Hay más de $200 mil millones embargados en causas de la corrupción y casi USD 600 millones en casos de narcotráfico

Al menos $200 mil millones se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar la política de extinción de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles, distintos bienes y activos de distintas causas penales.

El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante. Por eso, señalan en Tribunales, esa cifra podría incrementarse si se le suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.

También se elevaría de manera exponencial si se le suman las causas de narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.

La funcionaria nacional, consultada hoy por radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos. "Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar, sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.

Los bienes embargados en casos de corrupción

Con el decreto que anunció el presidente Mauricio Macri, el Estado podría hacerse de ese dinero a través de un juicio civil, sin necesidad de una condena penal. Pero la Justicia ha venido avanzando en estos últimos años con el embargo de bienes y la utilización por parte del Estado.

Allí aparecen dos aviones del empresario Lázaro Báez que hoy manejan Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad de la Nación y las maquinarias incautadas en la causa de la Ruta del Dinero que quedaron en manos de Vialidad Nacional. La Justicia secuestró 1.355 bienes de Lázaro Báez por un valor de 188 millones de dólares, entre los cuales aparecen 418 inmuebles, entre casas, estancias, lotes y parcelas, y 937 rodados, aviones y maquinarias. Pero además a Lázaro se le secuestraron libros incunables, que fueron entregados a la Biblioteca Nacional, como un ejemplar de La razón de mi vida, firmado por su autora, Eva Perón; Viaje a la Patagonia Austral, con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno o libros firmados por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges. También había un ejemplar de Mi lucha, del nazi y genocida alemán Adolf Hitler, según relató Infobae en octubre pasado.

Otro ejemplo de bienes que ya están en poder del Estado es el yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que se convirtió en una "embarcación recuperada de la corrupción" de Prefectura Naval. Jaime espera juicio oral por enriquecimiento ilícito, aunque ya está condenado por la tragedia de Once, entregar dádivas y haber intentado destruir pruebas durante un procedimiento judicial.

En la lista de bienes embargados, a disposición del Estado, aparecen más de medio centenar de vehículos de ex funcionarios que pasaron a control estatal, entre ellos uno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina está procesada por cuatro causas de corrupción (Vialidad, Hotesur, Los Sauces y cuadernos), además de los dos expedientes más políticos: dólar futuro y Memorándum con Irán.

A raíz de la causa de la obra pública, que el próximo 26 de febrero será llevada a juicio oral, con Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Baez en el banquillo, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares de resarcimiento por los "daños y perjuicios" generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

En el caso Hotesur, a Florencia Kirchner le secuestraron en julio de 2016 USD 4,6 millones en una de las dos cajas de seguridad que intervino en el Banco Galicia y otro millón de dólares en una caja de ahorro. Hasta la Corte Suprema le dijo en 2017 que ya no podía reclamar la devolución de ese dinero.

En tanto, solo en la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio había dictado embargos por 4 mil millones de pesos a cada uno de los involucrados, desde la ex presidenta hasta el chofer Oscar Centeno pasando por todos los empresarios. La Cámara Federal, sin embargo, corrigió esos números. A Cristina Kirchner le fijaron un embargo de 1.500.000 pesos y a De Vido de 1.095.000, pero a los empresarios se les impuso un monto mayor, de acuerdo a la cantidad de hechos por los que están investigados.

Un decomiso, casi 30 años después

Pero la Justicia ya ha demostrado que se puede decomisar bienes de la corrupción. El problema es lo que tarda el proceso judicial para poder concretarlo. En septiembre pasado, la Justicia llevó adelante el decomiso del predio de Tandanor valuado en 40 millones de dólares, aunque su valor inmobiliario supera los 500 millones. Fue después de condenar a ex funcionarios y empresarios privados por la fraudulenta privatización del predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem. Es decir, entre el hecho y el decomiso pasaron casi 30 años.

Bajo la órbita del Ministerio de Justicia funciona el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en donde se centraliza la información de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Sin embargo, los voceros oficiales señalan que las listas no están actualizadas porque muchas veces los jueces no les reportan de lo incautado en sus respectivas causas para tener los datos al día.

Desde Tribunales, al igual que los voceros oficiales, insisten en marcar la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque los embargos preventivos o incautaciones son decisiones judiciales que prohíben temporalmente transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente, mientras que el decomiso, en tanto, es la medida a través de la cual una autoridad estatal (puede ser judicial o no) quita la propiedad sobre un bien que se sospecha ilegal a su titular sin que tenga derecho a resarcimiento. De esto se trata ahora la iniciativa oficial.

Los allegados al ministro de Justicia Germán Garavano explican que "la lista de causas en las que se podría aplicar, y que se tramitan en la Justicia Federal, incluye delitos como corrupción; contrabando de estupefacientes, precursores químicos y armas; amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales; corrupción de menores; proxenetismo; distribución de pornografía infantil; trata de personas y el secuestro extorsivo". Y aclaran que también será posible recuperar bienes de funcionarios que defraudaron la Administración Pública por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

La iniciativa señala que "durante el desarrollo de la causa judicial, los bienes embargados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".