Adrián Escandar 162
Adrián Escandar 162

El Fondo Fiduciario Provincial de Formosa se hizo conocido en los últimos tiempos porque desde allí salieron 7.6 millones de pesos que fueron a parar a las arcas del misterioso fondo The Old Fund. Esa enorme suma de dinero se pagó a fines de mayo de 2010 en concepto de asesoramiento para la reestructuración de la deuda que Formosa tenía con el gobierno nacional.

Amado Boudou, hoy vicepresidente, era por entonces el ministro de Economía que formalizó la reestructuración de la deuda de la provincia que maneja el hoy kirchnerista Gildo Insfrán. The Old Fund, una empresa sin experiencia, sin empleados, emitió la factura número 3 de su talonario y cobró por el inexplicable asesoramiento. Las primeras dos facturas fueron anuladas.

El juez Ariel Lijo, procesó a Boudou porque considera probado que pertenece al vice la sociedad The Old Fund, que se quedó con la imprenta Ciccone. Lijo sostuvo que, según su investigación, el cobro del asesoramiento por la deuda de Formosa fue un negocio vinculado a Boudou. El convenio entre Formosa y The Old Fund fue firmado por Jorge Ubaldo Melchor como administrador del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) y Alejandro Vandenbroele –acusado de ser testaferro de Boudou– en nombre de la ignota consultora. Parte de esos 7,6 millones fueron pagados luego a la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación SA, que maneja Martín Cortés, un operador de Insfrán quien en los últimos años se transformó en accionista, director y presidente del Banco de Formosa. En su indagatoria por el caso Ciccone, Boudou señaló que el convenio entre Formosa y el gobierno nacional había sido iniciado por su antecesor en el Ministerio de Economía, Carlos Fernández. El caso de Formosa es investigado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo en una causa separada de la de Ciccone.

El Fonfipro estuvo en la mira judicial del juez Norberto Oyarbide cuando tuvo a su cargo el caso Skanska, el primer escándalo por corrupción del kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio tiene en su juzgado una causa por lavado de dinero en la que Melchor será indagado el 13 de agosto próximo. La causa comenzó en 2007 debido a una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) canalizada a través de la que era la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero, que estaba a cargo del fiscal Raúl Pleé. La UIF había recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del Banco Francés por depósitos y retiros de una cuenta a nombre de la firma "Possi Publicidad".

Entre enero y diciembre de 2006 se depositaron en la cuenta de esa firma 2,3 millones de pesos en efectivo. Una vez que el dinero estaba en la cuenta, de inmediato –según explicaron fuentes judiciales– Guillermo Rossi, una de los integrantes de la agencia de publicidad, sacaba los fondos mediante el cobro de cheques. Salieron 2 millones de pesos de la cuenta y el 75% pasó al Fonfipro.

Según los investigadores judiciales, la agencia de publicidad no tenía actividad, por lo que no se sabe de dónde provenía el dinero que entró a la cuenta. Eso se cobró y llegó a la cuenta del Fonfipro, que lo transformó en efectivo luego de una quita de un porcentaje mínimo que cobraba una intermediaria. Para traducir, el Fonfipro funcionaba como una cueva financiera. Entraban cheques y salía el efectivo menos un porcentaje que se quedaba la firma Boar por su gestión de cobro.

Por esa maniobra tendrán que declarar Melchor, otros dos funcionarios y los integrantes de la sospechada agencia "Possi": Santiago Podestá y Guillermo Rossi.

Nuevamente aparece el Fonfipro involucrado en un caso de dineros oscuros y de empresas privadas. Un juez federal porteño tal vez llegue a dilucidar si se cometió delito con fondos públicos, algo que parece muy difícil que lo pueda llevar adelante la justicia de la provincia de Insfrán.