La defensa del perito tecnológico Diego Lagomarsino pidió que en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman declaren todos los peritos que intervinieron en el caso, tanto los del Cuerpo Médico Forense como los de Gendarmería Nacional. Los primeros concluyeron que no estaban en condiciones de concluir si se trató de un suicidio o un homicidio o si hubo otras personas en la escena de la muerte y los de la fuerza de seguridad que Nisman había sido asesinado.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el pedido fue hecho por los abogados Gabriel Palmeiro y Martín Chasco ante el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación por la muerte de Nisman que la justicia considera que se trató de un homicidio.
Lagomarsino era el perito informático que trabajaba con Nisman y quien le llevó el 17 de enero de 2014 la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo que terminó con la vida del fiscal. El fiscal Taiano y el juez Julián Ercolini consideraron que Lagormarsino fue participe de un crimen y lo procesaron por ese delito.
Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero. Esa semana había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del memorandum de entendimiento con Irán.
El procesamiento de Lagomarsino llegó tras el peritaje de la Gendaermía Nacional que concluyó que a Nisman lo mataron. La defensa del perito objetó el informe y sostiene que el fiscal se suicidó.
Cuando murió Nisman, la autopsia la hicieron los médicos del Cuerpo Médico Forense Luis María Godoy, Fernando Trezza, Carlos Navari, María Alejandra Preibisch, Celmina Gumán, Gabriela Piroso, Alfredo Sapag, Jorge Pereyra, Ana María Perkins, Héctor Di Salvo, Adriana D´addario, Luis García y Oscar Lossetti. De todos ellos, la defensa de Lagomarsino pidió su declaración como testigos.
También solicitó la testimonial de los peritos que hicieron la pericia psicológica, los de Gendarmería Nacional y los de las partes querellantes.
“Una vez más habremos de insistir en la necesidad de la convocatoria a prestar declaración testimonial de los Sres. peritos”, señaló la defensa en su presentación que sostuvo que sus anteriores pedidos no fueron resultados y agregaron que la “investigación ha llegado a una meseta" y que ya debe pasar a la etapa de juicio oral.
El pedido llega a dos semanas de cumplirse cinco años de la muerte del fiscal y con las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que sostuvo que se iba a revisar el peritaje de Gendarmaería Nacional.
“Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia. Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito; primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura”, dijo Frederic la semana pasada en declaraciones radiales.
Los dichos generaron un pedido de Sara Garfunkel, madre de Nisman y querellante en la causa, para que el Ministerio no intervenga. “Requiero se oficie al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, a fin de que instruya e intime a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación que se abstenga de realizar o continuar cualquier actuación administrativa”, dice el oficio que la querella de Garfunkel le envió al fiscal Taiano para que lo haga suyo y lo remita al Poder Ejecutivo de la Nación. El fiscal decidirá que hacer en febrero, después de la feria judicial de enero.
Fuentes judiciales consultadas por Infobae coincidieron en que el Ministerio de Seguridad no tiene facultades para intervenir en un peritaje sin el aval expreso de los investigadores. Explicaron que las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia y que son los jueces y fiscales quiénes disponen los peritajes. El Ministerio solo podría intervenir en algún aspecto administrativo si entiende que algún perito actuó mal o pudo haber cometido mal desempeño.
Por la muerte de Nisman, además de Lagomarsino están procesados cuatro custodios del fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por no haberlo cuidado.
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