Causa contra Muñoz por lavado de dinero: la estrategia de la viuda y el resto de los acusados de cara al juicio

Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner que recibía los millones que se movieron detrás de la banda de los Cuadernos, reclamó su sobreseimiento porque solo cumplió su rol de esposa. El ex ministro de Hacienda santacruceño Juan Manuel Campillo insistió en que no llegó a participar de ningún lavado de dinero. Mientras tanto, Isidro Bounine, el ex secretario de Cristina Kirchner, eligió el silencio: no se opuso a ir a juicio oral aprovechando que la Cámara Federal lo consideró solo un partícipe secundario de lavado de dinero.

Todo esto se desprende de un relevamiento de Infobae por las distintas posturas de las defensas cuando el juez Claudio Bonadio les pidió opinar sobre la elevación a juicio que solicitaron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

La causa por el dinero que manejó Daniel Muñoz ya existía desde el 2013, pero fue la causa de los Cuadernos la que le dio un impulso veloz. Fue después de que el juez Luis Rodríguez fuera apartado del expediente porque no había llevado adelante tareas claves para inmovilizar el dinero en el exterior. Más tarde se conocería que tanto Pochetti como otra testaferro arrepentida, Elizabeth Ortiz Municoy, aseguraran que, según Muñoz, se le había pagado una coima al juez, a través del abogado Miguel Angel Plo para no tener problemas.

"Mi marido les pagó a Plo y al juez Rodríguez una suma importante de dinero. Me dijo que le había pagado 10 millones de dólares para arreglar al juez y a los abogados para que ellos me defiendan", dijo. Hoy, a Rodríguez se le abrió una causa en la justicia y una denuncia en el Consejo de la Magistratura para saber si esos dichos fueron ciertos, mientras que esta parte de la megacausa de los cuadernos fue la que permite a investigadores y funcionarios del Gobierno soñar con la recuperación del dinero.

Por lo pronto, se pudo detectar que en un terreno de una isla de Turk and Caicos, en el Caribe, se invirtieron más de 30 millones de dólares de los iniciales 70 que se habían comprado en Estados Unidos y que luego fueron revendidos para intentar hacer desaparecer la ruta del dinero.

Pero mientras las inversiones de Muñoz y sus socios se siguen investigando en la Argentina, por el aporte de los dichos del ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares, la fiscalía pidió mandar a juicio oral a  15 acusados, entre ellos Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y su ex abogado defensor; el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

También incluyó a Carlos Gellert, el primo de Pochetti que le sirvió de testaferro y cuya mujer, mexicana, acaba de venir a la Argentina para ponerse a disposición de los tribunales de Comodoro Py y quedó presa, sin lograr ser considerada arrepentida. La Cámara Federal, sin embargo, resolvió excarcelarla.

Otro de los arrestados que tiene la causa es Carlos Cortez, uno de los presuntos testaferros de Muñoz que también aparece en negocios en la Argentina. Cortez es el único de los implicados en este capitulo que permanece tras las rejas. La Cámara Federal rechazó hace dos semanas un planteo de excarcelación.

Para el fiscal Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, "Muñoz, Pochetti, Sergio Todisco, Elizabath Municoy, Perla Aydee Puentes Resendes, Carlos Alberto Gellert y Carlos Temístocles Cortez habrían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad".

La maniobra se habría llevado adelante con la aplicación de fondos destinados a la adquisición de bienes en el extranjero: concretamente 16 inmuebles ubicados en Miami y Nueva York, por 70.146.600 dólares.

Sin embargo, a partir de 2013 y con mayor incidencia entre 2015 y 2017, los imputados se habrían desprendido de la totalidad de esas propiedades, "aplicando complejos procedimientos financieros de venta, por los que obtuvieron una suma cercana a los 73.406.300 dólares, que en parte reintrodujeron en el sistema bancario". Fue mediante transferencias a cuentas del Banco Mercantil de Norte (México), el Citibank NA (Hong Kong, China), la Banca Privada de Andorra, el Bank of America y el Florida Community Bank (ambos en EEUU), entre otras entidades financieras ubicadas fuera del país.

Para los acusadores, con las revelaciones periodísticas de Panama Papers que salpicaban a Muñoz, se buscó desarticular todas las sociedades y vender los departamentos; el dinero obtenido reconducido hacia cuentas radicadas fuera de los Estados Unidos, detectadas en México, Hong Kong e Islas bajo soberanía británica en el Caribe. En este primer tramo de la maniobra habrían tomado intervención Campillo, su sobrino Gastón Campillo, Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús y su yerno Federico Zupicich, entre otros. De las palabras como arrepentido de Campillo se terminó con la detención de Bounine, el ex secretario de Cristina.

Frente a ello, según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la defensa de Pochetti reclamó que la viuda de Muñoz no esté en el banquillo de los acusados cuando llegue el juicio oral. La estrategia es la misma que explicó en su rol de arrepentida: insistió en que desconocía el origen del dinero, aseguró que solo tuvo un papel de esposa y subrayó que cuando su marido murió, todo quedó en manos del abogado defensor Miguel Angel Pló.

"El hecho de que haya declarado como imputado-colaborador no quiere decir que se arrepintió –insistieron en diálogo con este medio fuentes cercanas a su defensa. El manejo del dinero pasó por manos de Muñoz mientras él vivió, y después organizó todo para que Plo lo siguiera".

En tanto, Campillo insistió en ser desvinculado del expediente. "Su intervención solo puede ser considerada a todo evento como un mero acto preparatorio –dijo la defensa en un el escrito al que accedió Infobae. Los acusadores expresaron en sus dictámenes que Campillo había sido convocado para una gestión de asesoramiento pero por desestimación voluntaria no realizó labor alguna". También advirtió que la acusación "le asigna la recepción de un dinero proveniente de un ilícito en el que no participó y luego se lo agrava por considerar que actuó con ánimo de lucro".

La estrategia de Bounine, en tanto, llegó sin oposiciones y a la espera de que sea un tribunal el que analice su rol. Es que Bounine fue detenido luego de que Campillo dijera que fue el ex secretario de Cristina el que lo convocó para el negocio. "Yo pedí 200.000 dólares y me dieron 200.000 euros. Me pagó Isidro Bounine en efectivo en su casa en el country de Tigre", dijo el ex funcionario de Néstor Kirchner.