
En la previa de la cumbre sobre la reforma laboral que mantendrán esta tarde la jefa libertaria, Patricia Bullrich, junto a titulares de bancadas dialoguistas -votos clave- en el Senado, algunos legisladores esperan en las próximas la respuesta oficial de la Casa Rosada ya no sólo por la inagotable queja de gobernadores ante la eventual caída en la coparticipación, sino también por reclamos del sindicalismo y empresarios que el destino parece, siempre que se debate una iniciativa tan delicada, unirlos.
La reunión para comenzar a definir el proyecto será a las 15, en la oficina central de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. El centenario partido es presidido allí por el correntino Eduardo Vischi y su espacio suma diez votos trascendentales para las cuentas de Bullrich. La exministra de Seguridad tiene 21 senadores en el interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y precisa sí o sí de la UCR, el PRO -tres eventuales adhesiones- y silvestres provinciales atados o no a las órdenes -sin chistar- de mandatarios locales. Con 37 de piso habrá luz verde.
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A partir de ahí es donde se abre el juego, con cartas que empezaron a mostrarse. Del lado de los gobernadores, la puja central es, para no variar, por la plata. No es menor en esta ocasión, tras más de dos años de ajuste. Si bien es cierto que la Nación es quien más perderá fondos, tiene resortes para cubrir faltantes gracias a los “fierros” del propio Estado. No así los distritos, que debieron acostumbrarse a una realidad no vista en décadas, pero con alarmas en áreas -por ejemplo, obras- que acrecientan la tensión.
En la mecánica del dinero, aunque por otro carril, se asoman sindicatos y empresarios. Por caso, un capítulo a saldar es el tema de aportes obligatorios o voluntarios. La idea que recorre sobre un puñado de despachos apunta hacia que, lo que se decida, tendrá que ser parejo para todos, ya sea de una u otra manera. Si no, no acompañarían un ramillete de artículos a la hora de la votación en particular del texto en cuestión. Esto se conoce desde diciembre pasado, excepto para los usuales y “expertos” operadores de turno.
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Durante el fin de semana, la lupa estuvo depositada en señales algo difusas entre lo que de verdad quiere o pretende el Gobierno y sus senadores en relación con los gremios. La guerra no parece tan alevosa como lo que se vislumbra en la superficie. Esto deposita un manto de rareza antes de un convite en el que los dialoguistas de la Cámara alta querrán, además de chequear si se aceptan modificaciones, conocer la postura real del Ejecutivo libertario, que no siempre -por más que lo crea y venda- es el más rápido del condado. Otro ítem a resolver es el de varios estatutos, con planteos de cambios establecidos a través de plazos concretos y, de esa forma, evitar un sacudón de golpe y sin anestesia.
Entre las tácticas del Gobierno para desviar la atención y el -llamativo- silencio de muchos legisladores, la disputa por la ley laboral empezó a caminar sobre la delgada línea de lo posible y probable, con picardías que florecen. De hecho, los sindicatos ya irradiaron su perfume en busca de supervivencia. Y, con LLA que quiso avanzar en diciembre y no pudo, la fecha de sesión y un segundo intento para la semana próxima -11 o 12- elevan la temperatura en el Congreso.
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Otro proyecto con dictamen listo en la Cámara alta y que interesa a gobernadores mineros -poco y nada se habló- es el que aplica modificaciones varias en la Ley de Glaciares, con dos lados de la biblioteca muy distanciados y millonarias inversiones en juego. También se encuentran en el temario, entre otros, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego, como embajador político, de Fernando Iglesias.
Las últimas dos cuestiones implican armado de comisiones, un territorio siempre áspero, con oficialistas y aliados que se matan por estar y “ser parte”. Ni hablar de presidir. Las sesiones extraordinarias se activaron ayer y transcurrirán hasta el 27 del corriente mes. El domingo 1 de marzo, Javier Milei inaugurará un nuevo período ordinario.
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