Se aprobó un proyecto en la Legislatura porteña para garantizar el acceso al DNI a todos los argentinos

El oficialismo porteño presentó un proyecto de ley en la Legislatura para agilizar el registro tardío de nacimientos que requieren intervención judicial, que fue aprobado en la sesión del pasado jueves. De esta forma, se busca facilitar el acceso al DNI a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden ejercer plenamente sus derechos.

En Argentina, la registración se realiza en el hospital donde se produce el nacimiento mediante la confección de un documento público denominado “Constancia de Parto” que acredita los datos de la madre, del recién nacido y los nombres de los profesionales intervinientes, “siendo obligación del Estado asegurar dicho documento y responsabilidad del nosocomio realizarlo” (Ley 26.413). No obstante, si transcurren más de 40 días del nacimiento, los argentinos no registrado debe recurrir a la Justicia o esperar alguna de las amnistías que a veces permiten regularizar dicha situación.

Tal como señala el proyecto en sus considerandos, los niños y niñas que no fueron registrados no existen para el Estado y configuran un grupo invisible cuya situación genera exclusión y profundiza las condiciones de pobreza y precariedad.

Si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difícilmente ocurran nacimientos sin inscripción en el Registro Civil, hay una población de mayores de 12 años que, mayoritariamente nacidos en el interior del país, residen en este distrito y carecen de inscripción de nacimiento y DNI.

El problema es que estas personas -que por lo general ya se encuentran en una situación social vulnerable- deben recurrir a la Justicia para que, luego de un lento y complejo proceso judicial (que requiere asistencia letrada y presentación de pruebas), un juez ordene la inscripción tardía de su nacimiento. Esto actúa como una barrera extra que dificulta la regularización.

Según el informe “Los indocumentados en Argentina. La cara invisible de la pobreza”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en alianza con el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP), obtener un DNI es la puerta de entrada para que cualquier individuo sea reconocido como sujeto de derecho dentro del Estado y por lo tanto, pueda ejercer plenamente toda la gama de derechos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales).

Además, el proyecto impulsado por el legislador de Vamos Juntos Guillermo Suárez propone que las personas que no fueron registradas y no tienen documento pueda solicitarlos a través de un “procedimiento sumario” sin ningún tipo de costo para el interesado. “El procedimiento administrativo y el proceso judicial estarán exentos del pago de cualquier tipo de tasa o derecho de timbre”, aclara.

Un proyecto similar, impulsado por los diputados Facundo Suárez Lastra (UCR) y Héctor “Toty” Flores (CC-ARI), que también busca reducir los procesos judiciales que enfrentan hoy las personas que se encuentran indocumentadas, fue presentado en la Cámara de Diputados hace pocas semanas.

“Este proyecto pone a la ciudad de buenos aires en un lugar que viene ocupando desde hace mucho tiempo que es estar a la vanguardia en la conquista de los derechos de los ciudadanos. En cualquier país del mundo cuando hablamos de un indocumentado se piensa en una persona extranjera, que no tiene papeles. En la Argentina los indocumentados son personas nacidas en argentina que no pudieron hacer en tiempo y forma su DNI”, explicó Guillermo Suarez.

Jorge Alvarez, presidente del IADEPP, manifestó su “satisfacción por la iniciativa, porque refleja y contempla todas las observaciones y sugerencias que las organizaciones del a sociedad civil que hace mucho tiempo trabajamos en esta temática, exigimos y recomendamos al estado que lleve adelante para facilitarle el proceso de inscripción fuera de término a las personas que deben llevar adelante un procesos judicial para poder acceder a su identidad jurídica y a su DNI”.

Por su parte, Martin Scotto, presidente de la Asociación El Trapito de La Boca, una de las organizaciones que ha venido impulsando distintas iniciativas en materia parlamentaria respecto de los argentinos indocumentados, señaló que la nueva Ley es “un acto de justicia y reparación ya que las personas cuyo nacimiento no estaba asentado en el Registro Civil no tienen ninguna responsabilidad en tal omisión. Se los ha olvidado por la omisión de sus padres en hacer los trámites de inscripción de nacimiento o por la falta de apoyo del Estado frente al proceso judicial interminable que debían hacer antes de esta nueva ley. Esta nueva ley facilitará el trámite para la obtención del primer DNI a muchas personas que podrán con ello acceder a los mismos derechos que el resto de los argentinos”.

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