Esta semana, las autoridades de la AMIA le pidieron a sus pares de la DAIA que desistan de continuar la causa judicial contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán. La decisión causó un gran revuelo interno porque es la primera vez en 25 años que ambas instituciones no plantean una estrategia conjunta. Agustín Zbar, presidente de la mutual judía, explicó los motivos de tal decisión.
"Esta querella está fuertemente instalada en lo que se conoce como 'la grieta' de un sector contra el otro, y en nuestra institución –que tiene más de 36 mil socios– tenemos gente de todas las filiaciones políticas, que vota de manera muy diferente. No nos parece que las instituciones de la comunidad tengan que definirse a favor o en contra de esto", explicó el dirigente en diálogo con Radio Mitre.
Para Zbar, el juicio oral contra Cristina Kirchner por la firma del acuerdo con el régimen iraní podría influir en el resultado de las elecciones presidenciales. "Este es un año electoral y se ha dicho que va a haber un juicio oral contra la ex presidenta por la firma del memorándum. Ese juicio ciertamente va a tener incidencia en el proceso electoral", afirmó.
En tal sentido, aclaró: "Nos parece que es negativo que las instituciones de la comunidad judía estén involucradas de ese modo en un proceso político que no representa la actividad que nosotros tenemos por esencia, que es actividad mutualista".
Asimismo, Zbar recordó que "hace ya varios años que la AMIA viene planteando que esta querella es inconveniente y negativa para la comunidad judía" y agregó: "No corresponde a la comunidad judía litigar como querellar particularmente damnificado por la firma del memorándum, el cual no rigió porque fue declarado inconstitucional por una acción que impulsó la propia AMIA".
Desde Jerusalén, en un reportaje con Luis Novaresio para radio La Red, el dirigente de la comunidad recordó que siempre ambas instituciones tuvieron estrategias conjuntas con relación a los episodios de la causa, pero que en este caso la DAIA había avanzado sola pese a que la AMIA manifestó en varias oportunidades –incluso a la dirigencia anterior– que no era adecuado para la comunidad judía ser parte de esa querella. Sin embargo, la DAIA continuó adelante con su postura, y desde la AMIA consideraron que era necesario expresar de manera formal su postura contraria.
"El 15 de enero la Comisión Directiva de la AMIA decidió esto y se lo comunicaron a la DAIA, pero es algo que veníamos hablando en muchas reuniones. No es algo nuevo, se viene planteando desde la comisión anterior. No es una decisión de un día para el otro", sostuvo Zbar.
Para la AMIA el memorándum es inconstitucional e ilegal. "Era completamente disparatado firmar cuando hay pedidos de captura internacional de funcionarios iraníes, protegidos por el mismo régimen. Con ellos no podemos pactar la manera de investigar el atentado. Eso era completamente incorrecto, ilegal e inconstitucional", enfatizó el dirigente de la comunidad.
Asimismo, consideró que la firma del convenio fue una decisión "muy mala" de política exterior argentina, que "puso a la Argentina como aliado de un país enemigo de occidente, de la democracia y enemigo de Israel y del pueblo judío". "No corresponde a la comunidad judía litigar por esa decisión política, eso corresponde a la Argentina", señaló.
En este sentido, Zbar recordó que en la causa hay familiares de víctimas que se sienten particularmente afectados y también hay mucho interés político e insistió: "No es la comunidad judía la que tiene que impulsar la causa, sino las instituciones de Argentina".
El titular de la AMIA explicó claramente por qué insisten con desistir de la querella. "Esto es una decisión de la Comisión Directiva de la AMIA que refleja una posición de varios años. Desde que la DAIA ingresó a esta querella, la AMIA estuvo en contra. No consideramos que fue en perjuicio de la comunidad judía, sino de la Argentina. Por eso la AMIA nunca participó de ese litigio".
Finalmente, Zbar recordó que el memorándum fue un tratado internacional firmado por el gobierno de la presidente Kirchner y ratificado por el Congreso argentino, que todavía no fue derogado. "Aunque no tenga efecto, si alguien lo busca en los análisis legislativos lo va a encontrar como si estuviera vigente, porque la declaración de inconstitucionalidad no anula la ley, no la borra del sistema jurídico", concluyó.
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