El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart procesó al empresario kirchnerista Lázaro Báez por el delito de evasión impositiva y le trabó un embargo de 250 millones de pesos. El juez también procesó uno de los hijos del empresario, Martín Báez, y a dos funcionarias de alto rango que revistaron en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante en el mandato de Ricardo Echegaray.
El procesamiento fue dictado por el juez debido a la evasión comprobada que realizó la empresa Austral Construcciones mediante la utilización de facturas truchas para pagar menos impuestos.
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En el procesamiento también se analizó la maniobra por la cual la empresa Austral Construcciones de Báez alquilaba habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner a través de la gerenciadora Valle Mitre, también propiedad de Báez. Las habitaciones que eran alquiladas por otras empresas de Báez no eran ocupadas e igualmente se facturaba. Y entre las empresas se intercambiaban facturas para disminuir el pago de impuestos.
López Biscayart procesó a las funcionarias de la AFIP que durante el gobierno anterior hicieron una auditoría sobre los impuestos analizados y que al ser revisadas por la nueva administración, se determinó que era incorrecta.
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El juez explicó el por qué del procesamiento de Fabiola Bartra Alonso y Mónica Mahjen Otero.El juez señaló que "ahora bien, en la auditoría practicada por las funcionarias imputadas, lejos de formar la convicción suficiente sobre la verdadera naturaleza de los hechos, ocultaron maliciosamente la verdadera naturaleza del vínculo entre Austral Construcciones SA y Valle Mitre SRL –luego Valle Mitre SA-, con la finalidad de favorecer la evasión de una fracción sustancial de los tributos correspondientes de Austral Construcciones SA y procurar la impunidad de sus responsables. Es decir, tomaron parte de la evasión endilgada a los responsables de Austral Construcciones SA. mediante una de las modalidades típicas. Ello, por cuanto si la contribuyente engañó y evadió, la actuación de las funcionarias imposibilitó que se pudiera poner fin a ese estado antijurídico". Es decir que las funcionarias de AFIP fueron funcionales a Báez y le permitieron evadir una cifra cercana a los 80 millones de pesos.
En la resolución fueron procesados-sin prisión preventiva- además de los Báez y las funcionarias de AFIP, Julio Mendoza, Ariel Nieto, Mario Delgado, Claudio Bustos y Emilio Martin, todo integrantes de las estructuras societarias del Grupo Austral.
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