Con el objetivo de debatir el proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio, el Gobierno prorrogó hasta febrero las sesiones extraordinarias en el Congreso. La medida se anunció a través del Decreto 56/2019 publicado este sábado en el Boletín Oficial, aunque con un error: se equivocaron en el año. Es que según el texto dado a conocer en la madrugada, los debates se extenderán “hasta el 29 de febrero de 2019” (sic), con fecha del año que concluye, pero además en un día inexistente del calendario ya que el 2019 no es bisiesto, como sí lo será el 2020. Si bien se da por entendido que la fecha límite de la prórroga corresponde al 2020, la redacción debería ser corregida para que la nueva disposición del presidente Alberto Fernández entre en vigencia.
Esta decisión se conoció cuando la Cámara de Senadores todavía estaba tratando la Emergencia Económica, que también había sido enviada por el Poder Ejecutivo y que fue aprobada luego de que el texto original sufriera algunas modificaciones en su paso por Diputados.
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Fue justamente durante las negociaciones por esta iniciativa que surgió la discusión por las jubilaciones de privilegio: en aquella ocasión, el oficialismo y la oposición acordaron excluir del congelamiento de haberes por seis meses a funcionarios de alto rango, miembros de la Justicia y diplomáticos.
Esto generó polémica y el rechazo por parte de un sector que cuestionó al Frente de Todos por impulsar un proyecto que establece que los trabajadores retirados de nivel bajo y medio van a cobrar aumentos que decrete el presidente Alberto Fernández, mientras que otros continuarán bajo el régimen de actualización que se implementa desde la administración de Mauricio Macri.
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Es por esto que el propio mandatario nacional firmó el Decreto que prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso, que originalmente habían sido convocadas en diciembre para debatir la Emergencia Económica y que ahora terminarían el 29 de febrero.
Además, ordenó que se incorpore en el temario a tratar durante ese periodo el “proyecto de ley para modificar la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación” y otro destinado a “modificar la ley que establece el Régimen jubilatorio específico para el Personal del Servicio Exterior de la Nación”.
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