Harán peritajes en Ezeiza y en Melchor Romero para determinar si hubo presos que fueron espiados

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó realizar un peritaje en cuatro pabellones de la cárcel de Ezeiza donde estuvieron detenidos ex funcionarios y empresarios para determinar si hay rastros de un presunto espionaje ilegal mientras estuvieron presos. El magistrado tomó la misma medida en la cárcel bonaerense de Melchor Romero.

Ambas unidades fueron allanadas por el Villena a medidos de julio y se encontraron cableados. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez le encomendó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con “carácter de muy urgente” un peritaje en esas cárceles .

El magistrado investiga un presunto espionaje que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri a distintos dirigentes políticos, sindicales y jueces, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y los ex diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot. El espionaje, según consta en la causa, se realizó con seguimientos, fotografías, filmaciones y dossiers y estuvo a cargo de agentes que compartían sus resultados en dos grupos de whatsapp, “Super Mario Bross” y Argentina”.

Una de las líneas de investigación es que el espionaje ilegal también se hizo en la cárcel de Ezeiza donde funcionaba el Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), que era el sector especialmente creado para presos de alto perfil político, económico o de criminalidad compleja. Allí estaban detenidos los ex funcionarios, empresarios y narcotraficantes.

El juez Villena le pidió a la Facultad de Ingeniería que conforme un equipo integrado por un ingeniero civil, otro químico y otro eléctrico para vayan a la cárcel de Ezeiza y determinen si en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial VI (donde funcionaba el IRIC) “existen rastros y/o evidencias que permitan establecer que se hayan colocado micrófonos y/o cámaras de videofilmación”. “En su caso, se determine la antigüedad de la obra, elementos utilizados para la perforación (herramientas mecánicas o manuales), la posibilidad de efectuar derivaciones del cableado necesario para llevar a cabo ese tipo de instalaciones y si los mismos fueron luego ocultados (en caso afirmativo, método de ocultamiento)”, agrega el pedido.

El magistrado les dio a los peritos acceso al cableado que se halló en el allanamiento y les preguntó “si los mismos resultan ser los utilizados para realizar la colocación de micrófonos y/o cámaras de videofilmación”.

En esos pabellones del IRIC estuvieron presos el ex vicepresidente Amado Boudou, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, varios ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal como Roberto Baratta, Rafael Llorens y Carlos Kirchner. También varios empresarios como Cristobal López, Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra y Lázaro Báez. La mayoría ya salió de prisión y de los que quedan solo Báez continúa en ese sector. Jaime, Schiavi y José María Nuñez Carmona -socio y amigo de Boudou- fueron trasladados a la Unidad 31 de Ezeiza, que está al lado de la principal, donde se creó otro pabellón de IRIC.

Villena ya convocó como víctimas del espionaje a ilegal a Llorens, Ferreyra y De Sousa, a quiénes se les exhibió lo que se encontró sobre ellos y se presentaron como querellantes. “Lo que vi da asco”, dijo De Sousa. Los tres declararon en la causa y contaron cómo y por qué se sentían espiados cuando estuvieron detenidos. Y la fiscal Cecilia Incardona pidió que declaren los ex funcionarios como Baratta, Jaime y Luis D´Elia y el abogado Jorge Chueco. También irá en los próximos días Lázaro Báez, aún tras las rejas y cuyos abogados estuvieron el día del allanamiento en la cárcel.

Fuentes con acceso a la causa contaron a Infobae que el cableado hallado en la cárcel de Ezeiza estaba en la celda de Mario Segovia. Conocido como el “rey de la efedrina” y condenado a 14 años de prisión, Segovia fue escuchado, filmado y seguido en la cárcel por orden del juez Villena. En 2016, el Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Patricia Bullrich, denunció que Segovia podía estar implicado en el intento de ingresar al país una bomba. La AFI le recomendó a Villena ordenar la intervención del teléfono del pabellón de Segovia, poner una cámara en su celda y seguir sus movimientos dentro del penal. Eso fue lo que el magistrado ordenó y que amplió ante el vencimiento de la medida.

De esa intervención telefónica al pabellón de Segovia se hicieron públicas las conversaciones de ex funcionarios en lo que se conoció como “Puf”.

Por el presunto espionaje en la cárcel de Ezeiza están imputados el ex jefe del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, el ex jefe de Inteligencia Cristian Suriano y el asesor Fernando Carra. Un testigo de identidad reserva declaró en la causa cómo era el presunto espionaje en la unidad y el juez Villena allanó las dependencias de inteligencia del Servicio en el barrio de Flores.

“Yo jamás vi un cable, un micrófono ni nada por el estilo. Mis conversaciones con los internos de Ezeiza, las hacía dentro del pabellón. Por lo cual mal puedo pretender ocultar algo si estaba todo filmado”, dijo Carra en una entrevista con Infobae.

El juez Villena también le pidió a los ingenieros de la UBA analizar la alcaidía de la cárcel de Melchor Romero. Les pidió saber si en el patio exterior, en el pasillo interior, en la sala de termotanque, en el patio y la terraza Oficina de Vigilancia y Tratamiento del pabellón 6 y en la Sala de Abogados “existen orificios en paredes como así también en conductos de ventilación, los cuales resultarían -eventualmente compatibles con el cableado necesario para la instalación de micrófonos y/o cámaras de videofilmación”. “En su caso, se determine antigüedad de la obra, elementos utilizados para la perforación (herramientas mecánicas o manuales) y si los mismos fueron luego ocultados (en caso afirmativo, método de ocultamiento)”, pidió el juez.

En la cárcel de Melchor Romero estuvo preso Damián Lagarone, barra brava de Independiente y acusado de asociación ilícita. En esa causa el abogado de Lagarone era Facundo Melo, uno de los ex agentes de la AFI imputados del espionaje ilegal. Melo contó que Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales de la AFI y actualmente preso en otra causa de espionaje, le pidió que Lagarone declare como arrepentido para meter presos a Hugo y Pablo Moyano. Melo declaró en el Congreso de la Nación que en una oportunidad Ruiz le hizo escuchar la grabación de una conversación que había tenido con Lagarone en la cárcel.