En medio de las dudas sobre su financiamiento, piden que la Justicia electoral defina si el Instituto Patria es un partido político

A horas de las PASO, y en medio del revuelo electoral, un funcionario le pidió a la Cámara Electoral que defina si el Instituto Patria es un partido político. Se trata de Sergio Brodsky, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula las sociedades y las asociaciones civiles. Ese mismo funcionario viene pugnando hace tiempo para que la entidad que preside Oscar Parrilli pueda ser controlada y fiscalizada. Hasta ahora tres jueces les dieron la razón a los pupilos de Cristina Kirchner, pero el caso está bajo revisión de la Corte Suprema.

En una breve nota dirigida al presidente de la Cámara Electoral, Santiago Corcuera, el titular de la IGJ, pidió que se evalúe si "es pertinente inscribir al Instituto Patria Pensamiento Acción y Trabajo para la Inclusión Americana como un partido político y, de así considerarlo, se intime a la mentada asociación civil a que se readecúe y continúe su vida bajo las previsiones de la Ley 23.298/85 (se trata de ley orgánica de los partidos políticos)".

La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se basa en los argumentos que expuso la Cámara Civil cuando rechazó un planteo judicial de la IGJ para que el Instituto Patria revele la identidad de sus socios.

Hace un año, la Sala L de la Cámara Civil sostuvo que los socios estaban alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales y le dio la razón a la entidad que preside Parrilli. "No existen dudas de que la nómina de datos completos de los asociados del Instituto Patria (…) encuentra su límite en la Ley 25.326 dado que se trata de datos sensibles de los integrantes de aquel colectivo, al revelar la afiliación a la entidad actora la opinión política de aquellos", dice ese fallo.

En otro párrafo, ese misma resolución determinó que "la Asociación Civil Instituto Patria tiene una clara identificación política".

Según Brodsky, la Cámara Civil puso al Instituto Patria "en una situación de privilegio frente a las demás asociaciones civiles y fundaciones". Por eso busca que sea regulada por la Justicia electoral.

La pelea judicial de fondo es por la identidad de los socios. El Instituto Patria, donde la ex presidente tiene sus oficinas, dice que no puede revelar los nombres de los socios porque expondría su ideología política. Con ese argumento, oculta su forma de financiamiento.

Según un documento interno que publicó Infobae, el Instituto Patria se financia con la venta de dos libros y con la "colaboración" de gremios, a los que nadie identifica. Pero las dudas persisten ante la falta de transparencia.

En la Justicia, la definición está hace tiempo en manos de la Corte Suprema. Antes, el procurador general Eduardo Casal debe firmar un dictamen opinando sobre el debate.

El organismo que conduce Brodsky también presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra los tres jueces que firmaron el fallo a favor de la entidad: Gabriela Iturbide, Marcela Pérez Pardo y Víctor Liberman. Luego del recambio del Consejo, la denuncia quedó bajo la instrucción de la diputada Graciela Camaño.