
El Consejo de la Magistratura de la Nación pedirá la declaración de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, para investigar al juez federal Luis Rodríguez. En su declaración como arrepentida en la causa de los cuadernos de la corrupción, la mujer sostuvo que le pagó al magistrado una coima para beneficiar judicialmente a ella y a su marido en causas penales.
Rodríguez tiene dos denuncias en el Consejo -el organismo encargado de investigar el desempeño de los jueces nacionales y federales- que fueron presentadas en noviembre pasado por diputados de la Coalición Cívica (CC) y por el abogado Ricardo Monner Sans. Se trata de expedientes contra el juez por haber cerrado la causa contra Muñoz, Pochetti y otros acusados por el presunto lavado de 70 millones de dólares que usaron para comprar 16 propiedades en Estados Unidos, lo que le valió el apartamiento de la Cámara Federal de esa investigación.
Los diputados Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic denunciaron a Rodríguez el 2 de noviembre pasado. La causa está a cargo de Diego Molea, representante de las Universidades nacionales en el Consejo, y tiene el número de expediente 210/18. La de Monner Sans es la 213/18, la presentó tres días después y está a cargo de Juan Manuel Culotta, uno de los tres jueces que integra el organismo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que se trata de investigaciones incipientes en las que todavía no se ordenaron medidas de prueba. Fueron presentadas cuando el Consejo renovaba sus autoridades -ocurrió el 20 de noviembre- y luego vino la feria judicial de enero.

Pochetti declaró como arrepentida en la causa de los cuadernos ante los fiscales federales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli que a través de su abogado, Miguel Angel Plo, le pagó una coima millonaria al juez Rodríguez para no avanzar en la causa en la que investigaba el destino de los 70 millones de dólares. Plo y Pochetti están presos en la causa de los cuadernos. El abogado está acusado de haber participado en la venta de las propiedades y en la disolución de las propiedades.
Esa declaración será pedida por el Consejo como prueba para los expedientes en trámite, le adelantaron a este medio fuentes del organismo. También la causa penal que tuvo Rodríguez hasta que fue apartado. En el organismo no descartan que se pueda abrir una causa aparte por los dichos de Pochetti. Los diputados de la CC, el espacio político que lidera Elisa Carrió, y el abogado Monner Sans adelantaron que ampliarán la acusación contra Rodríguez. El pedido de la información se hará en la próxima reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, que preside el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, que todavía no tiene fecha. El plenario del Consejo se reunirá el próximo jueves.
"Esto le da otro impulso", le dijo a Infobae una de las personas del Consejo que trabaja en los casos sobre la declaración de Pochetti. "Una cosa es investigar a un juez por el contenido de una causa que siempre puede ser discutida, pero distinto es contar con un testimonio así", agregó.

La Cámara Federal apartó en octubre pasado a Rodríguez de la causa por los 70 millones de dólares porque entendió que el juez le otorgó la exención de prisión -la posibilidad de estar en libertad mientras una persona es investigada- a Pochetti y otras cinco personas por no estar fundamentada y porque en la causa había elementos suficientes para ordenar las detenciones. El fiscal Stornelli había pedido las detenciones, indagatorias y congelamiento de cuentas bancarias, pero Rodríguez las rechazó. Luego, el juez Claudio Bonadio -a cargo de la causa de los cuadernos- las dispuso y varios de esos acusados se convirtieron en arrepentidos. Además, se quedó con la causa por el lavado de los 70 millones de dólares.
Primero Rodríguez había sobreseído a Muñoz y a Pochetti. Luego la causa se reabrió con un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando se conocieron los "Panamá Papers".
Ahora Pochetti acusó al juez Rodríguez de haberle pagado un soborno para lograr los beneficios.
El Consejo está integrado por 13 miembros, entre abogados, jueces, diputados y senadores de la oposición y el oficialismo, un representante de las universidades y otro del Poder Ejecutivo. Si se comprueba que un juez cometió mal desempeño, el Consejo puede aplicarle una sanción -que va desde un apercibimiento o una reducción de su sueldo por única vez- si la falta es leve o suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político para que sea destituido. Para la sanción se necesitan una mayoría simple de siete votos y para el juicio político una agravada de nueve sobre los 13 consejeros.
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