La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación, encargada de hacer los concursos para cubrir los cargos vacantes de jueces nacionales y federales, dio a conocer ayer el orden de mérito provisorio de los postulantes para ocupar cargos claves en los tribunales de Comodoro Py: son las dos vacantes que hay en la Cámara Federal, el tribunal donde se revisan los procesamientos, las detenciones y las investigaciones de corrupción y contra funcionarios públicos, las que más interesan al poder político y económico.
El orden de mérito lo integran 35 personas y se integró con los puntajes que obtuvieron por sus antecedentes y por el examen que dieron, según la resolución a la que accedió Infobae.
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El primer y cuarto lugar fueron para dos jueces de primera instancia del fuero Penal Económico. Diego Amarante obtuvo 174 puntos y Pablo Yadarola, 165. Ambos de bajo perfil y de carrera judicial, son la nueva camada de jueces en lo Penal Económico: asumieron en febrero de 2015.
Los dos conocen Comodoro Py. Amarante trabajó en la Cámara Federal de Casación Penal con el juez Eduardo Riggi y Yadarola fue secretario del juzgado federal 12, cuando estaba a cargo de Sergio Torres, hoy magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
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Cuando asumió Yadarola tuvo en su juzgado la causa por la valija con 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson en la que procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray. Amarante fue el juez que envió a juicio oral a Echegaray por la presunta importación irregular de un auto diplomático -en la que fue absuelto en el juicio oral que terminó hace tres semanas- y sobreseyó al hermano de la ex primera dama Juliana Awada en un expediente por presunto contrabando de ropa.

El segundo lugar del orden de mérito fue para el abogado Roberto Boico que obtuvo 173,50 puntos. Boico es el defensor de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Asumió la defensa en febrero de 2018 junto con el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, quién luego la dejó.
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Boico también es el abogado de Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia y actual senador nacional, y tuvo un paso como juez en Comodoro Py. En julio de 2015 fue designado conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal junto con otros dos abogados – Marcelo Vázquez y Norberto Frontini- por la mayoría del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, lo que generó una polémica judicial y política.
El tercer lugar con 166 puntos fue para Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores. Ramos Padilla tramita la causa por el espionaje ilegal del abogado detenido Marcelo D´Alessio. En esa causa procesó al fiscal federal Carlos Stornelli, otro hombre de Comodoro Py. Ramos Padilla ganó el concurso para ocupar el juzgado federal 1 de La Plata, que tiene la competencia electoral de la provincia de Bueno Aires.
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El defensor federal oficial de Necochea Francisco Javier María Posse quedó quinto con 160,75 puntos; la secretaria de la Sala I de la Cámara Federal Ivana Quinteros quedó sexta con 159,60 puntos. El séptimo lugar fue para el intengrante de la Defensoría General de la Nación Federico Feldtmann con 158,80.
Hay tres jueces de primera instancia de Comodoro Py que también aparecen. En el octavo lugar está Marcelo Martínez de Giorgi con 157,75 puntos; en el decimocatorce Julián Ercolini con 150,60 puntos y en el vigésimo tres Sebastián Ramos con con 137,60 puntos. Y en el puesto 26 quedó con 129,25 puntos María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri.
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La Cámara Federal tiene hoy cuatro de sus seis jueces que se dividen en dos salas. La Sala I la integran Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los tres fueron designados allí durante el gobierno de Macri. Los dos primeros mediante traslados que fueron discutidos. En la Sala II está solo Martín Irurzun y los dos lugares restantes son los que están vacantes.
Este orden provisorio puede modificarse. Ahora viene la etapa en la que los postulantes pueden impugnarse el resultado que obtuvieron para que sea revisado. Luego, los que quedaron en los mejores lugares son citados por la Comisión de Selección para una entrevista personal y luego se establece el orden definitivo.
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Eso pasa al plenario del Consejo, compuesto por 13 integrantes entre jueces, diputados, senadores y abogados, para su aprobación. Para eso se requiere una mayoría especial de nueve votos que hoy no la tienen ni el oficialismo ni la oposición, por lo que necesitarán acuerdos para aprobarla.
Al haber dos cargos vacantes los nombres que se aprueban son seis, una terna por cada cargo. Y pasan al Poder Ejecutivo que puede elegir a cualquiera para pronerle su nombre al Senado de la Nación, donde se debate y aprueba su nombramiento.
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La lista de seis se puede ampliar si alguno de ellos ya está en otra terna en el Poder Ejecutivo. Es para que el gobierno tenga más opciones en caso que los nombres se repitan.
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