El Gobierno de Santa Fe busca aprobar una ley de emergencia: detalles del proyecto que propone una reforma estructural de la seguridad

El gobierno de Santa Fe hará el segundo intento para que la Legislatura le apruebe una ley de necesidad pública que incluye medidas de emergencia sanitaria, social, alimentaria, financiera, de contrataciones y de seguridad.

Los puntos más sobresalientes pasan por una reestructuración de fondo al sistema policial, autorización para tomar créditos públicos por un total 25.000 millones de pesos para atender compromisos del Estado, la constitución de dos fondos especiales de 2.500 millones de pesos para financiar programas de emergencias sanitaria y alimentaria, renegociar contratos, una moratoria para deudas no tributarias (por ejemplo multas) y asistencia transitoria para municipios en problemas.

El primer intento fue en diciembre y no prosperó. En el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, sufrió una poda importante, en especial en materia de seguridad, y en Diputados directamente fue rechazado por el Frente Progresista, Cambiemos y otros bloques minoritarios.

Para esta oportunidad, los resultados dependerán en buena medida de que el gobierno ponga en la misma sintonía sus expectativas y la relación con la oposición.

Seguridad

El proyecto que más atención concentra es el de seguridad, debate que va en paralelo a un pico de crisis con 22 homicidios en lo que va de 2020, agravando una situación que lleva años.

El Ejecutivo pide manos libres para que el ministro Marcelo Saín pueda reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, hoy regulado por la ley orgánica policial de 1975 modificada en 2006.

Perotti y Sain apuestan a un cambio estructural, que consiste en conformar tres policías diferentes: la Policía de Seguridad de Prevención, la Agencia de Investigación Criminal y una Agencia de Control Policial Externo.

Además, buscan autorización para convocar al servicio activo a policías retirados; poder declarar en disponibilidad a todo personal que no haya sido reasignado en la reestructuración de la dependencia en la que se desempeña y si transcurriesen 30 días sin destino pasarlo a retiro de la fuerza; pagar cifras extras y no remunerativas por funciones especiales; y utilizar personal de otras áreas del Estado para tareas administrativas.

Por último, propone armar un fondo específico para la adquisición de equipamiento y obras públicas referidas a seguridad. Se integraría con un aporte de 1.000 millones del Tesoro, el 15% del producido por los Servicios Adicionales de Policía y desafectando el 50% de los recursos de la Agencia de Seguridad Vial, que por ley sólo pueden usarse a ese fin específico. Se sumaría a las partidas previstas en el presupuesto 2020: son 2.700 millones para bienes de uso (equipamiento) y otros 2.500 millones en bienes de consumo (combustible, ropa, comida, repuestos).

Algunos de estos puntos fueron vetados en diciembre, ya no por la oposición sino por senadores del propio oficialismo. Hay cierto acuerdo entre la mayoría opositora en la Cámara de Diputados (donde el bloque de la UCR lo conduce el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro) y al menos la mitad del bloque de senadores del PJ en que la reforma de las leyes orgánicas de la Policía debe tratarse en un debate específico y no en una ley de emergencia.

“No nos negamos a ese debate. De hecho estamos de acuerdo en muchas de esas propuestas pero vamos a debatir una ley artículo por artículo y no una emergencia donde el Ejecutivo tiene la potestad de modificar lo que parezca por decreto”, deslizó una fuente del interbloque del Frente Progresista.

“Hoy está Saín, pero como viene la mano, mañana puede ser Sarnaglia (por el actual jefe de Policía) o cualquier otro que quiera volver al pasado o vaya a saber qué. Y todo queda a tiro de decreto. Así no”, razonan.

El Gobierno ahora deberá definir si insiste con un proyecto único para todas las emergencias o las separa, como pidieron los senadores oficialistas que responden a Armando Traferri y el Frente Progresista. El Gobierno teme que al separarlos alguno de los dos termine dormido en comisiones.

Las cuentas

En tanto, la emergencia financiera tiene pronóstico reservado, en especial el pedido de endeudamiento, ya sea a través de bonos, letras o pagarés, por 25.000 millones de pesos. Es una cifra equivalente a 390 millones de dólares para aplicarse en su mayoría a gastos corrientes.

Si lograra su aprobación, significaría un giro sobre una regla no escrita de la política santafesina que atravesó tanto administraciones justicialistas como socialistas: endeudamiento sólo para inversión de capital o por programas específicos de organismos multilaterales de crédito.

Esta política de Estado permitió que Santa Fe sea hoy una de las provincias con menor deuda del país y con una curva de repago suave y prolongada. Desde la autovía Santa Tomé-San Francisco hasta el monumental sistema de grandes acueductos se hicieron con ese criterio.

La negociación

El propio gobernador Perotti debió intervenir porque, al igual que en diciembre, la ronda de diálogo para sacar la emergencia estuvo a punto de naufragar cuando la UCR anunció que se bajaba de la convocatoria que le hizo el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo. El motivo: las insistentes acusaciones del ministro Sain contra la administración anterior.

El gobernador logró apaciguar los ánimos y le garantizó a Fascendini un clima de diálogo adecuado. Habrá reuniones con el radicalismo el lunes y con el socialismo el martes. Luego, entre miércoles y jueves, el proyecto ingresará formalmente por la Cámara de Senadores.

Saín llegó al gabinete con un proyecto de reformulación estructural en materia de seguridad que abre muchas expectativas. Sin embargo, su desempeño político generó roces con senadores del propio oficialismo, con la oposición, y en los últimos tiempos con los ministros a los que se les encomendó reconstruir puentes con la Legislatura, Borgonovo y Rubén Michlig.

También surgieron reparos internos de los negociadores políticos por las medidas que promovió el ministro de Economía Walter Agosto, otro de los halcones de la gestión y encargado de ponerle números a la idea de una herencia financiera y económica caótica, con 18 mil millones de déficit en 2019 y necesidades de financiamiento por 51 mil millones para 2020.

Esas medidas fueron cerrar el Estado durante enero al tiempo que se proclama emergencia alimentaria, sanitaria y social; atrasar el pago de sueldos en el preámbulo de las negociaciones paritarias con estatales y docentes; y aparecieron unas primeras protestas por falta de recursos en centros de salud y comedores en apenas 50 días de gestión, subsanadas apenas trascendieron públicamente.

Faltó amor a primera vista

Por cómo está el turbulento escenario político santafesino, la aprobación o no de la emergencia y sus alcances no parece depender exclusivamente del desempeño del ministro Borgonovo, sino de que se alcance una base de acuerdos estable para la relación del Ejecutivo con ambas cámaras que hoy no existe.

En el Senado el PJ es mayoría (12 de 19), pero allí se consolidó un núcleo de poder autónomo. Cuando se sintieron ignorados, desairaron a Perotti votando el presupuesto 2020 que no quería y con el que ahora tiene que gobernar. Por el contrario, cuando fueron convocados, sacaron proyectos en menos de 24 horas sin votos en contra, ni siquiera los de la oposición.

En Diputados, donde son amplia mayoría los opositores, el gobierno no parece definirse quién o quiénes son los interlocutores adecuados. ¿El presidente de la Cámara Miguel Lifschitz? ¿El ascendente radical Maximiliano Pullaro? ¿Los dos? La estrategia inicial de romper esa sociedad rápidamente fracasó, no porque no haya matices, sino porque en esa alianza consiste el futuro de radicales y socialistas.

Seguí leyendo: