El presidente Mauricio Macri estableció por decreto un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó este martes, a dos semanas de finalizar el mandato, en acuerdo con gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El decreto 788/19 , firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales -nacionales o equivalentes- y coordinadores. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el decreto abarca a un universo que representa el 10% de los cargos jerárquicos del Estado.
El nuevo marco normativo permite a los funcionarios que hayan sido nombrados bajo el mandato de Mauricio Macri permanecerán en su cargo como mínimo por un año más, ya con la gestión de Alberto Fernández.
Al garantizar la estabilidad en el puesto, el personal jerárquico gozará los beneficios de los agentes de la planta permanente, cuentan con una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente al sistema tradicional de empleo público, y podrán ser indemnizados en caso de que sean despedidos de la administración pública.
Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”.
“Al próximo Presidente no le vamos a dejar un “campo minado”. El gobierno de Alberto Fernández se va a encontrar con un Estado más ágil y transparente, que tramita de manera 100% digital y cuenta con servidores públicos idóneos y capacitados”, argumentaron en la Secretaría de Modernización.
Críticas
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández definió al decreto como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".
En esa clave, Rubén Ramos del gremio de los abogados (AGAE) resolvió que van a “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y definió la cuestión como "un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.
“¿Existe algún límite moral en un proceso de transición de entrega del poder? ¿Es éticamente aceptable que un gobierno disponga esas medidas de fondo a muy escaso tiempo de su finalización? El límite debe ser la prudencia, que hoy no abunda”, sostuvo Ramos.
A través del área de Modernización, el Gobierno y el gremio de UPCN firmaron un acta paritaria donde se habilitó el ingreso y permanencia al personal jerárquico a una carrera paralela, la Alta Dirección Pública (ADP), diferente del sistema de administración pública común (SINEP) .
El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial homologa al acuerdo establecido el 6 de junio pasado, cuando se fijó una modificación al Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN (241/06).
En medio de una fuerte prédica por reducir el gasto público, la nueva decisión se enmarca en una fuerte controversia durante los últimos meses entre el Gobierno, el Frente de Todos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por la aprobación de 4883 concursos públicos a cargos del Estado impulsados por Mauricio Macri y la gestión de Cristina Kirchner.
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