Cristina Caamaño dio detalles de lo que encontró en la AFI: los exámenes a los agentes de inteligencia y la auditoría de la gestión anterior

No aceptó hablar de las denuncias que la AFI presentó en la justicia con los correos electrónicos que fueron intervenidos ilegalmente, ni con las fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G20, tampoco de los seguimientos a la sede del Instituto Patria (“no quiero politizar"), pero la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, dio una gran cantidad de detalles de lo que encontró cuando llegó al organismo y de decisiones que tomó para el desarrollo de la tarea operativa.

Por ejemplo, aseguró que los agentes ya no tienen que infiltrarse en movilizaciones, ni tomar fotografías de protestas, tampoco colaborar con la justicia como se había hecho a partir del inciso de la ley de inteligencia que se lo permitía, lo que hacía que “cada juez tenían espías que trabajaban para él y devolvía, a cambio, escuchas legales que entregaba para operaciones de todo tipo”. Sin embargo, ante una pregunta en concreto, dijo “aquí no encontré escuchas ilegales ni nada de eso, solo los correos electrónicos, aunque tal vez puedan existir en algún lugar al que todavía no ingresamos”.

Caamaño anticipó que seguirá seis meses más como interventora, “como era el proyecto inicial del Presidente cuando me ofreció el cargo, pero yo le pedí que fuera solo por seis. Termina el 21 de junio, pero puede ser prorrogables por otros seis meses, y así será”.

La interventora de la AFI realizó una charla virtual titulada “De los sótanos del poder al estado de derecho”, organizada en el marco de la XVIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) moderada por la abogada Claudia Rocca, quien en la presentación se mostró firme defensora de la teoría del law fare.

Caamaño destacó que en la gestión de Gustavo Arribas se produjo “un severo retroceso institucional” y contó que al llegar les tomó examen a los agentes y mostraron graves deficiencias en cultura general. “No conocían la ley de inteligencia nacional, tanto que sacaron un promedio de 3.8” (es decir, no aprobaron) y “cuando en una pregunta multiple choice le preguntamos quién había sido el autor de Operación Masacre (la obra cumbre de Rodolfo Walsh) la mayoría contestó Jorge Rafael Videla”, detalló.

La interventora relató que desde que llegó tomó decisiones institucionales inéditas, como aceptar la auditoría de la SIGEN, tal como es obligatorio para todo el sector público nacional, por mandato de la ley 24.156. Un equipo está trabajando dentro de la AFI para aconsejar sobre las normas que deben implementarse en cuanto a organización y transparencia, incorporándose al mapa del Estado, lo que nunca había pasado. Mientras tanto, audita la gestión anterior.

Por ejemplo, contó que sus antecesores compraron 210 automóviles de alta gama, 70 de los cuales ya entregó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires para su remate y otros 70 esperan igual destino. El más caro, que fue importado de los Estados Unidos, costó 120 mil dólares, es conocido como “the beast” (el nombre del auto que utiliza el presidente de los Estados Unidos).

En el primer informe que presentó la SIGEN se llamó la atención sobre “uno de los edificios donde se almacenaban los archivos de la AMIA, que estaba destruido, con peligro de derrumbe o incendio, matafuegos vencidos. Se trata de los archivos de la unidad especializada AMIA del Ministerio Público”. Y se destacó que " nada estaba registrado de manera correcta".

Caamaño señaló que “todo era por contratación directa y en muchas cosas se compraban elementos obsoletos, como un gasto por 2.800.000 de pesos para comprar teléfonos que no sirven, o más de 3 millones de pesos para comprar un software de gestión de expedientes judiciales que no está en ningún lado".

Un dato que puntualizó es el hallazgo de 250 mil fichas de la época de la dictadura. “Son cajas con los partes de inteligencia de espionaje a muchas agrupaciones de DDHH que se infiltraban. Había muchos Astiz. Se sabía a qué hora empezaba una reunión, a qué hora terminaba, qué se hablaba. Son fichas. Están pegadas entre 7 y 8 filminas. Cada filmina es un parte de Inteligencia. Se está trabajando con 12 organismos de DDHH para investigar de qué se trata cada ficha".

Por último, dijo que prepara una reforma a la ley de inteligencia “que estamos trabajando con la Bicameral” (de control de organismos de inteligencia), que creará un consejo consultivo, y que tiene 120 días para preparar y consensuar el texto.

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