El líder piquetero Luis D'Elía (Gustavo Gavotti)
El líder piquetero Luis D'Elía (Gustavo Gavotti)

Luis D’Elía quedó hoy más cerca de obtener la prisión domiciliaria. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar este viernes a un planteo de la defensa pidiendo ese beneficio en base a los problemas de salud que presenta el dirigente social, preso desde febrero del 2019 tras haber sido condenado por la toma de la comisaría de La Boca ocurrida en 2004. Ahora, será la jueza Sabrina Namer la que tendrá que considerar si dispone su arresto en su casa.

Apenas se conoció la noticia del fallo que habilitaría su salida de la cárcel de Ezeiza, D’Elía fue trasladado al sanatorio Anchorena de la Capital Federal. Había presentado en las últimas horas fiebre alta y dolores en el cuerpo. Esos síntomas son compatibles con coronavirus, aunque todavía no está acreditado que sea víctima de esa enfermedad.

La defensa, a cargo de Adrián Albor, había advertido que su cliente “padece graves y numerosas enfermedades”. Pero además la Organización Mundial de la Salud declaro la pandemia por el COVID-19 y D’Elía “integra el listado de internos de riesgo con motivo del CoViD19, confeccionado por el SPF, toda vez que padece diabetes, insuficiencia coronaria y posee más de sesenta años”.

Ayer, precisamente, la Cámara Federal de Casación Penal había llamado a flexibilizar el criterio para otorgar excarcelaciones y prisiones preventivas, en base al criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a a pandemia. Allí se urgió a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia y se manifestó la “profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región" que puede significar un mayor riesgo para el COVID-19.

Los jueces de Casación remarcaron que las directivas de la CIDH “resultan relevantes para una correcta solución" del caso de D’Elía. "Se trata de un “paciente coronario, diabético, revascularizado, con isquemia perinecrosis, que requiere tratamiento antiisquémico completo, actividad física programada y control de stress físicos y psíquicos”, se resaltó.

En este proceso, además, la defensa planteó un habeas corpus porque le estaba faltando medicación. Y en las últimas horas D’Elía “presentó fiebre” con 38 grados y medio. Y aunque le dieron un “antipirético” y le bajó a 36 y medio, el piquetero aseguró tener “dolor en todo el cuerpo”. La defensa afirmó también que ese tipo de medicación está contraindicado en este momento porque “'tapa' los síntomas del COVID-19”, detalla la resolución.

Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone analizaron el pedido de la defensa y repasaron lo resuelto el Tribunal Oral Federal 6 en febrero pasado cuando había rechazado la prisión domiciliaria de D’Elía. En ese momento se concluyó que no había una “especial situación de riesgo en su vida” pero se ordenó ampliar estudios médicos para saber si el detenido presentaba un cuadro de “isquemia perinecrosis” y en caso afirmativo si ello “podría ser la causa de dolores pericordiales y si el cuadro podría producir nuevos eventos coronarios, infarto o la muerte”.

La jueza Sabrina Namer concluyó en ese momento que “las circunstancias acreditadas en la presente de ninguna manera resultan ser presupuestos excepcionales que habilitarían el beneficio en trato, sin perjuicio de las diversas patologías que Luis Ángel D’Elía” y planteó que no habían variado sustancialmente para hablar de un “agravamiento del cuadro cardíaco del interno”. “Si bien Luis Ángel D’Elía presenta diversas dolencias de entidad, todas se encuentran debidamente tratadas por los médicos del centro penitenciario donde está alojado”, concluyó.

D’Elía viene reclamando su libertad diciendo ser un preso político. "Me condenaron a muerte”, había dicho recientemente cuando le habían reclamado sus pedidos de libertad.

La defensa, sin embargo, apeló a Casación. Y remarcó que existió un cambio clave que debía ser atendido para analizar el pedido del piquetero: “la declaración de la pandemia del COVID-19”.

Los jueces de Casación aseguraron que “la dinámica propia de la situación que estamos atravesando vinculada con la pandemia generada por el virus COVID-19 impone garantizar plenamente" el caso frente "al particular contexto de emergencia y el estado de salud invocado de Luis Ángel D’Elía y los hechos novedosos manifestados por la defensa en esta instancia”.

"En estas condiciones, considerando el estado de salud invocado por la defensa en el contexto actual, cuestiones de economía procesal y celeridad, en miras de evitar un excesivo rigor formal contrario a la situación de excepción que se presenta en estos momentos de extrema emergencia sanitaria, y también para garantizar un adecuado servicio de justicia, en especial a las personas que se encuentran privadas de libertad, entiendo que corresponde DEVOLVER la presente causa al tribunal a quo a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a las actuales circunstancias invocadas por el recurrente, con la celeridad que el caso requiere", dijo el juez Borinsky.

Sus colegas Petrone y Gemignani acompañaron la decisión, citando un fallo anterior, para que el tribunal anterior “dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a las actuales circunstancias invocadas por el recurrente, con la celeridad que el caso requiere”.

D`Elia está preso desde el 25 de febrero de 2019 cuando el Tribunal Oral Federal 6 rechazó su pedido de prisión domiciliaria y ordenó su detención. Fue para cumplir la condena por la toma de la Comisaria 24 en el barrio de la Boca.

D’Elía era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, y junto a otras personas irrumpió en la comisaría 24 durante la madrugada del 26 de junio para reclamar por el crimen de un compañero.

Ese día se cumplían dos años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. D’Elía y un grupo de militantes y vecinos del barrio ocuparon las instalaciones de la dependencia policial. Habían matado al dirigente comunitario Martín “Oso” Cisneros y el entonces funcionario aseguraba que el asesino, un vendedor de drogas de la zona, estaba siendo protegido por la policía.

Según la acusación fiscal, los manifestantes golpearon al cabo primero Rubén Darío Braga. Se afirmó además que fue D’Elía el que llamó a sus compañeros a romper y prender fuego los bienes, incluidos los patrulleros.

D`Elia ya lo había estado preso. Fue en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán en la que estuvo bajo prisión preventiva desde diciembre de 2017 por orden del juez federal Claudio Bonadio hasta marzo del año siguiente cuando fue liberado por el Tribunal Oral Federal 8.