de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner”, fue la reacción instantánea de uno de los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio cuando se enteró por Infobae de que en el Boletín Oficial se publicó hoy la convocatoria para una audiencia para tratar los pliegos de 10 jueces trasladados con aval de la Corte Suprema. Y anticipó que, “seguramente”, hoy realizarán un encuentro virtual para decidir qué hacer ante esta nueva ofensiva.

Por su lado, Pablo Tonelli, representante de JxC en el Consejo de la Magistratura, dijo que “estamos en presencia de un delito penal que deberá ser juzgado”. Es que la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti le ordenó al Senado que suspenda la revisión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

“El destinatario no tiene atribución ninguna para discutir la orden judicial, tiene que cumplirla y, si no está de acuerdo, apelarla. Lo que está haciendo el Senado es desacato, desobediencia, y los responsables (de convocar a la audiencia pública) tienen que ser juzgados”, aseguró el diputado.

Para Tonelli se está configurando un “conflicto de poderes, que obligará a la intervención de la Corte Suprema por violación del mandato legal y constitucional que está ocurriendo en el Senado”. Y aunque no pudo precisar de qué modo puede continuar esta particular situación, el diputado cree que podría intervenir la acción de un fiscal, pidiendo que se tomen las acciones penales del caso, que “es de extrema gravedad”.

Pablo Tonelli junto a Julio Piumato (Adrián Escandar)
Pablo Tonelli junto a Julio Piumato (Adrián Escandar)

Además de los casos de Bruglia y Bertuzzi, que la administración de Mauricio Macri trasladó –y que después fue avalado por la Corte Suprema en su acordada 7/2018–, el Gobierno objeta otros ocho jueces, Zunilda Nirembrger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

Dos días después del banderazo del 17A y el pedido de varios bloques opositores al Gobierno de que retire el proyecto de reforma judicial, hoy se publicó la convocatoria para tratar el pliego de 10 jueces el 4 de septiembre a las 10:30 por videoconferencia. Previamente hay un plazo del 21 al 27 de agosto, inclusive, para que organizaciones civiles, de derecho y ciudadanos puedan hacer presentaciones con apoyos o críticas a los postulantes y preguntas para la audiencia.

En la acordada 7/2018 de la CSJN, en la foja 5, se establece claramente que es factible “la hipótesis del traslado de un magistrado nacional de la Capital Federal para desempeñar las funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, mediante el consentimiento respectivo”. Y en relación a una acordada anterior, la 4/2018, que es la que esgrime el oficialismo, la juzgó “diametralmente diferente”, ya que se estaba hablando de jueces que no estaban en la misma jurisdicción o competencia.

Reunión remota de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2020, en Buenos Aires, Argentina (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
Reunión remota de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2020, en Buenos Aires, Argentina (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Las fundaciones Alem, Pensar y el Instituto Hannah Arendt ya tenían previsto realizar un evento el próximo sábado para debatir en torno a la reforma judicial, una temática en la que están muy activos, para impulsar en la sociedad civil una discusión que consideran el Gobierno está politizando, sin favorecer la eficiencia y calidad de la Justicia. Es muy probable, entonces, que este asunto forme parte de la agenda de discusión también.

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