La Justicia investiga por qué el Gobierno de Mauricio Macri cambió las reglas de juego a la hora de resarcir a los usuarios que sufren cortes de luz, y resolvió que las multas, en vez de ir a los consumidores afectados, se destinaran a las prestadoras del servicio. Según pudo saber Infobae, el fiscal Franco Picardi decidió abrir una causa penal ante la jueza María Eugenia Capuchetti en donde se analiza si existieron determinadas "maniobras de administración presupuestaria que podrían haber generado beneficios económicos indebidos en favor de las concesionarias Edesur y Edenor".
La investigación apunta contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y Juan Antonio Garade, titular de la secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, que antes de pasar a la función pública había trabajado en Edesur y en Edenor. Precisamente, la justicia busca conocer las declaraciones juradas de Garade para saber si hubo un conflicto de intereses.
La denuncia había sido motorizada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade contra Lopetegui y Garade. Los acusaba a ambos por el acuerdo mediante el cual se le condonaron miles de millones de pesos en multas a las empresas Edenor y Edesur, dinero que debía ser abonado a los usuarios a razón de $ 7.000 por cada consumidor de luz.
¿Por qué? La reglamentación vigente establece que los montos de las multas que reciben las prestadoras de energía eléctrica pueden ser destinados a la ejecución de inversiones adicionales, siempre y cuando el concesionario hubiera logrado mantener una calidad de servicio superior a los índices de la calidad media de referencia. En caso contrario, las sanciones deben ser abonadas a los usuarios afectados, a través de créditos en sus facturas.
La denuncia sostuvo que en los últimos 15 años, Edenor sólo ha cumplido con los parámetros de calidad en dos semestres (uno de 2006 y otro de 2007), y Edesur sólo en el período comprendido entre marzo a agosto 2006). Como consecuencia de eso, los montos de las multas deberían haber sido abonados a los usuarios perjudicados por el accionar de las concesionarias: el monto ascendía a unos $ 7.000 por usuario, se aseguró.
Pero, según los denunciantes, el Gobierno Nacional –representado por Lopetegui y Garade- permitió que "los montos impuestos por el ente regulador en concepto de penalidades por diferencias de la calidad del servicio con destino a los usuarios fueran destinados por las mismas compañías a inversiones adicionales para el periodo 2017-2021". Los denunciantes hablan de una total de sanciones por $35.000 millones.
Analizada la denuncia, el fiscal Picardi decidió abrir una investigación para conocer los términos del "Acuerdo de regularización de obligaciones para la transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales", que se suscribió en mayo pasado.
Según las fuentes consultadas, el fiscal pidió informes al ENRE y a la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) para que analice toda la documentación y la competencia que tenía la Secretaria de Energía sobre las decisiones implementadas. También se requirió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Garade, para establecer si pudo haber habido un conflicto de intereses tomando en cuenta que el hoy funcionario fue directivo de Edesur y Edenor, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.
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