El Gobierno busca que el 24 de marzo se convierta en ley un proyecto que castiga a quienes nieguen crímenes de lesa humanidad

Surgió luego de la reunión que Alberto Fernández tuvo en París con organismos de derechos humanos. La iniciativa está inspirada en una norma francesa que pena a quienes niegan el Holocausto

El Presidente y los organismos de derechos humanos en la reunión que tuvieron en París
El Presidente y los organismos de derechos humanos en la reunión que tuvieron en París

Alberto Fernández quiere dar un fuerte golpe de efecto en su política de derechos humanos: analiza pedirle al Congreso que trabaje durante el feriado del 24 de marzo, instituido como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para convertir en ley un proyecto que presentará el Poder Ejecutivo para castigar a quienes nieguen públicamente los crímenes de lesa humanidad.

El Presidente habló del tema esta mañana, en París, durante un encuentro con organizaciones de derechos humanos, en el que se comprometió a impulsar en la Argentina una ley similar a la que existe en Francia, sancionada en los años noventa, que contempla penas para quienes niegan o cuestionan la cantidad de víctimas durante el Holocausto o tienen un discurso racista y xenófobo.

Durante la reunión, Alberto Fernández instruyó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que estaba presente allí, para que analizara el tema y lo instrumentara con rapidez.

“El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo”, dijo Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del ex policía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos.

“La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El Presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe”, explicó Thonon.

La ley francesa fue impulsada para evitar la corriente negacionista que ponía en duda el genocidio judío y fue aplicada varias veces contra el ultraderechista Jean-Marie Le Pen, ex jefe del Partido de Liberación Nacional y padre de la líder del Frente Nacional francés. La norma entró en vigor en julio de 1990 y es conocida como “Ley Gayssot”, por el nombre del diputado comunista que la propuso.

En 2015, incluso, cuando Le Pen padre volvió a declarar que las cámaras de gas no fueron más que “un detalle” de la Segunda Guerra Mundial, su hija y aspirante a la Presidencia de Francia decidió expulsarlo de su propio partido.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron
Alberto Fernández y Emmanuel Macron

Otro de los asuntos que plantearon los representantes de organizaciones de derechos humanos en la reunión con Fernández fue la necesidad de “evitar que los genocidas que están presos puedan obtener los beneficios de los condenados por otros delitos”.

“El pedido se fundamenta en el hecho de que la Argentina firmó el Tratado de Roma”, dijo Thonon, refiriéndose al acuerdo internacional por el que se creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, que establece la obligación del cumplimiento efectivo y completo de la condena".

Ambas propuestas cuentan con el apoyo de la ACAF (Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia), varios de cuyos miembros participaron del encuentro con el presidente en el Hotel Regina de París.

“El Presidente fue muy sensible con nuestras inquietudes, y nos dijo que estas cuestiones entrarían en su agenda”, explicó por su parte María Laura Stirnemam, de la asociación HIJOS.

Alberto Fernández se reunió en París con el economista Thomas Piketty
Alberto Fernández se reunió en París con el economista Thomas Piketty

Los miembros del ACAF llevaron a la reunión con Fernández su emblema, que es el pedido de liberación de la detenida dirigente social jujeña Milagro Sala. El Presidente recibió como regalo el libro “Milagro Sala, la chispa de un pueblo”, cuya investigación y publicación financiaron.

En enero de 2018, y ante la visita de Mauricio Macri a Francia, la ACAF había considerado en una carta abierta que el presidente argentino provocó “una regresión democrática” y “una deriva autoritaria”, a la vez que reclamó "la libertad de Milagro Sala y de todos los presos políticos”.

Finalmente, el Presidente se comprometió a seguir el caso de Sergio Apablaza, el ex militante del FPMR chileno, acusado en su país por delitos cometidos en 1991, cuya extradición reclama la justicia chilena y a quien el presidente Mauricio Macri quitó el estatus de refugiado en 2017.

Tras la reunión con las organizaciones de derechos humanos, el mandatario argentino se reunió con directivos de la multinacional francesa de minería y metales Eramet, que busca financiación para desarrollar un nuevo proyecto de litio en la Argentina, y le dio una entrevista al diario francés Le Monde.

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