La CIDH publicó las propuestas de los 10 finalistas para dirigir la Relatoría de Libertad de Expresión y abre espacio de observaciones

La CIDH difundió este sábado 8 de agosto la propuesta de trabajo de los 10 finalistas para conducir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, una definición que cerrará el 30 de septiembre y que marcará quién asumirá el 1 de noviembre en un cargo con sede en Washington D.C. y mandato regional para promover y proteger ese derecho en las Américas.

La selección surgió de una evaluación de 145 candidaturas llegadas desde 22 países. La decisión preliminar se tomó en una sesión interna celebrada el 24 de julio de 2026 y abrió una etapa de consulta pública que se extenderá hasta el 27 de agosto.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante ese período los Estados Miembros de la OEA y organizaciones de la sociedad civil podrán enviar observaciones sobre las personas finalistas mediante un formulario oficial. El mecanismo, indicó el organismo, responde al artículo 15.4 de su reglamento.

La lista reúne postulaciones de Colombia, Venezuela, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Argentina. Los nombres son Raissa Carrillo Villamizar, Carlos José Correa Barros, Viviana Sarah Giacaman, Mauricio Herrera Ulloa, María Miño Buitrón, Alejandra Negrete Morayta, Matías Ponce, César Ricaurte, María Daniela Rivero Gutiérrez y Laura Salas Sánchez.

Los finalistas concentraron sus propuestas en violencia, entorno digital e implementación de estándares

Los diez candidatos presentaron videos de dos minutos con sus prioridades para la relatoría. Aunque las agendas convergen en varios puntos, las propuestas muestran diferencias en enfoque, gestión y áreas de intervención.

Carrillo Villamizar puso el acento en su experiencia en litigios ante el sistema interamericano, incluidos los casos de los periodistas Jineth Bedoya, Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres. También planteó que la relatoría asista a la Comisión en el diseño de su próximo plan estratégico.

Correa Barros organizó su propuesta en tres ejes: protección de la vida e integridad de periodistas, freno al acoso judicial del Estado y defensa de los derechos digitales frente a la vigilancia y la inteligencia artificial. Giacaman, por su parte, propuso ampliar el alcance de los estándares ya desarrollados por el sistema interamericano, reforzar la sostenibilidad financiera de la relatoría y mejorar la comunicación estratégica con quienes toman decisiones.

Mauricio Herrera Ulloa centró su postulación en la impunidad en los crímenes contra periodistas. Lo formuló así: “Centenares de agresiones siguen sin juicios ni condenas. El mayor disuasor de nuevos asesinatos y ataques son las investigaciones diligentes, juicios y condenas contra los responsables”.

Miño Buitrón señaló como prioridades el impacto del crimen organizado sobre el periodismo de investigación y la regulación de la inteligencia artificial en el ecosistema democrático. También propuso incorporar herramientas de gestión digital en el despacho legal de la relatoría para reducir el atraso procesal.

Negrete Morayta afirmó que la región enfrenta una brecha entre los estándares construidos en el sistema interamericano y su aplicación efectiva. Con 18 años de experiencia en ese ámbito, planteó fortalecer la protección integral frente a la violencia, la vigilancia y el desplazamiento de periodistas.

La relatoría tendrá sede en Washington D.C. y deberá rendir cuentas ante la Comisión

Ponce presentó un plan estratégico para el período 2026-2029 con objetivos verificables y rendición de cuentas pública. Su propuesta incluye elevar de 25 a 50 las audiencias y reuniones especiales por año, crear un hackatón interamericano llamado Libertad Lab y desarrollar leyes modelo sobre gobernanza de plataformas digitales y neurotecnologías.

En su video, Ponce sostuvo: “Los desafíos avanzan a velocidad inédita. Debemos anticiparnos y convertir estándares en acciones”. Ricaurte, fundador de organizaciones de defensa de la libertad de expresión en Ecuador, propuso una nueva agenda hemisférica basada en prevención, protección y corresponsabilidad, con atención especial a las mujeres periodistas y a regiones menos visibilizadas como el Caribe y Centroamérica.

Su síntesis de campaña fue breve: “Menos luto, más democracia”. Rivero Gutiérrez, en tanto, planteó incorporar una perspectiva interseccional como eje transversal, fortalecer la sostenibilidad institucional de la relatoría, diversificar sus fuentes de financiamiento e innovar en los estándares interamericanos frente al entorno digital y las crisis democráticas.

Salas Sánchez propuso una matriz de análisis de tres dimensiones: seguridad física, actuación institucional y jurídica, y entorno digital. El objetivo, explicó, es que los informes de la relatoría produzcan “recomendaciones específicas basadas en los estándares interamericanos de derechos humanos”.

El proceso de postulación y selección se rige por los criterios fijados en la convocatoria publicada el 15 de abril de 2026. De acuerdo con la CIDH, entre los factores considerados figuran la representación geográfica amplia, la equidad y la igualdad de género.

La persona finalmente designada deberá rendir cuentas a la Comisión, trabajar en coordinación con su Secretaría Ejecutiva y desempeñar sus funciones en la sede de la OEA en Washington D.C.