
Once provincias no firmaron el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que declare inconstitucional la eliminación del IVA para algunos alimentos esenciales y subir la base imponible del impuesto a las Ganancias, decretos 561 y 567, dos medidas que decidió el Gobierno para paliar las duras consecuencias de la nueva devaluación que se produjo al conocerse el resultado de las PASO.
Además de las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, Buenos Aires, CABA, Corrientes, Mendoza y Jujuy, se negaron a rubricar el amparo Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Misiones y Río Negro quienes, finalmente, prefirieron esperar con la intención de iniciar negociaciones con el Gobierno nacional para que no cargar con todo el peso de la quita.
En cambio, las provincias que ayer ratificaron el reclamo fueron Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucuman, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Santa Fe, todos distritos que tuvieron una relación inestable con el Gobierno durante estos cuatro años.
Se trató de acciones individuales realizadas por los fiscales de Estado de cada provincia, que coordinaron la presentación ante la Corte Suprema, al punto que se juntaron en las escalinatas del edificio de la calle Talcahuano para hacerlo juntos, aunque separados. Estas provincias exigen una compensación a Nación de, al menos, 30 mil millones de pesos.
El Gobierno calificó de "irresponsable" la actitud de los gobernadores de las provincias que concretaron la presentación ante la justicia, aunque decidieron hacerlo bajo el recurso del off the récord, y se mostraron confiados en que los jueces de la Corte evitarán involucrarse en una batalla que considerarían una judicialización de la lucha electoral.
Los funcionarios del Ministerio del Interior negaron a Infobae que hubiera presiones o amenazas a las provincias para que desistan de la presentación y aseguraron que las que entendieron las razones del oficialismo no lo hicieron a cambio de nada. "Hubo llamados, pero promesas nada", dijeron en la Casa Rosada.

"Iniciamos la semana pasada una ronda de diálogo con los ministros de Economía de las 19 provincias que firmaron el documento, porque desde hace cuatro años venimos demostrando que siempre estamos dispuestos al diálogo", explicaron. Y aseguraron que "tanto nosotros como los gobernadores entendemos que las medidas anunciadas son beneficiosas para las familias argentinas y los trabajadores, un alivio después de la depreciación de la moneda post Paso".
También reiteraron que "el esfuerzo fiscal no solo lo hacen las provincias, sino también el Gobierno nacional" y que "hay que dirimir las diferencias en una mesa de diálogo, no en la justicia. Hicimos muchos esfuerzos estos años para ponerle un punto final a los juicios preexistentes entre Nación y provincias". Por lo tanto, "dimos un paso adelante en el consenso fiscal del 2017, cuando entre todos renunciamos a los juicios entre los poderes ejecutivos nacional y provinciales".
Córdoba se negó a sumarse desde el primer momento, y así también actuó Entre Ríos, un grupo al que después se sumó la provincia de Chaco. Neuquén, que se presentó la semana pasada ante la justicia para pedir que la Corte declare inconstitucional el congelamiento de los combustibles, terminó arrastrando a Río Negro, que había sido parte de esa cautelar.
La provincia gobernada por Alberto Weretilneck llegó a presentar el texto ante la Corte, pero el fiscal de Estado después fue a retirarlo. Y, desde la oficina de comunicación provincial, difundieron un comunicado reconociendo que "estaba prevista la presentación", pero "en el transcurso de esta mañana se concretaron comunicaciones de funcionarios nacionales con el gobernador Alberto Weretilneck, planteando un diálogo".

Según ese comunicado, "desde Nación se confirmó que a fin del presente mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas en cuestión sobre la coparticipación de las provincias, y a partir de allí se buscarán alternativas para evitar la afectación de fondos provinciales". Así, Río Negro decidió "priorizar el diálogo".
Un comunicado similar difundió la provincia de Neuquén, explicando que no continuó con la acción judicial por "la apertura de una instancia de dialogo con el Gobierno nacional y el compromiso de buscar nuevas variantes que permitan la no afectación de los recursos provinciales",
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es el que está a cargo del diálogo con los provincias, y pidió a cada una de las provincias que desistieron de la presentación judicial que hagan un cálculo de lo que cada una dejará de percibir, como una forma de arrancar la conversación sobre una base cierta ("no electoral"), que permita llegar a un acuerdo razonable.
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