Se divide la causa “Formosa”: Gildo Insfrán y otros funcionarios provinciales serán investigados en su provincia

El gobernador de Formosa Gildo Insfrán y otros tres funcionarios provinciales acusados de tener participación directa en la contratación de la firma The Old Fund, que cobró $7.600.000 por un supuesto asesoramiento con la deuda pública con el Estado Nacional, serán investigados por la Justicia de su provincia. El juez federal Ariel Lijo se declaró incompetente respecto a los funcionarios de Formosa, pero seguirá a cargo de la causa respecto al ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.

Ante un planteo de la defensa de Insfrán, a cargo de Sergio Vargas, Lijo declaró su incompetencia parcial para investigar al gobernador, a la ex ministra de Economía Inés Lotto de Vecchietti, a Jorge Ubaldo Melchor (ex titular del Fonfipro formoseño) y a Martín Cortés (presidente del Banco de Formosa). Ese tramo de la investigación pasará a manos del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, que ya tiene una causa abierta en 2012 por los mismos hechos.

Ese expediente se inició a raíz de una denuncia del senador Luis Carlos Petcoff Naidenoff. En pocos meses el juez provincial decidió sobreseer a Jorge Ubaldo Melchor.

El ex titular del Fonfipro también integró la lista de imputados que declararon en indagatoria ante el juez Lijo. A comienzos de 2017 desfilaron por Comodoro Py todos los funcionarios de Formosa junto a Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele. Hasta ahora no fueron procesados.

La Justicia comprobó en estos años que The Old Fund, una firma sin experiencia en el mercado de la consultoría y sin actividad comercial antes de quedarse con Ciccone, cobró $7,6 millones del Fonfipro por un supuesto asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial.

En julio de 2009, Amado Boudou llegó al ministerio de Economía y en septiembre de ese año la provincia firmó el convenio con The Old Fund, la firma a nombre de Vandenbroele. En marzo de 2010, se firmó una adenda al acuerdo.

El gobierno de Formosa utilizó al Fonfipro para el pago de la factura número 3 del talonario de The Old Fund. Esa factura -la primera, ya que las anteriores fueron anuladas- fue emitida el 20 de mayo de 2010. Fue Melchor el funcionario que hizo, el 21 de mayo, la retención de $156 mil de impuesto a las ganancias por aquella operación.

En ese estado de la causa, los abogados de Insfrán manifestaron que la actuación del gobernador vinculada al proceso de reestructuración de la deuda son “actos administrativos de su exclusiva competencia, de estricto contenido de Derecho Público Provincial”.

En una resolución a la que tuvo acceso Infobae, Lijo sostuvo que “la responsabilidad de Insfrán, Lotto de Vecchietti, Melchor y Cortés deberá ser dilucidada por la justicia provincial de Formosa, mientras que el reproche penal que pudiera hacerse respecto de la conducta de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y Martínez resulta materia propia de este fuero de excepción; por cuanto quien se desempeñaba en ese momento como Ministro de Economía de la Nación habría delineado, junto con Núñez Carmona, Vandenbroele y Martínez, la maniobra que resulta objeto de este proceso”.

El argumento para resolver de esa manera es un fallo de la Corte Suprema que dispuso que ante la intervención de funcionarios federales y provinciales en un mismo hecho, “corresponde la escisión del expediente a los efectos de que la justicia de excepción entienda en la responsabilidad que podría corresponderle a los funcionarios nacionales, mientras que la justicia provincial debía dilucidar la imputación realizada a los funcionarios locales”.

Sin embargo, la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción había rechazado el pedido de los abogados de Insfrán. Algo similar planteó la defensa de Amado Boudou. Su abogado Eduardo Durañona sostuvo que “los hechos investigados no pueden ser analizados de manera parcial y, por ende, no podrían ser escindidos a fin de que se investigue a los funcionarios que participaron en tribunales de diferente jurisdicción”.