El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó hoy a su gabinete a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial. En dos de ellos, hizo referencia al concepto de “Lawfare” para justificar la designación de dos funcionarios procesados. Se trata de la expresión que suele hacer referencia a la judicialización de la política en América Latina: distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, proceden juntos en contra de cierto espacio político, tanto oficialista como opositor, de acuerdo a su interés.
Es el caso de las designaciones de Daniel Gollán, nuevo ministro de Salud, y Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. Gollán está procesado -junto a otros ex funcionarios kirchneristas- como autor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, por irregularidades en la instrumentación de Plan Qunita.
“El doctor Gollán ha declarado bajo juramento que se encuentra procesado en la causa judicial identificada como “CFP 6606/2015/TO1/13”, bajo una injusta persecución penal; que, en tal sentido, dicho proceso se encuadra bajo el concepto de “lawfare”, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa”, se afirmó en los considerandos del decreto N° 14-GPBA-19, firmado por Kicillof y su jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
“Que una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública”, se agregó en el texto.
El mismo argumento se utilizó para el nombramiento de Girard, un dirigente de confianza de Kicillof, procesado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Dólar Futuro, cuando trabajaba en la Comisión Nacional de Valores. Se trata del expediente que investiga a Cristina Kirchner, al ex ministro de economía, al ex director del Banco Central Alejandro Vanoli y otras autoridades de esa entidad por autorizar la venta de contratos futuros de dólar a un precio sustancialmente menor al del mercado y provocar un perjuicio económico para el Estado de $54.436 millones.
El concepto de “Lawfare” ya había sido utilizado por Cristina Kirchner, por ejemplo, durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Es también el eje temático del nuevo documental que realiza el reconocido director norteamericano Oliver Stone en Argentina.
Stone se encuentra en el país y ya se reunió con el presidente Alberto Fernández y con CFK. No es la primera vez que visita la Argentina ni que se interesa por asuntos relacionados a la región. En 2004 realizó un documental sobre la vida política de Fidel Castro (“En busca de Fidel”) y cinco años más tarde dirigió “Al sur de la frontera”, un film que tenía como protagonistas a varios líderes latinoamericanos: Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner. Con respecto a la actual vicepresidenta, ya la había elogiado en 2010, durante su anterior estadía en el país, cuando afirmó que era “una parte fundacional de la nueva Sudamérica”.
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