
Primero se anunció para el 24 de junio, luego para el 1 de julio y finalmente para el 8. Nunca se superaron las fallas técnicas y ahora el futuro del juicio por la “ruta del dinero K” es una incógnita. La nueva fecha estipulada es el 22 de este mes, aunque ya nadie se anima a dar un pronóstico. El Tribunal Oral Federal 4 volvió a postergar el reinicio y culpó a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura por las dificultades técnicas. “A la fecha no se ha avanzado en la solución de los inconvenientes que se presentaron, pese a la predisposición del Tribunal y las partes del proceso de realizar dos audiencias virtuales de prueba”, dice una notificación a la que tuvo acceso Infobae.
Hasta ahora hubo dos simulacros. En el primero hubo todo tipo de fallas: varios de los abogados defensores y hasta los propios jueces tuvieron inconvenientes con el sonido. El 24 de junio se hizo otra prueba. En ese caso se dividió a los participantes en dos salas virtuales para mejorar la transmisión. En una de las salas estaban los jueces del TOF 4, el fiscal Abel Córdoba y los abogados de la Oficina Anticorrupción (OA), que deberían terminar su alegato en la próxima audiencia. En esa sala no hubo mayores problemas. Pero las fallas aparecieron en la sala donde estuvieron los abogados defensores.
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Hasta los abogados que en un comienzo querían retomar el juicio de cualquier manera luego de esa prueba coincidieron que no estaban dadas las condiciones. “A este ritmo no se va a poder empezar antes de octubre”, se lamentó uno de los defensores que más defiende el sistema de videoconferencia.
La nueva prueba técnica se haría el próximo lunes. Esta vez ya no se utilizará la plataforma que se usó hasta ahora, Jitsi Meet, sino que se intentará con Zoom.
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Por las dificultades técnicas, en el TOF 4 intentan buscar un “plan B”, a través de algún canal de difusión pública. Por eso, la resolución que suspende la audiencia del miércoles 8 también comunica que se enviará un oficio al CIJ, que depende de la Corte Suprema, “haciendo saber lo informado y solicitando se arbitren los medios a su alcance para poder efectuar la publicidad de las próximas audiencias de este juicio”.
El juicio, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares, se había suspendido el 11 de marzo con la primera parte del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA), que todavía debe pedir las penas.
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Los otros dos organismos que representan al Estado fueron muy duros contra Báez y también contra sus hijos. De hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP ya pidieron penas para todos los acusados.
El dueño de Austral Construcciones fue uno de los primeros que se opuso al juicio a distancia. Su defensa ya había argumentado que el sistema remoto dificulta la defensa de los imputados. Otros abogados defensores también se quejaron. De hecho, el propio fiscal Abel Córdoba nunca estuvo muy convencido del sistema a distancia y prefería un sistema mixto.
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Algunas de las defensas, incluso, cuestionaron el sistema de videoconferencia ante instancias superiores pero esta semana la Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, avaló el reinicio remoto del juicio contra Báez y otros 24 acusados.
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