El acuerdo fue alcanzado durante una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y tres organizaciones de taxistas.
Como parte del acuerdo, las autoridades anunciaron la implementación de un programa de conversión de vehículos a gas, cuyo costo será asumido por el Gobierno para evitar que los gastos sean trasladados a los conductores o concesionarios.
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La medida también permitió desactivar las advertencias de un posible paro del transporte urbano, mientras las partes establecieron una serie de acciones destinadas a reducir los costos operativos del sector.
Uno de los principales componentes del acuerdo será la reactivación del programa para instalar kits de conversión a gas vehicular en unidades de transporte público.
De acuerdo con la información proporcionada durante la negociación, el Gobierno destinará más de 100 millones de lempiras para adquirir más de 4.000 kits, que serán entregados e instalados sin costo para los propietarios y conductores de taxis que resulten beneficiados.
El proyecto comenzará con un programa piloto a partir de la próxima semana, mientras que más de 1.800 equipos estarían disponibles para iniciar las instalaciones a nivel nacional.
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Las autoridades y representantes del sector estiman que el cambio de combustible permitirá reducir aproximadamente en 50% el gasto diario en carburantes por cada unidad que sea convertida.
Para los conductores, esta reducción representaría un ahorro que podría alcanzar alrededor de 10 mil lempiras mensuales, recursos que actualmente son destinados en buena medida a cubrir los costos de operación de los vehículos.
El programa pretende extenderse de manera progresiva hasta alcanzar un parque de entre 20 mil y 25 mil taxis en todo el territorio nacional.
El compromiso alcanzado entre las autoridades y las organizaciones de transporte establece que no se incrementará la tarifa del taxi colectivo en Tegucigalpa, pese al impacto que el precio de los combustibles ha tenido sobre los costos de operación.
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El acuerdo busca evitar que ese aumento termine trasladándose directamente a los pasajeros, al mismo tiempo que ofrece a los transportistas una alternativa para reducir sus gastos mediante la conversión de sus vehículos.
La negociación también permitió dejar sin efecto las amenazas de una eventual suspensión del servicio de transporte urbano, que habrían afectado a miles de usuarios que diariamente utilizan taxis colectivos para movilizarse en la capital.
El Gobierno plantea que la reducción en el consumo de combustible permitirá mejorar las condiciones económicas de los conductores sin modificar las tarifas que pagan los usuarios.
Otro de los puntos incluidos en el acuerdo está relacionado con el combate al transporte ilegal y el fortalecimiento de las labores de inspección a cargo del IHTT.
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Las autoridades anunciaron que se realizarán operativos permanentes a nivel nacional para verificar que las unidades que prestan el servicio cuenten con la documentación y los permisos correspondientes.
Las inspecciones también tendrán como objetivo comprobar que los vehículos cumplan con los estándares de seguridadestablecidos en la normativa vigente.
Los representantes del sector han planteado la necesidad de combatir la competencia que, según los transportistas autorizados, generan las unidades que operan sin cumplir con los requisitos legales.
Dentro de las medidas acordadas también figura el inicio del proceso de regularización del transporte que moviliza a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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La intención es establecer bajo qué condiciones deben operar estas unidades y garantizar que el servicio se desarrolle dentro del marco legal correspondiente.
Las autoridades buscan evitar que este tipo de transporte genere competencia desleal frente a los concesionarios que cuentan con autorización para prestar el servicio.
El proceso estará acompañado por las labores de inspección y regulación que desarrolla el IHTT.
El acuerdo también contempla acciones relacionadas con el funcionamiento de las estaciones de servicio de combustibles.
En coordinación con la Secretaría de Industria y Comercio, las autoridades realizarán inspecciones a las gasolineras para verificar que el combustible sea despachado correctamente y que las bombas utilizadas para abastecer a los consumidores funcionen con precisión.
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Las auditorías incluirán la revisión de los contadores de las bombas y de la calidad de las mezclas de combustible comercializadas.
A partir del próximo lunes comenzará a funcionar una mesa técnica de seguimiento, integrada por representantes del Gobierno y dirigentes del sector transporte.
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