El Gobierno le pidió a la Corte Suprema que fije una audiencia con los gobernadores por el fallo de los fondos coparticipables

El gobierno de Mauricio Macri defendió hoy ante la Corte Suprema las medidas tomadas después de las PASO que afectaron los fondos de coparticipación haciendo hincapié en la emergencia social y alimentaria. De esta manera le pidió al máximo tribunal una aclaración sobre el fallo dictado el martes, que dispuso que las pérdidas asociadas con la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias las pague Balcarce 50 y no las provincias, y le reclamó que se fije una audiencia pública con los 15 gobernadores que fueron a la Justicia para poder resolver la situación.

En la presentación a la que accedió Infobae, los hombres del Gobierno también buscaron dejar responsables si no se puede cumplir con los sectores vulnerables por la quita del IVA en la canasta básica y las modifiaciones al impuesto a las ganancias, que se decidieron después de las elecciones de agosto. “No es posible acatar la voluntad juridisccional sin afectar el bienestar general que en el caso es permitir niveles mínimos de consumo de productos de primera necesidad para las familias argentinas de bajos ingresos en un contexto de emergencia social y alimentaria dictado por ley”, se aseguró.

“Los hechos acontecidos y el actual contexto social económico de notorio carácter excepcional autorizan el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de facultades en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad”, se añadió.

Como corolario, el Gobierno apuntó al momento elegido por la Corte Suprema para tomar esta decisión. “No podemos concluir esta presentación sin señalar la oportunidad elegida por el tribunal para expedirse”, disparó el escrito que llegó al cuarto piso de Talcahuano 550. La presentación lleva la firma de Jorge Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, y de Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, en representación del Estado Nacional, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías; y del abogado Carlos Gustavo Pistarini

El martes pasado, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a pedido de la provincia de Entre Ríos, que se hizo extensiva al resto de las 14 provincias que habían hecho presentaciones similares, contra los decretos 561 y 567 y las resoluciones generales de la AFIP. Allí los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti determinaron que los costos fiscales de las medidas adoptadas luego de las primarias deberán ser asumidos con recursos del Estado nacional. El presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz votó en contra. Elena Highton no votó.

Conocida la sentencia, Garavano afirmó que había que esperar que la Corte clarifique los alcances del fallo para tomar las medidas solicitadas, señaló que quería creer que no había intencionalidad politica y señaló que “escapa a la tradición de la Corte” no no abordar temas electorales en los fallos. Por su parte el presidente Mauricio Macri afirmó: “No se entiende a los gobernadores que forman parte del Frente de Todos y que tienen en su plataforma como propuestas algunas de las medidas tomadas pos Paso”

En la presentación de hoy ante la Corte Suprema, los ministros Lacunza y Sica y el Procurador del Tesoro Saravia Frías sostuvieron que la sentencia de la Corte “omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar impuesta”. Aseguraron que “la ausencia de precisiones de la resolución, la complejidad técnica, y las dificultades para su implementación ponen en serio riesgo su mantenimiento todo lo cual aquí denunciamos”.

“Pedimos aclaraciones sobre la resolución y que se fije audiencia pública con la comparencia de todas las provincias que cuestionaron la norma mencionada en instancias originadas en esta Corte” para “poder cumplir con la voluntad juridiccional adecuando los intereses de las provincias con el bienestar general del pueblo argentino”, se añadió.

Desde Balcarce 50 se aseguró: “No escapa a las provincias y al pueblo de la Nación argentina, representados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el contexto de emergencia social y alimentaria por el que atravesamos” y que "pone en estado de súbita necesidad " y habilitan al Poder Ejecutivo “a disponer las normas cuestionadas asumiendo su rol de jefe supremo de la Nación, jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país ,conforme lo exige la Constitución nacional”

Sobre el decreto que afecta el impuesto a las Ganancias, el Gobierno afirma que la sentencia de la Corte “no brinda el estado nacional herramientas mínimas para su ejecución” y que hay una “absoluta indeterminación en cuanto a los efectos fiscales sobre las jurisdicciones locales demandantes que debieran remediarse”. También afirma que “el decreto 561 no afecta la masa coparticipable” sino que “sólo se produjo un diferimiento en la forma en la que se ingresa el impuesto anual por lo que no queda claro el modo de cumplimiento de la cautelar”.

Sobre el Impuesto al Valor Agregado, se agregó que la propia sentencia da cuenta acerca de las dificultades que presenta hacer estimaciones de base cierta con relación al IVA, "circunstancia que dificulta sobremanera poner en ejecución la medida cautelar dictada”. Cuestionaron también el peligro de la demora que justificó la aceptación de la cautelar, al señalar que “la sentencia no dilucida cuál es el real perjuicio que sufrirían los presupuestos provinciales, lo que es inadecuado considerando que la medida cuestionada fue dictada en emergencia”.

Incluso el escrito señaló que “existe la posibilidad cierta de que la supuesta merma a los erario provinciales se haya visto compensada con lo distribuido por la mayor recaudación en función del aumento del consumo” y que “incluso se podría sostener que las medidas cuestionadas colaboraron en acrecentar los solo el transcurso del tiempo y un regalo análisis económico de sus propios efectos podría corroborar”.

“Estas imprecisiones hacen extremadamente dificultoso cuando no imposible satisfacer la manda judicial y a la vez mantener las ventajas económicas que las normas se establecieron", dijo el Gobierno. Y remarcó que "para esclarecer estas cuestiones consideramos indispensable la participación de las provincias y la mediación de Vuestra Excelencia por lo que solicitamos que se convoque a una audiencia pública a ese fin”.