La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Economía del Conocimiento

En una nueva sesión a distancia, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que ahora deberá pasar al Senado. Con 246 votos a favor y solo 2 en contra, la iniciativa prevé mantener los beneficios de reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales y apunta a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al régimen de promoción.

”Queremos que en diez años se dupliquen los puestos de trabajo”, dijo optimista Pablo Carro, diputado cordobés y dirigente de la CTA, luego de que se tratara la nueva Ley de Economía del Conocimiento tras varias semanas de espera. Y en esa dirección, proyectó que en una década podría haber un millón de empleos y que la exportaciones podrían subir del 8 al 15%.

El término economía del conocimiento refiere al sector que utiliza la información para generar valor y riqueza transformándola en conocimiento y abarca a empresas dedicadas a diversos rubros, como por ejemplo educación, tecnología, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología e industria aeroespacial.

El 1º de enero de este año debía entrar en vigencia una ley impulsada, también por consenso, sobre el final de la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández la dejó inactiva con la aprobación de la emergencia en diciembre. De todos modos, envió un nuevo proyecto al Congreso, en el que trabajaron diputados del oficialismo y de la oposición junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Industria, Ariel Schale; y María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento. El principal cambio fue el beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, se sumó la perspectiva de género, con más beneficios para las empresas que incorporen mujeres, discapacitados y personas transgénero.

Karina Banfi, radical de Juntos por el Cambio, recordó en el recinto que la ley anterior fue sancionada en el Senado el 28 de mayo del año pasado. “Estas empresas son parte del futuro que queremos fomentar”, consideró, a la vez que destacó el carácter federal. Como ejemplo señaló que una persona que vive en Tilcara (Jujuy) podría trabajar para una empresa radicada en la Capital Federal. Asimismo, pidió beneficios impositivos para que las empresas se radiquen en Argentina y no en otros países.

A pesar del acuerdo en esta iniciativa, Banfi advirtió: “Si van a expropiar empresas, ahí no nos van a encontrar, vamos a estar del lado de los bocinazos”. “El sector privado es un aliado, esto no es ideológico” remarcó.

En otro breve pero contundente discurso, el diputado Guillermo Martínez, del Frente de Todos de Santa Fe, aseguró que esta ley es superadora con respecto a la anterior. Tras señalar que “hubo una gran tarea de consenso”, destacó no solo los beneficios impositivos, sino “la gran novedad que es la creación del Fondo de Fomento de la Economía del Conocimiento”, que “no estaba en la ley 27.506″. Lo mismo opinó sobre el consejo consultivo que implementará la ley. “Gracias al consenso ha quedado mejorado y enriquecido”, afirmó sobre el trabajo conjunto con la oposición.

“Este tema nos permite hablar de la postpandemia. El software, los servicios informáticos, la biotecnología, la industria 4.0, la nanotecnología, tienen mucho para aportar”, dijo Martínez sobre algunas de las actividades que alcanza la futura norma.

Previo a la votación, la legisladora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone (Frente de Todos), aseguró que el proyecto apunta a “favorecer a nuestra industria y nuestros trabajadores” y también resaltó el trabajo en conjunto con la oposición: “Buscando el consenso, apoyamos y bregamos para que tengamos un alcance mayor en el transcurso de 10 años de más trabajadores en esta industria”.

La nueva ley, que ahora pasará al Senado para su sanción, apunta a facilitar el acceso de las PyMEs al régimen de promoción. La condición es que el 70% de su facturación total durante el último año se genere a partir de estas actividades.

Uno de los beneficios es que las empresas puedan convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan pagado al sistema de seguridad social. Ese porcentaje podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales y personas con discapacidad, entre otras.

Además se estipula una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias y la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

Por otra parte, en comisión se incorporó un límite al empleo extranjero para evitar la radicación de empresas en la Argentina que prioricen a trabajadores que vivan en otros países.

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