León Arslanian, uno de los asesores judiciales convocados por el Presidente: “Esta Corte tiene buenos miembros, el problema es el exceso de tarea”

Hoy por la tarde, el presidente Alberto Fernández presentará el proyecto de reforma judicial, listo para ingresar al Congreso de la Nación por el Senado. Para ello el mandatario conformó un consejo de asesores que estará a cargo de la reforma de la Corte Suprema, los cambios en el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos fiscales y la instauración de juicios por jurados.

Uno de los miembros de este grupo será León Carlos Arslanian, de profesión abogado, también ex ministro de Justicia de la Nación (entre 1989 y 1992) y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (entre 2004 y 2007).

“Siempre es importante, para un hombre del derecho, ser convocado para llevar a cambios reformas o lo que fuere, mucho más en este caso que es el Presidente el que convoca. Esa fue la razón fundamental, más allá de mi simpatía política”, manifestó Arslanian en diálogo con Radio Con Vos.

“La comisión se ha generado para eso. Es un programa de dos partes: la reforma del Código Procesal Penal y la introducción de un nuevo fuero federal; el Presidente ha trabajado en su propia mano de eso. El trabajo es hacer una especie de relevamiento en la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y los juicios por jurados. Identificar, como primera medida, cuáles serian los aspectos salientes sobre los que tienen que versar cualquier propuesta de reforma. Ese va a ser el primer paso de la comisión que voy a integrar. Después iremos viendo módulo por módulo”, ahondó el ex juez.

También detalló que este grupo tendrá un plazo de 90 días y que los resultados serán recibidos por el propio Fernández, quien “directamente tomará las decisiones pertinentes que le plazcan. Es un insumo para delinear la política de gobierno en material político judicial”, detalló Arslanian, ex camarista en el juicio a las Juntas Militares.

Junto al ex funcionario público, los otros 10 integrantes son: Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, Inés Weinberg de Roca, ex candidata a la Procuración postulada por Mauricio Macri, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal, Gustavo Ferreyra, constitucionalista, Marisa Herrera, experta en derecho de familia, e Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las cortes de Buenos Aires, Tucumán y Tierra del Fuego, respectivamente.

En cuanto a la reforma en la Justicia, Arslanian sostuvo que uno de los aspectos salientes es “la tardanza en el tiempo que lleva cubrir una vacante o llevar a cabo un concurso. Una vacante tarda más de dos años, esto conspira mucho, hay muchas vacantes en el Poder Judicial y tienen que ver con la demora en el Consejo de la Magistratura. Esto tiene que ser revisto y debe haber un aporte a la materia”.

En relación a la la posible modificación del máximo tribunal, indicó que “es uno de los puntos sobre los cuales vamos a debatir, pero no es el punto. El haberlo seleccionado dentro de los cuatro módulos no está dado en función del incremento a nueve ministros de la corte, sino en cantidad de razones que tienen que ver con los recursos extraordinarios. La primera cuestión es despejar las suspicacias de que esto está para producir una Corte customizada. El programa es basto y ambicioso”.

Y reiteró: “Es una opinión más, un insumo más que tendrá el Presidente para tomar su decisiones. Argentina tuvo cinco, siete, nueve miembros, y en dos oportunidades. Si vamos a mirar el Derecho comparado, hay cortes de 30. Colombia tiene 23, Chile 21, Brasil 11, Francia tiene 27, el supremo de España tiene 79. Lo menciono, no para propiciar un aumento, si no para que se advierta lo que pasa en el mundo”.

Arslanian manifestó que “el principal problema es que hay una demora excesiva a causa de el extraordinario ingreso de expedientes que tiene la Corte. Cada año ingresan 28 mil expedientes nuevos, y cada año la Corte despacha entre 7 y 10 mil sentencias. Son números espeluznantes. Esto conduce a una demora, hay que ver qué soluciones se aplican a esto. Una ampliación tendría sentido si conduce a un objetivo de dividir en salas. Esta Corte funciona muy bien, son muy buenos sus miembros, el problema que tiene es el exceso de tarea”.

Consultado por el rol que adoptará la oposición ante este nuevo proyecto, completó: “No deberían sentir resquemores, esto que vamos a ser nosotros es emitir una opinión, no tiene fuerza vinculante, y puede o no ser receptado. Cuando esto llegue al Congreso, la oposición va a tener enormes facultades de discutir e intervenir como corresponde”.

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