La Justicia de Mendoza busca identificar a las personas que participaron del último banderazo masivo en defensa de la Constitución y para reclamar el respeto a las instituciones, el 9 de julio pasado, para iniciar así una causa en su contra por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Se trata de una investigación de oficio que se inició luego de la protesta y que recayó en la fiscal Gabriela García Cobos, quien este viernes por la noche se encontraba revisando las cámaras de seguridad de la zona y buscando testigos para dar con los más de 300 manifestantes que acudieron ese día a la peatonal de la capital mendocina.
Una vez que sean localizados, muchos de ellos podrán quedar imputados por incumplir el artículo 205 del Código Penal de la Nación, el cual establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
“Hemos pedidos las cámaras de seguridad del lugar y a testigos para poder identificarlos, porque muchos de ellos estaban con barbijos y con la cara tapada, y no podemos acusarlos si no sabemos quiénes son. Pero estamos dispuestos a imputarlos porque lo que hicieron está prohibido por la ley”, explicó el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, en diálogo con Infobae.
El funcionario precisó que la Justicia “actuó de oficio” basándose en el Decreto provincial N° 700/20 y sus posteriores modificaciones, el cual “regula los encuentros familiares y con amigos” a nivel local durante la pandemia y “en uno de los apartados aclara que quedan prohibidas todo tipo de reuniones en los espacios públicos”.
En este sentido, el procurador destacó que no existe “ningún motivo para no imputar” a las personas que participaron del banderazo y aseguró que este “no es un problema ideológico”, sino que la investigación comenzó porque se violaron las normativas vigentes.
De hecho, Gullé recordó que días atrás la Policía local desalojó una protesta callejera de un grupo de trabajadores estatales afiliados al sindicato ATE que estaban reclamando mejoras salariales, de los cuales 40 quedaron detenidos y fueron acusados de romper la cuarentena.
“Estamos en alerta sanitaria en la provincia, entonces es un disparate empezar a generar reuniones masivas. Si imputamos a los que se juntan sin permiso, a los que hacen otro tipo de protestas, no hay motivo para no actuar en este caso. No importa de qué lado estén, nadie puede manifestarse en espacios públicos porque está prohibido por la ley”, remarcó el funcionario.
Además, señaló: “Es importante destacar que todo lo que se hizo hasta el momento con la cuarentena se puede echar a perder en una sola tarde. Ya pasó eso de que por una reunión hubo un brote de infectados y se tuvo que dar marcha atrás”.
Por otra parte, Gullé precisó que a nivel local hasta el momento ya hay “más de 6 mil imputados” por diferentes hechos relacionados con la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los cuales “200 fueron condenados”.
Al igual que en otras ciudades de la Argentina, en la capital mendocina cientos de personas salieron a la calle el pasado 9 de julio, durante el feriado del Día de la Independencia, para manifestarse en contra de algunas políticas del Gobierno y reclamar el respeto por la Constitución y las instituciones.
En este caso en particular, la gente se concentró en la intersección de la Avenida San Martín y la Peatonal. Durante el encuentro se pidió también que se avance con la construcción de la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, cuya financiación está frenada por parte del Ejecutivo nacional y es la “mayor obra de ingeniería civil de la historia” de esta provincia, según la administración del gobernador Rodolfo Suárez.
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