El juez penal económico Javier López Biscayart procesó a Lázaro Báez, tres de sus hijos y directivos de Austral por "evasión fiscal agravada" y lo embargó por una cifra récord de 2 mil millones de pesos, es decir, 45 millones de dólares.
La decisión fue comunicada ayer por el magistrado y, si bien no implica prisión preventiva, el delito por el que será juzgado prevé una pena de entre 3 años y 6 meses a una máxima de 9 años de prisión. De esta manera, si el empresario es condenado en un juicio oral, sumaría otra sentencia de cumplimiento efectivo y una multa millonaria.
La causa por la que fue procesado ahora Lázaro Báez se abrió en el 2013 por la presentación de una denuncia de la diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
En la medida también quedaron alcanzados sus hijos Martín, Leandro y Luciana Báez y a los directivos o contadores de sus empresas Hugo Uribe, Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Emilio Martín, María Cristina Gonzalez, Tomás Garzón, Eduardo Larrea y Eduardo Arrejin.
Según la investigación de Biscayart, existen indicios de que el constructor de obra pública y sus socios evadieron impuestos con distinto tipo de maniobras, como la falsificación de declaraciones juradas, facturas truchas y la utilización de créditos fiscales inexistentes entre 2008 y el 2014, según se desprende de la resolución judicial de más de 300 páginas.
El año pasado, López Biscayart había dictado un primer procesamiento por evasión agravada pero para períodos fiscales anteriores al 2008 y con un embargo de 250 millones de pesos.
En el marco de ese expediente, el juez citó a declaración indagatoria al abogado Jorge Chueco, quien quiso fugarse a Paraguay en el año 2016 y dejó una supuesta carta suicida.
Las demoras de esta denuncia se remontan al año 2013, cuando el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, resolvió disolver la delegación Bahía Blanca. En ese momento había salido a la luz una usina de facturas truchas en esa ciudad, y los controles del agente recaudador eran fundamentales para proveer la información que buscaba el juez. No se pudo avanzar hasta el cambio de gobierno, cuando se pudo determinar la deuda fiscal de Báez y sus asociados.
El fallo de López Biscayart al que accedió Infobae señala que hubo balances y emisión de cheques de manera irregular de parte de "Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Valle Mitre SA, Austral Agro SA, Conde Marketing SA, Víctor Masson Trasportes Cruz del Sur SRL, Jose Luis Espinosa, Vialtec SA, Consultarq SRL, Dionicio Miranda Orosco, Héctor René Jesus Garro, Humberto Víctor Navarro, Strella Construcciones SA y AC SRL".
También se comprobó una maniobra de repatriación de fondos de parte de un fideicomiso que iba a construir, supuestamente, un hotel en Cayo Chapel frente a Bélice, el mismo paraíso fiscal y turístico donde estuvo prófugo el empresario de la carne Alberto Samid. Como ese emprendimiento de cien millones de dólares no se hizo, el juez detectó un ingreso extraordinario en concepto de indemnización de empresas offshore que se trataría de una maniobra ficticia de evasión.
De acuerdo a la hipótesis de López Biscayart, Lázaro Báez y su hijo Martín eran quienes aprobaban las ordenes de compra a proveedores y tomaban las decisiones más importantes de carácter económico y financiero. Lázaro, además, avalaba y recibía el reporte directo de los sectores contables y de la administración de sus firmas.
Mientras tanto, Lázaro Báez deberá permanecer un tiempo más en el penal federal de Ezeiza. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 4 prorrogó por ocho meses la prisión preventiva. Se trata de la causa por el presunto lavado de dinero de 40 millones de dólares de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Junto a estas denuncias, el empresario vinculado está procesado en las causas de direccionamiento de la obra pública, Hotesur y Los Sauces, entre otras.
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