Diez jueces y varios fiscales renunciaron desde que se conoció el proyecto del Gobierno para eliminar las jubilaciones de privilegio

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La respuesta del mundo judicial no tardó en llegar: hubo un fuerte rechazo al proyecto y se advirtió sobre una escalada de renuncias. Y, según la información a la que accedió Infobae, ya son 10 los jueces que renunciaron desde que salió a la luz la iniciativa oficial.

Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y este jueves. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales. Hasta el momento, sólo trascendieron los nombres de Alejandro Moldes, de Nequén, Mario Sabas Herrera, de General Roca; Raúl Pleé, fiscal general de Casación, Eduardo Codesido, fiscal de San Martín; Raquel Mercante, fiscal nacional en lo Civil y Comercial; Martín López Perrando, fiscal nacional en lo Criminal y Correccional; Marcela Sánchez, fiscal de Instrucción; Pablo Quiroga, fiscal general de San Martín; Julio Piaggio, fiscal de La Playa y el fiscal de Instrucción Marcelo Retes.

“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron en un comunicado.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales"

Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”

Señalaron que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia””. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.

“Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.

La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

“Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os", expresaron desde la Federación.

La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.

“La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.

Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-; incrementar del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales); incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.

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